Los abogados del vicepresident Oriol Junqueras y los consellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó han presentado hoy los recursos para sacarlos de la prisión.

Se han presentado dos tipos de recursos. Uno para cada uno y otro conjunto donde se pide desestimar la querella de la Fiscalía y revocar la petición de la fianza.

Los recursos ponen de relieve la situación política actual con unas elecciones a la vista. Califican de desproporcionada la medida de prisión y destacan el "daño reputacional" que puede suponer para un representante político en situación preelectoral y la afectación a los principios que inspiran todo el proceso electoral. Remarca el recurso que "el hecho de que se encuentren en prisión preventiva lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y del conjunto de la ciudadanía a la representación política".

En la alegación conjunta, alegan que los plazos entre la admisión a trámite de la querella y la declaración han generado una situación "de indefensión evidente". Los abogados impugnan el auto de prisión por la inexistencia de competencia para instruir los delitos de los que se les acusa (rebelión y sedición), por la irregular tramitación del procedimiento y procedimientos conexos y por la improcedencia de fijar la supuesta responsabilidad civil con la fianza de más de 6 millones.

El texto del recurso remarca que hay una "respuesta judicial diseminada en diferentes procesos, muchos de ellos coincidentes" que se están investigando en paralelo "para investigar a las mismas personas en foros diferentes", con competencias judiciales incompatibles que "perjudican a los investigados y sus posibilidades de defensa eficaz".

La defensa dibuja lo que califica un escenario "desolador" con "múltiples procesos con objetos total o parcialmente coincidentes, funcionando paralelamente, en jurisdicciones incompatibles". Y es que hay casos abiertos en el juzgado 13 de Barcelona, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y los abogados ponen sobre la mesa que al menos uno de estos tribunales está actuando "sin ser competente".

Parar la fianza

Los abogados rechazan el criterio de la Fiscalía que pide fianza y la jueza la impone. Argumentan que "los mismos hechos y el mismo delito se está investigando al mismo tiempo en el TSJC en un claro bis in idem prohibido". Que ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no se ha determinado ninguna otra fianza. Y que el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, "parece que también se encontraría investigando los gastos relacionados con el referéndum".

La defensa argumenta que la fianza "podría suponer una vulneración del derecho en la propiedad".

Recursos individuales

A nivel individual, los consellers también alegan indefensión. Entre los argumentos hay que entre la citación y la comparecencia para declarar pasan menos de 24 horas y eso provoca "no haber tenido tiempo para preparar la defensa".

La defensa enumera, además, los obstáculos con los que se encuentran: la querella tiene 117 páginas de "relato fáctico y complejo, cargado de valoraciones subjetivas, imposible de asimilar en tiempo récord ni para los profesionales de la defensa ni para los propios investigados"; no hay documental relevante y los delitos son de gran gravedad como la rebelión y la sedición.

En los recursos también se recuerda que había una solicitud de suspensión de las declaraciones hecha el día antes que la jueza no tuvo en cuenta y que Carmen Lamela justifica diciendo que no tuvo conocimiento de la demanda hasta el final de las declaraciones. También, que se empezó las comparecencias sin el abogado de los consellers de ERC, que estaba asistiendo a Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa en el Tribunal Supremo, en un señalamiento que se considera "preferente".

Las alegaciones para sacar a los consellers de la prisión también hacen incidencia en que no hay delito de malversación de fondos porque no ha habido ningún gasto de la partida de los presupuestos para hacer el referéndum y sobre rebelión y sedición, dice que la querella no describe ningún hecho que se ajuste a estos delitos ni que demuestre violencia. Al contrario, todos los hechos que se describen son "claros ejercicios de derechos cívicos contaminados por una sesgada visión de lo que pasó".

Sobre los otros procesos que hay en paralelo destaca que no se ha tomado ninguna medida cautelar y niega la reiteración delictiva y el riesgo de huida.