Una Catalunya independiente nacería con un endeudamiento situado entre el 50% y el 75% de su PIB, un porcentaje similar o incluso inferior a países como Alemania, Holanda o Finlandia y muy por debajo de la media de la UE, que es del 87,2% del PIB, según un informe realizado conjuntamente por el interventor de la administración local David Ros y el economista especializado en análisis económico y financiero Pere Miret. Mientras tanto, se estima que una Catalunya autonómica tiene que soportar una deuda superior al 105% de su PIB, incluyendo la deuda propia y el 19,5% de la deuda neta del Estado español que corresponde al esfuerzo fiscal de Catalunya. A todo esto, conviene añadir que la separación de Estados tendría que ser pactada, tal como obligan a los agentes y las autoridades financieras internacionales con el fin de dar estabilidad a los mercados.

A pesar de heredar la deuda de España, la deuda catalana sería asumible por su economía con un ahorro de entre el 30% y el 52% respecto a la situación actual y conseguiría situarse nuevamente por debajo de la media europea. De esta manera, el informe refleja que Catalunya podría empezar a andar sola sin un endeudamiento especialmente significativo y con una economía saneada. 

Al cierre del ejercicio 2015, la deuda de la Generalitat se ha situado en 72.274 millones, sin añadir el 19,5% anteriormente mencionado, mientras que el Banco de España ha cifrado la deuda bruta del Estado central en 940.516 mil millones. Teniendo en cuenta que esta deuda bruta ya sale contabilizada en el pasivo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, se tendría que calcular la parte que le correspondería a una Catalunya independiente a partir de una deuda neta del Estado Español de 790.307 millones. 

Dos escenarios para la independencia

Sin negociación, y por lo tanto sin asumir parte de la deuda española, la deuda catalana se situaría en 72.274 millones, un 33,6% del PIB. Ahora bien, la preocupación de los acreedores no pasaría tanto por saber si una Catalunya independiente podría asumir su parte de la deuda, ya que en cualquiera de los casos ésta sería inferior al hecho de permanecer dentro de España, sino cómo lo haría el ejecutivo español para garantizar el pago de su deuda sin el apoyo de Catalunya. Un hecho que desataría las alarmas del FMI, la UE, el BCE, los acreedores públicos del Club de París o los acreedores privados del Club de Londres, entre otros, en su propósito conjunto de garantizar el cobro de la deuda soberana, evitar el incremento del riesgo, garantizar la viabilidad de los dos Estados, tanto el predecesor como el sucesor, y reducir el impacto en los mercados financieros.

Si el escenario fuera pactado, los criterios de reparto de la deuda atenderían a otros factores como son la actividad económica, la población, el gasto o inversión realizada y la deuda histórica, como también el reparto de activos y pasivos. "En términos económicos y tratado como si fuera una corporación empresarial, el Estado español tiene unos pasivos que superan en mucho sus activos; dicho de otra forma, está en situación de quiebra y no podría hacer frente a la totalidad de sus deudas ni bajo el supuesto de vender la totalidad de los activos", tal como constata el estudio "Reparto de activos y pasivos entre Catalunya y el Estado español. El balance patrimonial del Estado como herramienta de cálculo", realizado por los economistas Jordi Angusto, Marcel Coderch y Gemma Pons. Un agujero español cifrado en más de 269.000 millones o, lo que es lo mismo, cada euro de activos implica un sobrecoste o un agujero de un 46%. 

Por lo tanto, un endeudamiento de una Catalunya independiente, teniendo en cuenta el reparto de activos y pasivos, se situaría entre el 47,1% del PIB y un máximo del 73,2%. Un escenario que situaría a Catalunya con una deuda inferior a la media de la UE y de muchos de sus miembros más destacados, como son el Reino Unido, Alemania, Holanda o Finlandia. 

Tabla elaborada por David Ros y Pere Miret mediante las fuentes Ameco, Banco de España, INE e Idescat. Se añade como nota que la deuda de Catalunya incluye el de la Administración local y el de la Seguridad Social consolidada para que sea homogénea la comparación con la UE. 

Calificación de la deuda catalana

Aunque el Banco Central Europeo (BCE) ha abogado por una política monetaria impulsada por unos tipos de interés muy bajos, el crecimiento del PIB estimado para una Catalunya independiente es considerablemente alto gracias a la desaparición del déficit fiscal con el Estado español, hecho que permitiría aumentar también el gasto público de Catalunya. Y en una línea completamente opuesta a la establecida en las últimas semanas por las agencias norteamericanas Standard and Poor's (S&P), Moody's y Fitch, que han situado la deuda de Catalunya en la categoría de bono basura, inversión de riesgo o especulativa y calidad del crédito cuestionable, el informe estima que la deuda soberana de un Estado catalán se situaría en un rango medio alto del grado de inversión y con un buen acceso a los mercados de capitales internacionales. 

El exconseller d'Economia i Coneixement Andreu Mas-Colell ya avanzó en una entrevista en El Nacional que las calificaciones de la deuda catalana establecidas hasta el momento son "en todo caso, evaluaciones sobre el Gobierno central que es quien controla los fondos. Si alguien se mira estos ratings, la lectura que tiene que hacer es que hay incertidumbres y fragilidades, aunque, personalmente, no considero que haya ningún riesgo, ya que al final siempre acaban pagando. Prefieren que haya un descalabro cada tres meses y eso ya empieza a ser un poco cómico. En una situación de default, la percepción internacional sería que es culpa de España. En temas de garantía de pagos, nosotros estamos en manos del Gobierno y el Gobierno está en nuestras manos. Si nosotros caemos, España también." 

Los autores del informe aseguran que "hasta que no se negociara el endeudamiento de Catalunya, la deuda pública se colocaría en torno al 36% del PIB, porcentaje que podría disminuir al 16%, mientras no se asumiera la devolución del FLA al Estado español, muy por debajo de la media europea". Un escenario a la práctica poco probable ya que el derecho internacional es partidario y obliga a alcanzar una solución consensuada en cualquier separación de Estados. 

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