Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se sentará en el banquillo de los acusados. Eso ya es un hecho, un hecho inédito en la democracia española. El máximo representante del ministerio público, el que dirige a aquellos que tienen que perseguir delitos, será juzgado por revelación de secretos y, lo que es más grave, no tiene intención de dimitir (al menos por ahora) y tiene el pleno apoyo del Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez. Con la presunción de inocencia por delante, parece que poco importa el daño que se hace a la institución. El aval del Supremo al procesamiento del fiscal general es, como era de esperar, el gran protagonista de las portadas del último miércoles de julio, el último episodio que todavía debilita más a Pedro Sánchez. El trío de la bencina exprime al máximo el aval del Tribunal Supremo para llevar a juicio al fiscal general del Estado para filtrar los correos electrónicos del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en los que reconocía que había cometido un delito fiscal y se ofrecía a llegar a un pacto con la fiscalía. Con esta filtración se quería contrarrestar la información lanzada desde el entorno de Ayuso de que había sido el ministerio público quien había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Todo eso acabó con la acusación de revelación de secretos por parte de la pareja de Ayuso y la imputación del fiscal, que borró su teléfono móvil y su correo electrónico. Y hasta aquí hemos llegado.
El aval de 16 jueces
El Mundo dispara sin piedad contra el fiscal general, a quien el Partido Popular reclama por activa y por pasiva su dimisión, y asegura que será juzgado "por delinquir" con el aval de, ni más ni menos, 16 jueces (el instructor, seis magistrados del TSJM y ocho del Supremo). Ni una mención en la primera página que hay un magistrado del alto tribunal que ha hecho un voto particular al considerar que no ve bastantes indicios para juzgar a Garcia Ortíz. El rotativo, sin embargo, va más allá y destaca que el rey Felipe VI tendrá que pasar por el aprieto de presidir la apertura del año judicial, en septiembre, con el fiscal general a un paso de ser juzgado.
Grietas en el Gobierno
El ABC, por su parte, destaca que hay grietas dentro del Gobierno sobre el apoyo manifestado por el presidente del gobierno a la persona que puso al frente de la fiscalía general. "La situación ya no es sostenible", afirman. Igualmente, apunta el malestar manifestado por jueces y fiscales sobre "la anomalía" que supone mantener en el cargo a García Ortiz. Precisamente, El Periódico, que ya adelantó el martes cuál sería la decisión del Supremo, pone énfasis en la decisión del jefe del ejecutivo de no forzar al fiscal general a terminar. "Sánchez se enroca y sostiene al fiscal general a pesar de su procesamiento" y lleva a la primera página estas palabras de Alberto Núñez Feijóo: "Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos". Cuando el juez dicte la apertura de juicio oral, habrá que ver qué pasará finalmente.
