La Fiscalía Provincial de Barcelona ha pedido a la Audiencia Provincial de Barcelona que archive la querella contra la exalcaldesa de la capital catalana Ada Colau por coacciones a la sociedad Vauras Investments. En el mes de junio del año 2020 se presentó una querella contra Colau y varios cargos municipales por la posible comisión de varios delitos, querella que no fue admitida por la jueza instructora y que posteriormente la Audiencia acordó reabrir únicamente por los delitos de prevaricación y coacciones relacionados con una serie de expedientes administrativos. Después de la instrucción y la petición de sobreseimiento formulada por las defensas, el fiscal no se opone al entender que no han quedado acreditadas ni las coacciones ni las prevaricaciones.
En un interrogatorio relámpago el pasado 13 de marzo, Colau declaró como investigada de los delitos de prevaricación administrativa y coacciones a responsables del fondo inmobiliario Vauras delante de la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona. El interrogatorio duró solo uno cuarto de hora y Colau negó haber dado instrucciones a funcionarios o a cargos de su gobierno para sancionar a Vauras por haberse negado a dar vivienda de alquiler social a seis familias del Bloc Llavors, que fue desalojado por los Mossos d'Esquadra, en 2019 y provocó muchas protestas.
No se aportaron las grabaciones
En un comunicado, el ministerio público ha informado de que en el caso de las coacciones dirigidas a la cesión de inmuebles para alquiler social, la querellante nunca aportó las grabaciones donde supuestamente se contenían estas coacciones aportando, tres años más tarde, las transcripciones de las mismas, en las que tampoco se evidenciaba el carácter intimidatorio, necesario para considerar cometido el delito, no habiendo participado en las mismas la alcaldesa, ni directa ni indirectamente. Con relación a la tramitación de los expedientes municipales, tanto sancionadores como de obras, no se aprecia la existencia de los elementos del delito de prevaricación, destacando que en la mayoría de expedientes ni siquiera participaron la mayoría de los querellados.
Los argumentos de Vauras
La sociedad Vauras, considerada un fondo buitre, aseguraba que el Ayuntamiento, "de forma ilegal", le paralizó obras de rehabilitación, que ya se habían iniciado en los edificios situados en el número 70 de la calle Urgell, al número 5 de la calle Gítiri y al 98 de la Rambla; cambió la vivienda por trastero en el número 106 de la calle Diputació y al número 12 de la Via Laietana; dictó una orden de derribo "injusta" en la vivienda del número 70 de la calle Calvet; ilegalizó un ático y fijó su derribo en el número 296 de la calle Borrell, y se le denegó una licencia de obras en la vivienda del número 101 de la avenida Paral·lel por "haberse negado a vender este inmueble al Ayuntamiento".