El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) desestima aplicar medidas cautelares para suspender la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que habían requerido tanto la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV) como la Asociación Plataforma de Afectados para las Restricciones Circulatorias (APARC). Ambas plataformas habían presentado un recurso contra esta ordenanza municipal y, mientras no había una resolución, habían pedido cautelarmente que se suspendiera.
Ahora bien, el TSJC se ha pronunciado en contra de las medidas cautelares porque, si bien reconoce que puede causar "daños significativos" a algunos sectores, resuelve que suspender esta normativa "compromete tanto el derecho a la salud como el derecho al medio ambiente" a la vez que también consolida una situación de calidad del aire "contraria a la normativa medioambiental europea".
Cámaras que controlan la ZBE / ACN
El bien común
"Cada vez son más frecuentes situaciones de riesgo por contaminación en Barcelona, que afectan al derecho a la salud, ofrecer una adecuada calidad del aire y, en definitiva, la preservación del medio ambiente", precisa el juez de la sala contenciosa-administrativa del TSJC. En este sentido, señala que prima "l'interés general que exige la protección de la salud y el medio ambiente, objetivos de la ZBE, sobre el interés particular".
Las dos plataformas defendían que la suspensión de la ZBE no perjudica el interés general, una cosa que el juez considera que está "lejos de la realidad". Además, recuerda que la Comisión Europea ha llevado a España delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque ha incumplido los niveles máximos de contaminación por ciudades como Barcelona.
Por todo eso, exige "la inmediata aplicación de la norma" porque beneficia el interés general, ya que evita la contaminación del aire.
Por su parte, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, ha destacado que la resolución judicial es una prueba que el ayuntamiento de Barcelona lo ha acertado. "Sabemos que la contaminación es un agravante de todas las enfermedades respiratorias", ha expuesto Badia.
A partir del 15 de septiembre se empezará a sancionar a quien incumpla la ZBE que quiere limitar la circulación de los vehículos más contaminados por la ciudad.
Recursos pendientes
La ordenanza de la ZBE se enfrenta a dos recursos, uno los cuales presentó APARC donde argumenta que la clasificación de vehículos está "llena de errores", cosa que comportará daños y perjuicios para miles de familias que perderán sus negocios y trabajos.
Por otra parte, la FECAV asegura en su recurso que esta ordenanza comporta "un daño irreparable" a las empresas del transporte colectivo, así como a los ciudadanos de Barcelona. La federación alega que la entrada en vigor de la ZBE afecta a 45 contratos de servicios de transporte regular interurbano, además de 60 contratos de transporte escolar y más de 15 de transporte regular urbano, unos datos que representan entre el 20% y el 25% de la flota. Además, estima que tendrá repercusiones entre 1.560 y 1.950 trabajadores a la vez que dificulta la viabilidad de las pequeñas empresas.