La jueza de Catarroja que investiga las responsabilidades políticas tras la DANA ha criticado ampliamente el informe que pidió a la Guardia Civil sobre la cronología de las inundaciones que arrasaron parte de València el pasado 29 de octubre de 2024. En un auto dictado este martes, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra tilda el documento que le ha entregado la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de "erróneo en sus consideraciones y apreciaciones" y señala que el instituto armado se ha extralimitado de lo que se les requería al incluir valoración de responsabilidades políticas. De esta manera, la jueza descarta así imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, como pide la acusación particular que ejerce la asociación Liberum.
En el auto, avanzado este miércoles por eldiario.es, la jueza señala que el documento que le ha entregado la Guardia Civil "no se corresponde" con lo requerido, puesto que tan solo pedía una cronología detallada de los desbordamientos de ríos, barrancos y presas, en relación con los fallecidos. La Fiscalía había solicitado que dicho informe incluyera una valoración de la responsabilidad de las administraciones públicas, algo que la jueza rechazó. Sin embargo, el instituto armado lo ha incluido de igual forma. Así, la jueza lo ha reprochado y, además, ha señalado "errores".
La magistrada sostiene que el análisis sobre posibles fallos y negligencias por parte de administraciones públicas es una competencia "exclusivamente" de los juzgados y critica que el informe "incide en valoraciones que no correspondía a la Policía Judicial, las mismas no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado". Ruiz Tobarra también señala que cualquier valoración exclusivamente policial de posibles negligencias o incumplimientos está "condenado al fracaso", porque su análisis sería siempre "limitado exclusivamente a la prueba documental".
Informe "erróneo" y "claramente incompleto"
Asimismo, la jueza de Catarroja señala errores en el informe: el documento de la Guardia Civil incluye la "teoría plenamente superada y descartada judicialmente" del supuesto apagón informativo y replica que hubo comunicaciones telefónicas entre la AEMET y el Centro de Coordinación de Emergencias. Así, la magistrada señala que el único apagón que se produjo ese 29 de octubre de la tragedia fue en la reunión del Cecopi, donde estaba la consellera ya cesada Salomé Pradas, y donde se paró "en dos ocasiones" y en "momentos cruciales" de la emergencia. Un apagón informativo que la Guardia Civil no señala en su informe, apunta la jueza, quien asegura también que el documento es "claramente incompleto" al obviar también la "importancia de los medios de comunicación en el conocimiento de la situación y evolución de la emergencia".