A principios de junio de 2020, el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba la adquisición de ocho casas de planta baja y piso situadas en la calle Pons i Gallarza entre la calle Renart y la Riera de Sant Andreu, en el barrio de Sant Andreu de Palomar, con la intención de impulsar, conjuntamente con los vecinos, un modelo pionero de acceso a la vivienda que en aquel momento se bautizó como ''masoveria' urbana mixta'. Según comunicó el mismo consistorio, la fórmula preveía que la administración se hiciera cargo de las obras de conservación de las fincas comunes a todas las casas, mientras que las familias arrendatarias asumirían "las funciones de 'masoveras' y ejecutarán las obras en el interior de sus casas", de manera que la renta sería "mínima dado que la realización de las obras supondrá el pago en especie de la ocupación legal del inmueble".
Sobre el papel, esta fórmula significaba una victoria vecinal, ya que los residentes conseguían mantener sus viviendas ante una operación especulativa propiciada por un cambio de propiedad y el consistorio podía poner en práctica una fórmula pionera que, en todo caso, está prevista en la Ley del derecho a la vivienda y también en formulaciones posteriores. Ahora bien, dos años largos después, el proyecto de 'masoveria' urbana no sólo no se ha clarificado, sino que las últimas propuestas del ayuntamiento han sido rechazadas por los vecinos, que culpan al gobierno Colau de haber "pervertido" el modelo. La semana pasada mismo, el colectivo Veïnes de Pons i Gallarza hacía público un duro comunicado donde acusaban al Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) de hacerles una propuesta contractual que "no tiene nada a ver con la granja urbana, sino que se trata más bien de un contrato de alquiler ordinario con carencia".
"La 'masoveria' urbana debería ser una herramienta más para garantizar el acceso a la vivienda y la estabilidad de comunidades y el mantenimiento de casas antiguas", asegura en conversación con elNacional.cat uno de los vecinos afectados, Roger Ramírez, que deja claro que desde el primer momento se entendía este modelo como un acuerdo por el cual "una parte del alquiler se paga en especie, ejecutando obras e intervenciones en las casas a cambio de vivir allí". ¿Qué ha pasado, pues, para que se haya llegado a un desacuerdo claro entre administración y vecinos? Según los vecinos, el gobierno Colau después de "colgarse una medalla que no ha sudado" ha aplicado el principio del 'donde dije digo, digo Diego'.
El inicio de la pesadilla, el cambio de propiedad
Todo empezó a finales de 2017, cuando murió la propietaria de todo el núcleo edificado, "que alquilaba las casas a la gente del barrio a precios asequibles", y el heredero decidió vender la propiedad a un grupo de inversores, el cual, según Ramírez, tenía como objetivo prioritario "expulsarnos, reformar y vender". Entonces empezó una lucha de tres años en que un grupo reducido de vecinos -son ocho viviendas, pero sólo seis vecinos porque los otros dos se han acogido a otras fórmulas- hizo suficiente ruido en todo el barrio por medio de una efectiva campaña de movilizaciones con un emblema que se ha convertido en icónico al barrio, la imagen del juego Monopoly rodeada en un símbolo de prohibido, para captar la atención del Ayuntamiento, que finalmente se convirtió en propietario de las casas.
Ramírez recuerda que los inversores intentaron vaciar las casas no renovando contratos de alquiler y "buscaron motivos para expulsarnos", pero la pesadilla pareció que había llegado a su fin cuando el consistorio compró todo el núcleo a la sociedad Vermonta SL por un precio total de 745.000 euros y se convirtió así en propietaria de un conjunto de casas que suman un total de 551 m², de manera que la media de superficie de cada una de ellas es de unos 70 m². Son casas de planta baja más un piso, con dos habitaciones y con un patio trasero la mayoría de ellas. Un núcleo pequeño que parecía perfecto para llevar a cabo "un proyecto pionero de 'masoveria' urbana".
El detonante de la disensión entre los virtuales 'masovers' y el ayuntamiento se produjo a raíz de una reunión reciente con técnicos del IMHAB donde, según los vecinos, se presentó una propuesta que no tenía nada que ver con la 'masoveria'. "Queremos que la 'masoveria' urbana sea una herramienta real y que genere estabilidad", señala Ramírez, que apunta que mientras que el consistorio ha hecho obras como los tejados y los desagües, los 'masovers' se comprometen a hacer intervenciones de mantenimiento y las que requieran las necesidades de cada vecino: "Si tú vives en la casa, ya la estás manteniendo; si hay goteras, tú las detectas; tener la casa limpia es 'masoveria'".
¿'Masoveria' o alquiler?
En cambio, en la propuesta del IMHAB, siempre según los vecinos, hay aspectos que no responden al proyecto inicial. Después de pactar con el ayuntamiento y con informes de arquitectos unas "intervenciones mínimas de habitabilidad" a cargo de los 'masovers', Ramírez apunta que desde el IMHAB "nos piden que justifiquemos con facturas las intervenciones pactadas", un aspecto que no comparten, porque "si tengo que hacer la instalación eléctrica y me la hago yo, no puedo presentar una factura, pero si cuesta 4.000 euros y tengo que hacer venir a un industrial, no me sale a cuenta la 'masoveria'". El vecino añade que los técnicos también les pedían "hacer todas las intervenciones en 18 meses".
Los residentes, que actualmente pagan alquileres por debajo del precio del mercado, pactados con la anterior propietaria y con el añadido que "siempre nos hemos encargado de mantener las casas", consideran que el ayuntamiento ahora les plantea las cosas de manera diferente. "Todo eso ya es otra cosa, es un alquiler con carencia", asegura Ramírez, que lamenta que el ayuntamiento ha puesto un "parche". "Nosotros queremos que este proyecto de granja urbana sea una herramienta de acceso a la vivienda y no un parche, si tiene que ser un alquiler con carencia, no le llamemos 'masoveria'", insiste, para añadir que en la última reunión "hubo muchos puntos donde no estuvimos de acuerdo".
Nueva reunión este jueves
Con todo, este jueves por la tarde tendrá lugar una nueva reunión para tratar de desencallar el tema. Además de los vecinos, el arquitecto que les hace los informes y técnicos del IMHAB, se prevé la asistencia por parte del gobierno municipal de Lucía Martín, en doble calidad de concejal de Vivienda y de Sant Andreu. Ramírez se muestra optimista ante un encuentro que espera que sea "decisivo" y se puedan fijar "las líneas de lo que serán los contratos", pero avisa de que no piensan entrar a negociar "la cuestión de las facturas". El objetivo de los vecinos es pactar "contratos largos que den estabilidad y tranquilidad" y que fijen claramente la figura del 'masover' urbano, porque "lo que salga de este proyecto será la base de la que saldrán todos las iniciativas que se acojan a la 'masoveria' urbana de ahora en adelante".
Un proyecto similar en Cardona
Precisamente, esta misma semana la Oficina de Vivienda de la Diputación de Barcelona ha hecho público que estudia la implementación de un programa de 'masoveria' urbana en dos viviendas en la antigua colonia minera Arquers de Cardona (Bages) con una filosofía similar a la que defienden los vecinos de Pons i Gallarza, es decir, sustituir una parte del alquiler de las viviendas por una contraprestación no económica e implicar a las futuras personas residentes en la rehabilitación de los inmuebles. Así, el Ayuntamiento de Cardona se encargaría de las intervenciones en el exterior, de la llegada de servicios básicos y de la conexión del alcantarillado de las viviendas, mientras que las intervenciones en el interior irían a cargo de los 'masovers'.
Sobre el papel, el modelo de Cardona es el mismo al que se acogieron los vecinos de Pons i Gallarza y que ahora habría "pervertido" el Ayuntamiento de Barcelona. Por eso mismo, Ramírez considera que es muy importante conseguir fijar un modelo claro de 'masoveria' urbana con el gobierno municipal que se pueda extender a otras situaciones, no sólo en Barcelona, sino por toda Catalunya y que marque diferencias con los alquileres convencionales. "Si no, no es 'masoveria'", remacha.