La comarca de l'Anoia, a 70 quilómetros de Barcelona, cuenta con una población de 117.000 habitantes y una superficie de 86.600 hectáreas, de las que 150, unos 180 campos de fútbol, van camino de estar ocupadas por los nuevos parques fotovoltaicos, aún con autorización previa pero no definitiva de construcción, Matacan, Escribano y Aspillera Solar, con terrenos en los municipios de Bellprat, Sant Martí de Tous y Jorba. La pasada semana, una subcontratada de la empresa Ignis, promotora de los parques, hizo unas exploraciones en la zona que indignaron a la plataforma Preservem l'Anoia, que protestó acusando a la empresa de operar sin permiso en campos aún en siembra, ya que no tiene la autorización definitiva para la construcción.
La empresa de renovables responsable, Ignis (que trabaja junto a la alemana IB Vogt en una joint venture para los parques), que realizará una inversión de 87 millones para conseguir un total de 50 MW de potencia, defiende en declaraciones a ON ECONOMIA que cuenta con "el permiso de los propietarios" para hacer estos ensayos, "que no precisan de licencia de obras" y asegura que algunos "actos vandálicos" han dificultado estos trabajos. Ignis defiende que "tiene firmados acuerdos con el 100% de los terrenos donde se ubican las plantas fotovoltaicas", si bien muchos de los propietarios rechazaron ceder sus campos (y allí no habrá placas). Ignis defiende además que cada planta generará 150 puestos de trabajo durante su construcción, un total de 450, y que durante la vida útil de los parques se mantendrán una decena de puestos directos e indirectos, "además de producir beeficios indirectos por un estímulo de la actividad de la zona".
¿Consenso con el territorio?
Es todo lo contrario a lo que defiende, desde la plataforma Preservem l'Anoia, Martí Senserrich, que defiende que "las renovables se deben instalar con un proyecto consensuado con el territorio" y "no de espaldas a él", como cee que se ha hecho. El proyecto de parques fotovoltaicos se ha hecho de acuerdo al decreto 29/2021 de la Generalitat, que se hizo justamente para llevar a cabo los proyectos y "contar con el territorio", según fuentes de Acció Climàtica, dejando "la expropiación como último recurso", pero según Senserrich el decreto "no protege de nada".
Si bien es cierto que para conseguir la autorización administrativa previa Ignis tuvo que negociar con los propietarios de los terrenos, para Senserrich no es suficiente porque "los principales perjudicados son los trabajadores que arriendan las tierras para trabajar y no los propietarios". Así lo corrobora también Joaquima Marsal, una de las propietarias que se negó a ceder los terrenos y que forma parte de la plataforma. "Tenía unas 6 hectáreas y me ofrecían 1.000 euros al año por ellas y un tiempo después me ofrecieron 2.000. Por 12.000 euros, no me compensaba por el valor emocional que tienen las tierras que trabajó mi padre. Pero aunque me hubieran dado más, no habría aceptado. El principal perjudicado es el agricultor que ahora trabaja allí, cultivando trigo, que se hubiera quedado sin trabajo", desarrolla.
"Por 12.000 euros al año, no me compensaba perder las tierras y que el agricultor que las arrienda deje de trabajar allí", asegura Joaquima Marsal, una de las propietarias que no ha cedido ante la promotora
El decreto de 2021, más proteccionista que la normativa española y que otras comunidades autónomas donde la expropiación es fácil una vez se comprueba que se van a construir energías renovables, que son de utilidad pública, prevé que para conceder una autorización previa de construcción tiene que haber una participación local y disponibilidad del 50% de los propietarios y para conseguir la autorización energética, de la mano de la utilidad pública, tiene que ampliarse al 85% de los propietarios. A ellos se les debe ofrecer la posibilidad de participar como mínimo en un 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación.
"Los vecinos de la zona tienen la oportunidad de adquirir de forma prioritaria participaciones en estos proyectos", defienden fuentes de Ignis, que explican que "los inversores de la comarca podrán beneficiarse prioritariamente de los ingresos generados por la energía producida", así como "los parques generarán ingresos relevantes para los Ayuntamientos en razón de los tributos".
"Los vecinos de la zona tienen la oportunidad de adquirir de forma prioritaria participaciones en estos proyectos", defiende Ignis
De nuevo, el "vínculo a largo plazo entre la empresa y el territorio" es desmentido por Senserrich, de la plataforma, quien defiende que "son inversiones como las preferentes, que si van mal no recibes beneficio alguno". Los vecinos de la plataforma desconfían del futuro de las placas, del impacto ambiental y del posible efecto en la salud de las placas fotovoltaicas, así como ven un peso excesivo de instalaciones renovables en la región, que cuenta también con 4 proyectos de energía eólica pendientes de aprobación y 9 fotovoltaicos en total aprobados por la Generalitat en verano de este año. Además, el cable de alta tensión procedente de las renovables de Aragón, conocido como MAT y que prevé unas altas torres para conectar los cables, también pasará por la comarca.
"La Generalitat ha pasado la pelota de las renovables a las empresas, los propietarios y campesinos. Los empresarios llegan, ofrecen un dinero a los propietarios y ellos dicen "yo firmo, yo no firmo", y después ofrecen más, como si fuera una partida de póker", defiende Senserrich. Tanto él como Joaquima Marsal, cuyo testimonio sirvió para la obra de teatro documental 'Solar' que estos días se representa en Barcelona, aseguran ser favorables a las renovables, pero "el impacto en l'Anoia es demasiado alto, existen otros lugares", defiende Marsal, mientras Senserrich apunta a "la gran cantidad de terreno que no está siendo cultivado" y que podría ser ocupado por estos parques sin el mismo impacto económico.
8 tipos de alegaciones a los proyectos
En el documento con respuesta de los propietarios a los 8 tipos de alegaciones a los parques elaborado por los vecinos, la empresa defiende el cuidado que se tendrá por el patrimonio cultural de la región, por una fauna que asegura no amenazar y por unos campos electromagnéticos que, a la distancia de la población que se encuentran, no supondrían amenaza según la empresa. La alegación más curiosa tiene que ver con el temor a que los inmuebles se deprecien, que rebate asegurando que las placas atraen rutas turísticas en bicicleta o de senderismo. La empresa alega que "no está demostrado, que estas instalaciones temporales, causen estos efectos negativos en el valor económico de los inmuebles cercanos". Y concluye: "es más, últimamente se ha detectado todo lo contrario, ya que se hacen rutas en bicicleta o de senderismo por plantas de energía renovable, que hacen promover el interés turístico rural e incrementar el valor de la zona". "No entiendo que innterés turístico pueden tener unas placas", comenta al respecto Senserrich.
"Se ha detectado que se hacen rutas en bicicleta o de senderismo por plantas de energía renovable", dice la empresa para defender que los terrenos no se devaluarán con las placas
Ignis, en cualquier caso, destaca por encima de todo el valor ambiental de la fotovoltaica, indispensable como la energía eólica en los planes de Catalunya, España y Europa para alcanzar la descarbonización, estos días centro de debate de la COP28 en Dubai ante la emergencia climática acelerada por los combustibles fósiles. Catalunya tiene ahora mismo algo más de 1.800 MW de potencia renovable instalada, casi 10 veces menos que Castilla y León, que lidera el ránking, si bien cuenta con un territorio más extenso y menos poblado. Mientras que España cubrió en 2011 un 42% de su energía a través de renovables, Catalunya tan solo llegó al 14,2% del total y la redujo respecto al 17% del año anterior.
En esta apuesta, Ignis participa con el desarrollo de una cartera de más de 20 GW en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, con el que podría cuadriplicar los 5 GW que gestiona actualmente. Creada en 2015, la empresa la fundó y dirige Antonio Sieira Mucientes, que cuenta con un patrimonio de 330 millones de euros, según ha publicado este año El Mundo, y que fundó en 2004 el partido Por un Mundo Más Justo. Entre los accionistas principales de la empresa se encuentra la familia de Borja Sarasola, ex consejero de Ignacio González imputado en la operación Púnica, según publicó Eldiario.es en 2022. Según su página web, Ignis cuenta con 500 profesionales en 11 países diferentes.