Nueva causa penal contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y tres integrantes de su equipo de Barcelona en Comú. La Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente la querella que presentó la sociedad Vauras Investments y ordena al juzgado de instrucción 18 de Barcelona que no admitió a trámite la denuncia, que investigue las acusaciones de coacciones y de prevaricación administrativa contra Colau y su gobierno, al sostener que habrían amenazado a los titulares de la sociedad con paralizarles las obras si no destinaban una parte de sus propiedades a pisos sociales. La sociedad también los denunciaba por extorsión, que el tribunal rechaza, ya que sostiene que no ha existido violencia, ni tampoco el delito de soborno, ni el de revelación de secretos. Así, ahora el juzgado tendrá que pedir los expedientes bajo sospecha y citar a declarar los investigados, que además de Colau son: Lucia Martín, concejala de Vivienda; Marc Serra, concejal de Derechos de Ciutadanaia, y Fuensanta Alcalá, responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección. La fiscalía, como la magistrada Camen García, no consideraba que hubiera indicios delictivos.
La oposición había reprochado a la alcaldesa su favorecimiento al movimiento okupa ante la ocupación del bloque de la calle Lleida, llamado Bloc Llavors, denunciado por Vauras, y que causó mucha polémica por la actuación de los Mossos. Precisamente hoy, el Movimiento por la Vivienda de los Països Catalans inicia una campaña antirrepresiva, con el lema Os Acusamos, defendiendo a las 22 personas encausadas por el desahucio del Bloc Llavors, con un acto ante el Parlament, y donde se acusa al presidente Pere Aragonès de permitir este acoso.
Expedientes
En la resolución del 31 de marzo pasado y conocida hoy, la sección 8 de la Audiencia de Barcelona, con el magistrado Jesús Navarro de ponente, afirma que "no cuestiona la facultad y la competencia que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, y las personas que actúan en su nombre, para fomentar la consecución de viviendas de alquiler social para preservar la función social de la propiedad", como fija la normativa del Parlamento. "Lo que se censura en la querella —añade el tribunal— y sería repudiable penalmente, de ser cierto, es que se presione a los tenedores de inmuebles con paralizarles licencias de obras y con causarle perjuicios si no acceden a esta pretensión del Ayuntamiento." Por eso, precisa, que al analizar el escrito de la querella y los documentos aportados, estima parcialmente el recurso para que se aclare si se han producido coacciones y el delito de prevaricación administrativa. Se precisa que estas coacciones se podrían haber provocado por parte de Serra, Alcalá y Martin en las reuniones del 31 de octubre de 2019 y del 5 de febrero de 2020.
La sociedad Vauras, considerado un fondo buitre, asegura que el Ayuntamiento, "de forma ilegal", le paralizó obras de rehabilitación, que ya se habían iniciado en los edificios situados en el número 70 de la calle Urgell, en el número 5 de la calle Gitibi y en el 98 de la Rambla; cambió la vivienda por trastero en el número 106 de la calle Diputación y en el número 12 de la Via Laietana; dictó una orden de derribo "injusta" en la vivienda del número 70 de la calle Calvet; ilegalizando una vivienda ática y fijando su derribo en el número 296 de la calle Borrell, y se le denegó una licencia de obras en la vivienda del número 101 de la avenida Paral·lel por "haberse negado a vender este inmueble al Ayuntamiento".
Segunda querella
Por otra parte, mañana martes declara a la interventora del Ayuntamiento de Barcelona como testigo en el juzgado de instrucción 21 de Barcelona por la querella presentada por Associación para la Transparencia y Calidad Democrática contra la alcaldesa Colau por supuestamente haber favorecido entidades afines en la concesión de subvenciones.