En 1951, en terrenos de la masía de Can Puig de Collserola, situada en el camino de la Rabassada a Sant Medir, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès pero propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, se instituyó un orfanato, gestionado por instituciones religiosas, que de puertas afuera era vendido como un proyecto educativo innovador, pero que de puertas adentro se convirtió en un infierno para sus residentes, con una disciplina extrema, maltratos y abusos. Aquel proyecto, que recibió el idílico nombre de la Ciudad de los Muchachos, forma parte de la historia más turbia de la ciudad, y por ello mismo, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamado que se preserve su memoria.
De hecho, todavía quedan restos de lo que fue aquel sórdido orfanato, como edificaciones medio derruidas o lo que en su momento había sido la piscina de un complejo que funcionó entre 1951 y 1977. La institución se creó con la intención de acoger y formar a huérfanos, pero también a otros menores en situación de vulnerabilidad, inspirada en el modelo creado en Estados Unidos en 1917 por el capellán Edward J. Flanagan, con la voluntad de favorecer la inserción social de los residentes por medio de la formación, educación y aprendizaje de oficios diversos. Sobre el papel, se trataba de un proyecto pedagógico que combinaba la acogida con la preparación para el futuro.
Las instalaciones contaban, además de la residencia con dormitorios, comedores y cocinas, con salas de actividades recreativas, aulario, iglesia, sala de cine y teatro, pista de baloncesto, campo de fútbol y piscina. La imagen idílica, sin embargo, ocultaba una realidad siniestra, que se conoció posteriormente de la mano de antiguos residentes. La ejemplar Ciudad de los Muchachos era en realidad un orfanato de pesadilla donde eran habituales los maltratos y abusos en medio de una disciplina extrema, hasta el punto de que los menores, a menudo huérfanos de posguerra o en situaciones de vulnerabilidad, sufrieron situaciones de maltrato físico y psicológico y, en algunos casos, abusos sexuales, además de prácticas habituales de adoctrinamiento religioso y militar. Estas condiciones han sido denunciadas por exalumnos y documentadas en diversas investigaciones.
Reconocimiento de las víctimas y reparación simbólica
En este contexto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamado esta misma semana que el Ayuntamiento impulse actuaciones para preservar su memoria y, asimismo, recomendar al consistorio que valore la instalación de un espacio memorial que explique la historia y las vulneraciones de derechos como forma de reconocimiento de las víctimas y reparación simbólica de estas. La defensoría ha hecho esta petición tras recibir una queja ciudadana en la que se expresaba la disconformidad con la falta de reconocimiento y el estado de abandono de los edificios que habían albergado este orfanato, que funcionó entre 1951 y 1977. Una vez recibida la queja, la Sindicatura comenzó a investigar los hechos y solicitó información a un buen número de órganos municipales con competencias sobre estas instalaciones, actuaciones que le permitieron constatar un conocimiento escaso de la titularidad y la evolución histórica de este orfanato, el estado de abandono parcial que le afecta y el hecho de que no existe ningún fondo documental especial.
En la actualidad, la finca alberga un conjunto de edificios integrados por una masía con una capilla anexa y tres edificaciones adicionales. Acoge una comunidad terapéutica de atención a las drogodependencias gestionada por el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, mientras que el resto de edificios están en desuso desde hace años y presentan un estado avanzado de deterioro. La titularidad del conjunto corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, con gestión compartida entre el Consorci de Serveis Socials y el Consorci del Parc de Collserola.
Además de la recomendación para preservar la memoria del espacio, la Sindicatura también ha puesto a disposición de las personas afectadas la Comisión de Reparación, creada por esta institución en el año 2023 con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de reparación de las víctimas de abusos, violencias y vulneraciones de derechos humanos, ya prescritos, en escuelas públicas y otros centros municipales de la ciudad de Barcelona.