La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha aseverado este mediodía en una rueda conjunta con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que a pesar del confinamiento parcial que ha decidido el Gobierno "sólo está garantizando los servicios esenciales" y que "la actividad económica se ha ralentizado significativamente" en toda España por la crisis del coronavirus y la declaración de estado de alarma, en el que muchas empresas se han visto obligadas a bajar las persianas y a parar las fábricas para evitar la expansión de la pandemia.
En este sentido, explica que lo prioritario es "evitar el cierre de empresas y minimizar los despidos que puedan suponer un lastre para la reactivación de la actividad económica". De hecho, a pesar de las constantes peticiones de confinamiento total por parte de Catalunya y otras comunidades autónomas, el Gobierno se resiste a prohibir que los trabajadores vayan al trabajo y, según Calviño, eso se explicaría por la intención de "mantener un equilibrio" entre la ralentización de la economía y el freno de la pandemia. "Ya nos encontramos en una situación en que sólo garantizamos los servicios esenciales"
"Tenemos que intentar tener una vida más o menos normal a pesar de todo", dice. "Hemos constatado el impacto de las medidas de contención reforzada en la economía de nuestro país", ha dicho, subrayando que las medidas de confinamiento y detención de la actividad comercial no dirigida a ofrecer productos de primera necesidad suponen algunas de "las medidas más restrictivas del entorno".
Según Calviño, las patronales y los sindicatos han dado su apoyo al plan de choque económico impulsado por el Gobierno, aunque varias patronales han salido a reivindicar la necesidad de medidas más concretas para autónomos y pymes. Con todo, ha explicado que trabajarán para profundizar en aquellas medidas que no han quedado claras y que provocan confusión en el tejido empresarial.
Así pues, dice, se trabajará para que las medidas de flexibilización laboral sirvan para canalizar en ERTEs los posibles despidos, asegurar que los 100.000 millones en avales públicos sirvan realmente para facilitar el acceso a créditos y la banca, por ejemplo.