La calle de Pons i Gallarza del barrio de Sant Andreu del Palomar de Barcelona conserva a la altura de la confluencia con la calle de la Riera de Sant Andreu un pequeño núcleo de casitas de planta baja y un piso que con el paso de los años se ha convertido en paradigma de la lucha vecinal en defensa del derecho de la vivienda. Incluso, de una victoria vecinal que, ahora hace dos años, consiguió detener una operación de especulación inmobiliaria con una fórmula innovadora que contó con el entusiasmo mediático del Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau, que reconvirtió la situación en el primer proyecto de 'masoveria urbana', un modelo que, dos años después, según los vecinos ha sido "pervertido".

La cuestión de las casitas de Pons i Gallarza estalló el año 2017, a raíz de un cambio en la propiedad de todo el conjunto. Los nuevos propietarios tenían el proyecto de reformar y rehabilitar las casetas con el objetivo de devolverlas en el mercado de alquiler a un precio muy superior, pero no contaron con los inquilinos del momento, que se opusieron a irse y pusieron en marcha una efectiva campaña de movilizaciones con un emblema que ya se ha convertido en icónico en el barrio, la imagen del juego Monopoly rodeada en un símbolo de prohibido. La oposición al proyecto de los nuevos propietarios duró hasta el 6 de junio de 2020, cuando el Ayuntamiento de Barcelona se convirtió en propietario con el objetivo de dar forma a un nuevo proyecto, la 'masoveria' urbana.

"Donde dije digo, digo Diego"

Sobre la mesa, y según pactaron a su momento los inquilinos de toda la vida con el consistorio, el primer proyecto de 'masoveria' urbana del parque público barcelonés, consistía en un acuerdo por el cual el 'masover' se encargaba de cuidar y mantener la vivienda haciendo las intervenciones, reparaciones y modificaciones necesarias a cambio de seguir viviendo allí de manera estable. Ahora, dos años después, los vecinos consideran que el acuerdo se ha "pervertido", se han mostrado contundentemente en contra del sentido que ha cogido la situación y han acusado al ayuntamiento de practicar la política del "donde dije digo, digo Diego".

En un comunicado hecho público este jueves por la mañana, los vecinos hacen público que a finales de junio de este 2022 mantuvieron una reunión telemática con los directivos del Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitacio de Barcelona (IMHAB) donde se les presentó "un documento que estaba muy lejos de todo lo que ya habíamos hablado con el Ayuntamiento". "La propuesta del IMHAB no tiene nada que ver con la 'masoveria' urbana sino que se trata más bien de un contrato de alquiler ordinario con carencia", continúa el comunicado, donde denuncian que el consistorio se ha colgado "una medalla a nuestra costa antes de haberla sudado".

"Dos años después del gran anuncio, no sólo no tenemos los contratos de 'masoveria', sino que nos ponen sobre la mesa una propuesta que ni siquiera está a la altura de su propio discurso", continúan los vecinos, que alertan que el acuerdo al cual se llegue en su calle "se convertirá en un referente para otros casos", razón por la cual reivindican "el derecho de cualquier persona o familia a vivir en un mismo lugar de forma indefinida y, por lo tanto, el derecho al arraigo a una comunidad". Los vecinos, pues, rechazan la propuesta del ayuntamiento y anuncian que seguirán en lucha para defender el derecho a una vivienda digna para todo el mundo.