La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, concluye esta semana una etapa de seis años al frente del supervisor, un mandato que expira el próximo 16 de junio y que no puede ser renovado. Su salida obliga al Gobierno a acometer una profunda renovación de la cúpula del organismo, ya que, además de designar a un nuevo presidente o presidenta, deberá cubrir tres vacantes en el consejo.

Fernández fue nombrada en junio de 2020 por Moncloa para sustituir a José María Marín Quemada. Desde entonces ha pilotado algunos de los expedientes económicos más relevantes de los últimos años, desde la fusión de CaixaBank y Bankia hasta la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, pasando por la investigación del gran apagón eléctrico de abril de 2025.

La renovación de la CNMC afecta también a los consejeros Josep Maria Salas y Carlos Aguilar, cuyos mandatos expiran igualmente este mes, además de la vacante que dejó Pilar Sánchez tras presentar su dimisión el pasado febrero. El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, será el encargado de proponer los nuevos nombramientos, aunque por el momento no ha comunicado quién relevará a Fernández.

Fuentes consultadas por EFE señalan que el vencimiento del mandato el próximo lunes no implicará necesariamente una salida inmediata de la presidenta. Hasta que el Gobierno español proponga un sustituto y este complete el proceso de nombramiento, Fernández continuará al frente del organismo.

Entre los nombres que vuelven a sonar para ocupar la presidencia figura Mariano Bacigalupo, una candidatura que ya apareció en las quinielas antes de la elección de Fernández en 2020. Su posible regreso a la primera línea regulatoria no está exento de polémica por su relación con Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica hasta hace dos años.

En una de sus últimas apariciones públicas, Fernández evitó pronunciarse sobre posibles sucesores, aunque sí dejó claro el perfil que, a su juicio, debería reunir quien tome el relevo: capacidad técnica, especialmente en materia de competencia, y sentido común. La todavía presidenta reconoció además que la regulación energética ha sido el ámbito que más dificultades y recursos ha exigido durante su mandato.

No obstante, también reivindicó algunos de los logros de estos años, entre ellos la liberalización del transporte ferroviario y los avances regulatorios en el sector de las telecomunicaciones.

Los grandes expedientes de seis años de mandato

Durante su etapa al frente de la CNMC, el organismo ha firmado algunas de las sanciones más cuantiosas de su historia. Entre ellas destaca la multa récord de más de 413 millones de euros impuesta a Booking en 2024 o los 194 millones de euros a Apple y Amazon por restringir la venta de productos de la marca en la plataforma de comercio electrónico.

Sin embargo, los expedientes que más atención pública concentraron fueron las grandes operaciones corporativas y energéticas. La primera gran decisión llegó en plena pandemia con la autorización de la fusión entre CaixaBank y Bankia. La operación dio lugar al mayor banco de España por volumen de activos y redefinió el mapa financiero nacional. Aquella concentración marcó además el contexto competitivo en el que años después tendría que analizarse la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell.

Precisamente, la opa del BBVA sobre la entidad catalana se convirtió en uno de los asuntos más complejos y controvertidos de la etapa de Fernández. La CNMC dedicó cerca de un año a estudiar la operación antes de autorizarla con compromisos. La duración del análisis fue objeto de críticas por parte de algunos sectores empresariales y financieros, que consideraron que el retraso terminó condicionando el desenlace de una operación que finalmente no prosperó.

Más recientemente, la investigación sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025 ha monopolizado buena parte de la actividad del organismo. Tras meses de análisis, la CNMC impulsó ajustes regulatorios orientados a reforzar la resiliencia del sistema eléctrico y mejorar los mecanismos de control de tensión de la red.

Su informe concluyó que el incidente tuvo un origen multifactorial derivado de una sucesión de eventos que acabaron desequilibrando el sistema eléctrico. Sin embargo, el supervisor evitó señalar un responsable directo del apagón, una conclusión que fue recibida con decepción por parte de algunos sectores.