Imagen principal: representación moderna del Corpus de Sant / Font: Enciclopèdia
Barcelona, 18 de mayo de 1640. El Dietario de la Generalitat consigna que las tropas hispánicas (los tercios) han entrado en sangre y fuego en Santa Coloma de Farners, han saqueado la villa y han quemado y derribado el edificio parroquial y cuarenta y siete casas. La misma anotación relata que los vecinos han sido víctimas de "violencias y vejaciones" por parte de los soldados. La Guerra de los Segadores todavía no había estallado, pero el paisaje prebélico que anticipaba el conflicto dominaba la esfera política catalana. Los quince días que separan el asalto de los segadores a las mazmorras hispánicas (23 de mayo) y la liberación de los presos confinados por orden de las autoridades hispánicas (Tamarit, Vergòs y Serra); del estallido de violencia del Corpus de Sang (7 de junio) y el asesinato del virrey hispánico Dalmau de Queralt (conde de Santa Coloma), dibujan un inquietante periplo de calculados movimientos políticos (principalmente por el lado hispánico) que, inevitablemente, conducirían a una guerra más que anunciada (1640-1652).
El saqueo de Santa Coloma de Farners (que había sido precedido por el de la villa vecina de Riudarenes) no era ni un hecho nuevo, ni un hecho aislado. Desde que en 1635 (cinco años antes) había estallado la guerra entre las monarquías hispánica y francesa para dirimir el nuevo liderazgo de Europa, el conde-duque de Olivares (ministro plenipotenciario de Felipe IV) había centrado todos los esfuerzos bélicos en el frente del Roselló, y había convertido Catalunya en un cuartel militar gigantesco. 40.000 soldados alojados en las casas particulares, en un país de 500.000 habitantes inmerso en una crisis económica de proporciones descomunales. La relación entre la soldadesca hispánica y la población civil catalana nunca había estado buena. Siempre había sido presidida por los robos, los saqueos, las violaciones, los secuestros (las levas forzosas) y los asesinatos que la soldadesca hispánica cometía impunemente protegida por la propia monarquía. Mucho antes del estallido de la Revolució dels Segadors (1640), el ejército hispánico actuaba en Catalunya como lo habría hecho en cualquier otro territorio enemigo.
Retrato de Felipe IV, obra de Diego Velázquez. / Fuente: National Gallery de Londres
Pero a principios de mayo de 1640, el vaso rebosaba por todas partes. El Dietari de la Generalitat revela que las clases dirigentes catalanas, que siempre habían temido que la respuesta popular culminara con una revolución social, se estaban activando. Después de los hechos de Santa Coloma, la Generalitat nombró una comisión formada por nueve representantes —la Novena— (tres por cada brazo estamental) que sería la responsable de la estrategia política que tenía que conducir Catalunya hacia las negociaciones con Francia y hacia la proclamación de la República. Por el brazo eclesiástico fueron nombrados Jacint Descatllar (canónigo de la sede de Barcelona), Francesc Puig (canónigo de la sede de Tortosa) y Francesc Montpalau (superior de la poderosa orden benedictina en Catalunya). Por el brazo nobiliario fueron nombrados Francesc Vilalba, Francesc Grabulosa y Francesc Puigjaner. Y por el brazo popular —llamado también real— fueron nombrados Joan de Sentmenat (conseller segundo de Barcelona), Antoni Càrcer y Ramon Romeu (miembros del Consell de Cent).
La constitución de aquella Novena (la intelligentsia de las clases dirigentes catalanas), revela claramente que las instituciones de gobierno del país habían decidido liderar una revolución que la política hispánica había convertido en inevitable. Y se a partir de aquel momento que el Dietario de la Generalitat revela interesantísimos detalles que, con la perspectiva del tiempo, explican todos los acontecimientos posteriores. El 19 de mayo la Generalitat inicia un fuego cruzado de misivas oficiales con la oficina del virrey, que revelan un repentino y determinado cambio de posición y... de estrategia. En aquella primera bala de cañón epistolar acusaban al virrey hispánico de haber violado las Constitucions de Catalunya, lo cual no era un tema menor. Más concretamente de haber violado los usos "derecho de fisco" y "de penas corporales": los oficiales hispánicos robaban —se podría decir que atracaban— las arcas municipales y privadas con la pretendida justificación de la guerra y apaleaban y ejecutaban públicamente a los que se oponían con la pretendida justificación del orden.
Representaciones modernas del virrey de Santa Coloma y Francesc de Tamarit. / Fuente: Enciclopèdia
El virrey hispánico se sacudió el tema con uno "castigaré los culpables". Pero ni se castigó a nadie y ni siquiera se paró la brutal oleada de violencia hispánica. En los días inmediatamente posteriores, el Dietari de la Generalitat se convierte en un rosario de noticias alarmantes: los "castigos" que había prometido el virrey hispánico —con misiva oficial firmada y sellada— se habían traducido en los saqueos de Palautordera, Blanes y los pueblos del llano de Girona. El Dietari identifica a los responsables: los oficiales hispánicos Leonardo Moles, Murcio Estapafora y Fabrizio Prinyano. Acto seguido, la espiral de violencia —manifiestamente alimentada por la administración hispánica— conocería un capítulo que marcaría un nuevo punto de no retorno. El 22 de mayo, tres mil segadores armados entraban en Barcelona, asaltaban la mazmorra hispánica y forzaban la liberación de Tamarit (diputado militar, equivalente a conseller de Interior, acusado de obstruir las levas forzosas), Vergòs y Serra (acusados de conspirar contra la autoridad hispánica en Catalunya).
De nuevo, el “Dimars, a XXII. En aquest die, tocades deu horas ans de migdie, tres mil hòmens o cerca de defora de la present ciutat, són entrats en ella armats de escopetas, arcabussos, pedrenyals y altres armes y, si bé al portal Nou, per hont són entrats, se’ls ha procurat impedir la entrada, no·y hagut remey, y se són anats dret a la presó y cridant «Visca lo rey, muyra lo mal govern y visca la Iglésia», aportant devant un Christo, que deyen era lur caporal, ab ànimo deliberat, segons deyen, per a tràurer de las presons lo deputat militar y los presos de la ciutat y, estant esta gent devant la presó, lo virrey ha envian a don Phelip Sorribes, escarseller major, perquè tragués de dits càrcers, com de fet ha tret y dado libertat, al dit deputat militar, Francesch de Tamarit y als presos de la ciutat Francesch Joan de Vergós, donzell i Lleonart Serra, mercader”. Curiosamente, y también muy reveladoramente, sería el virrey mismo quien, sin justificación oficial de ningún tipo y probablemente obedeciendo turbias instrucciones, ordenaría excarcelar a los presos.
Curiosa, y también reveladora, es la reacción de la Generalitat. El día siguiente de los hechos (23 de mayo) los diputados —es decir, el gobierno— citaban a declarar a Felip de Sorribes i Rovira, (alcaide de las mazmorras hispánicas y, curiosamente, pariente de Francesc Vergòs) que había sido quien había abierto las puertas de la prisión. Sorribes declararía que había obedecido órdenes concretas y personales del virrey. Los presos quedaron libres, y ya no volverían a ingresar en la prisión. Tamarit jugaría un papel destacadísimo en los acontecimientos posteriores: sería uno de los artífices del Pacte de Ceret (septiembre de 1640) firmado entre Catalunya y Francia. Pero aquellos hechos revelan que, en aquellos intensos y peligrosos días, no solo a Sorribes —y probablemente a Vergòs—, sino también a los diputados de la Generalitat —es decir, la institución— les convenía mucho que oficialmente quedara claro que no tenían ninguna responsabilidad en la liberación de los presos. No solo se consignaría el Dietari, sino que se comunicaría —oficialmente, por descontado— al virrey Santa Coloma y al rey Felipe IV.
Gravado de Barcelona, con la playa de Montjuc y la Galera Reial (1595). Fuente: Cartoteca de Catalunya
La respuesta de la administración hispánica no podía ser más clarificadora. Pero lo que ya sucedía en aquel especial contexto es que la monarquía hispánica —en su papel de poder político, militar y judicial— ya tenía construida una visión particularmente interesada de quien interpretaba, exclusivamente, el papel de "culpable". Siete días después, el 30 de mayo, el rey Felipe IV dirigía una misiva —una bala de cañón epistolar— a la Generalitat que decía textualmente “aplicaréis todos los medios para conseguir la quietud”. I per si quedava algun dubte es despatxava amenaçant: “quan fácil me es el acavar con todos essos villanos solevados, como lo huviera(n) hecho los tercios el día de Girona, si huvieran tenido orden, (...) con advertencia de que son vasallos míos, aunque herrados y ciegos, y que el summo rigor sería grande daño para mí, como también el consentimien[to] total, mucho mayor para los desauciados, pues se imposivilitarían mi piedad y les facilitaría el yerro para adelante”.
Y acto seguido, evacuaba con un enigmática petición: “y con esta atención y advertencia de que aunque herrados son hijos, me digáis como buenos vassallos lo que es conveniente para todos”. La pelota, del tejado del palacio de Sant Jaume en la del Alcázar de Madrid. Y viceversa. Se estaba cocinando —y a fuego rápido— todos los ingredientes para la fabricación de una guerra. Finalmente, el 7 de junio, se produciría la explosión de violencia del Corpus de Sang. Y moriría asesinado el virrey hispánico. Las misteriosas circunstancias que rodean aquel crimen culminaban aquel proceso. El virrey Santa Coloma habría podido ser asesinado por segadores sublevados que, mientras huía, lo reconocieron. O por los consellers de Barcelona que lo acompañaron hasta la playa de Montjuïc. O por los soldados de la Galera Real, que lo tenían que recoger y evacuar hacia Castilla. Solo lo investigó la Generalitat, por orden del presidente Pau Claris. Porque los hechos posteriores demuestran que a Felipe IV y a Olivares, la autoría del crimen del virrey de Santa Coloma era lo que menos les importaba.