Madrid, 9 de diciembre de 1715. Quince meses después de la ocupación borbónica de Catalunya y de la conclusión de la Guerra de los Catalanes (segunda y última fase de la Guerra de Sucesión hispánica en la península). El Consejo de Castilla —el equivalente al actual Consejo de Ministros— decretaba un nuevo régimen fiscal para Catalunya: el "Real Catastro", que en palabras del historiador Agustí Alcoberro "se aplicó —en Catalunya— con una especial rapidez y rotundidad a causa de su condición de territorio vencido". El "Real Catastro" significó el fin de la contribución negociada de Catalunya a las arcas hispánicas, representó un incremento del 730% de la carga tributaria sobre los catalanes y el nuevo régimen lo aplicó como una tributación de guerra: "Por justo derecho de conquista".
¿Cómo tributaba Catalunya antes de 1714?
Hasta la ocupación borbónica de Catalunya y la destrucción del edificio político, cultural y fiscal catalán (1714), las Cortes catalanas negociaban con la monarquía hispánica la aportación tributaria del Principado a las arcas generales. El grosor de esta tributación se negociaba cada vez que se producía un relevo en el trono. El nuevo monarca hispánico convocaba a las Cortes catalanas (el Parlamento de la época foral), juraba las Constituciones (el texto que consagraba el autogobierno de Catalunya) y presentaba su propuesta económica, el llamado "donativo". A partir de este momento se iniciaba un tira y afloja, que culminaba con un acuerdo, generalmente, satisfactorio para las dos partes: el rey se marchaba con lo que había previsto y, a menudo, con un poco más, y el país confirmaba, si no mejoraba, su cuota de autogobierno.
Los primeros intentos de espolio
Durante el siglo XVII las oligarquías cortesanas castellanas ya habían reclamado un cálculo y reparto del esfuerzo fiscal al conjunto de territorios de la monarquía Habsburgo. Pretextaban que la Corona castellano-leonesa tenía que asumir la parte del león de la fiscalidad imperial. Pero ocultaban que los beneficios que generaba el Imperio Habsburgo se distribuían, exclusivamente, entre estas mismas oligarquías y los banqueros alemanes de la corona. Estas reivindicaciones eran, reveladoramente, coincidentes con el estallido de grandes crisis que amenazaban la supervivencia del imperio y los privilegios de sus oligarquías. Con el agotamiento de las minas americanas, por ejemplo, vemos cómo el "valido" Olivares pretende imponer la Unión de Armas (1626), una curiosa armonización fiscal que calculaba para Catalunya el doble de su población real.
Las últimas negociaciones
La chapuza de Olivares culminó con una crisis monumental: la Revolución de los Segadores (1640) y la Guerra de Separación de Catalunya (1640-1652/59), que los hispánicos saldarían con pérdidas territoriales de gran importancia y pérdidas económicas astronómicas. No obstante, la posterior represión hispánica contra Catalunya no afectaría a aquella arquitectura tributaria foral. Catalunya conservó su independencia fiscal y las aportaciones a la hacienda central serían calculadas de forma pactada durante todo el resto del siglo XVII (los últimos Habsburgo). Incluso, en las Cortes que convocó Felipe de Borbón (1701). ¡A propósito de estas primeras —y últimas !!!— cortes presididas por un Borbón; el cronista coetáneo Feliu de la Penya dejó constancia de que "habían sido las mejores Cortes y las más rentables —para los intereses catalanes— desde Fernando II".
Un sistema tributario ideado como un castigo
Pero en 1715 las cosas habían cambiado mucho. Felipe V ya no tenía la necesidad de gustar a los catalanes. Había ganado la guerra y su política consistía en someter Catalunya con el máximo rigor posible. Liquidar su edificio político y amputar su fuerza económica: los motores que habían inspirado la Revolución austriacista de 1705. El sistema tributario que impuso el régimen borbónico tenía un manifiesta carga punitiva: no tan solo era abusiva (muy superior a la de cualquier otro territorio), sino que se recaudaba con el uso de la fuerza (los cobradores eran los soldados ocupantes que se presentaban a las casas a punta de bayoneta). Las agresiones y los encarcelamientos por la negativa a pagar; y las incautaciones y los desahucios por la imposibilidad de pagar, se convirtieron en el paisaje habitual de una Catalunya ocupada, humillada y espoliada.
Espolio masivo
El superintendente borbónico José Patiño y el geógrafo botifler Josep Aparici diseñaron un sistema tributario destinado a espoliar masivamente el país. En plena guerra de ocupación (1713-1714) confiscaron los impuestos que los pueblos y villas del país pagaban al fisco catalán (por ejemplo, el Impuesto de la Bolla, que gravaba un 15% el comercio de la lana). E impusieron una carga extraordinaria, llamada "Quincenada" para mantener al ejército borbónico ocupante. Concluida la guerra (1714), el régimen borbónico siguió reclamando estas exacciones. No desapareció la tributación catalana, pero como las instituciones que la recaudaban habían sido derogadas, se lo embolsaba el régimen borbónico. Y no desapareció el impuesto para el mantenimiento del ejercido ocupante; porque Catalunya sería, durante décadas, un gran cuartel militar borbónico.
El "Real Catastro"
Con la aplicación del Decreto de Nueva Planta (la reducción de Catalunya a la condición de simple provincia española), se puso en práctica el Real Catastro, que tenía tres bocas: el Catastro Real (que gravaba el 10% del valor de todo tipo de propiedades); el Catastro Personal (que gravaba el 10% de las rentas y de los ingresos derivados del trabajo); y el Catastro Ganancial (que gravaba el 10% de los beneficios derivados del comercio y de la industria). Este cuadro inspira cierta voluntad armonizadora. Pero es una idea falsa, porque el régimen borbónico siguió reclamando los impuestos catalanes confiscados durante la ocupación del país (bolla, tabaco, papel sellado, aduanas, sal), y los impuestos extraordinarios creados para sostener al ejército ocupante. Estos impuestos que gravaban al margen del Catastro, representaban el 50% de la factura impositiva catalana.
La tributación de guerra
Los estudiosos de este fenómeno destacan dos hechos que ilustran perfectamente el carácter punitivo de la imposición tributaria española sobre Catalunya. El primero sería la previsión de recaudación (1,5 millones de pesos para 1716) que representaba el doble que en Castilla. Y el segundo, y más escandaloso, sería que el destino de la mitad de esta recaudación no se justificaba documentalmente. En el paisaje de espolio se sumaba una escandalosa cultura de corrupción que se proyectó en el tiempo. El profesor Antonio Espino (de la UAB) afirma que "en Catalunya, a lo largo del siglo XVIII, se mantuvo una doble fiscalización de la cual solamente el incremento demográfico y económico a lo largo de la centuria (Catalunya dobló la población y pasó de 500.000 a 1.000.000 de habitantes) pudieron reducir los efectos iniciales, terribles, del catastro".
Tres siglos de espolio
La tributación de guerra borbónica —el saqueo borbónico de Catalunya— no llegó a desaparecer nunca. Los historiadores Agustí Alcoberro, Joaquim Nadal o Josep Maria Torras i Ribé explican que esta forma de espolio se cronificó y, reformado o transformado, trascendería en el tiempo. Casi dos siglos más tarde (1899) poco después de la independencia de las últimas colonias españolas de ultramar, se filtró el dato de que el Estado español aplicaba una fiscalidad abusiva al comercio y a la industria catalanas —muy superior, comparativamente, con las cargas que soportaban los tenderos y fabricantes castellanos y andaluces. El Gobierno del liberal Silvela, lejos de resolver la crisis por la vía política, respondió como lo habría hecho Patiño: confirmó las tasas y encarceló a los objetores fiscales. ¿Desde cuándo nos roba España?