Los vecinos de un conjunto de casas de la calle de Pons i Gallarza, en el barrio de Sant Andreu de Palomar de Barcelona, respiran más tranquilos a partir de este miércoles, ya que han conseguido poner fin al temor de quedarse sin vivienda al cerrar un conflicto que los enfrentó primero con la propiedad de las casas y posteriormente con el Ayuntamiento de Barcelona para acabar firmando contratos de 'masoveria' urbana de una duración entre 18 y 21 años, cerrando así una carpeta que hacía más de seis años que estaba abierta, desde que la propiedad intentó vender el conjunto a un grupo de inversores con el peligro de expulsar los vecinos, como ha pasado en otros immuebles de la ciudad.

Al final han sido cuatro los vecinos que se han acogido a esta nueva figura contractual, prevista en la ley catalana del derecho en la vivienda y que, a grandes rasgos, supone que el 'masover' urbano obtiene una reducción del precio del alquiler a cambio de asumir las tareas y gastos de mantenimiento, una figura diferente de la del alquiler tradicional que ha costado cuatro años para llegar a definir y poner de acuerdo a este grupo de vecinos con el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona (IMHAB), desde que el Ayuntamiento de Barcelona optó para comprar el conjunto de casas a mediados del año 2020.

Reportaje granja Urbana, entrevista Roger Ramírez portada / Foto: Carlos Baglietto
Roger Ramírez al lado del símbolo que ha definido la lucha para evitar marcharse de su domicilio, en una imagen de septiembre de 2022 / Foto: Carlos Baglietto

"Estamos contentos y el resultado es muy bueno", relata uno de los vecinos afectados, Roger Ramírez, en declaraciones a ElNacional.cat, que, sin embargo, apunta que "este último año ha sido un poco largo". Hay que tener en cuenta que esta lucha vecinal empezó en 2017, cuando murió la propietaria de todo el núcleo edificado y el heredero decidió vender la propiedad a un grupo de inversores, con el peligro de expulsión de los residentes del momento. Los afectados hicieron bastante ruido en todo el barrio por medio de una efectiva campaña de movilizaciones con un emblema que se ha convertido en icónico en el barrio, la imagen del juego Monopoly rodeada en un símbolo de prohibido, para captar la atención del Ayuntamiento, que finalmente se convirtió en propietario de las casas en el año 2020.

Precios por debajo del mercado

Ya bajo propiedad municipal, se puso sobre la mesa la posibilidad de acoger a los residentes en la figura del 'masover' urbano, pero las negociaciones no han sido fáciles y se han alargado casi 4 años. Con todo, Ramírez apunta que se han podido firmar contratos de larga duración, entre 18 y 21 años, dependiendo del estado actual de cada casa, con posibilidad de prorrogarlos. Estos contratos fijan precios de alquiler social, por debajo del precio de mercado, pero con la particularidad de que "un 30% se pagará en prestaciones dinerarias y un 70% en actuaciones que se tienen que hacer en cada casa", como por ejemplo, nuevas instalaciones eléctricas o aislamientos térmicos. Unas reparaciones que deberán hacer los propios 'masovers' o bien pagar a terceros para que las hagan.

Así, Ramírez detalla que conjuntamente con el IMHAB y gracias a informes técnicos "muy competentes" del colectivo Barcelona posa't sostre, se ha podido contabilizar los costes del mantenimiento, que se restan de la contraprestación" que los 'masovers' urbanos pagan a la propiedad, que es el mismo IMHAB. Por lo tanto, el desarrollo del contrato de 'masoveria' urbana vincula a los 'masovers' a hacerse cargo de las reformas, a diferencia del alquiler convencional, pero con la ventaja de que se descuentan de la cuota mensual. Y sobre todo, apunta un aliviado Rodríguez después de tantos años de conflicto, "nos asegura que no nos tendremos que marchar".