La patronal fotovoltaica UNEFCAT lanza una ofensiva para firmar la paz con el campo, que se opone de manera prácticamente sistemática a sus proyectos. Este miércoles, en la sala de prensa del Parlamento, presentarán un acuerdo con la Asociación Catalana de Comunidades de Regantes que califican de "histórico" y "de país" y que "da respuesta al bloqueo institucional generado después de la no ratificación del decreto ley 12/2025 y que quiere establecer las bases para una nueva regulación con amplia legitimidad y social", según el comunicado conjunto de ambas entidades.

Mientras que Unió de Pagesos informó a finales de julio de que han presentado alegaciones a 22 proyectos fotovoltaicos  durante el primer semestre del año, el portavoz de la patronal fotovoltaica, Salvador Salat, es partidario de "reformar la ley agraria con el fin de concretar las indemnizaciones previstas a los agricultores" cuando un parque fotovoltaico ocupa espacios de cultivo.

En los últimos años, después de una moratoria que impedía instalar renovables y de un tapón administrativo por la falta de recursos y la avalancha de quejas, Catalunya se ha estancado preocupantemente en el avance de energías renovables. Y es muy dependiente de una energía nuclear que camina hacia su desmantelamiento, que en Ascó y Vandellòs se tiene que acabar de culminar en el 2035. La energía nuclear supone un 60% de la producción y un 40% de la demanda eléctrica del país, mientras que las renovables solo representan un 21,6% de la producción y un 16% del consumo eléctrico. Eso mientras en España ya se supera por término medio la mitad de la electricidad consumida producida con renovables.

En este contexto, son diversos los proyectos presentados por el Govern de Salvador Illa con el fin de agilizar la instalación de energía renovable, que para el 2030 tendría que aumentar las renovables instaladas en un 79,8% con el fin de llegar a la mitad de generación eléctrica con renovables.

El plan más ambicioso para agilizar estos proyectos es el decreto ley 12/2025, al cual Junts e Izquierda se acabaron oponiendo en parte justamente por la actitud crítica de Unió de Pagesos. Desde el campo se pedía preservar la continuidad del campesinado y priorizar terrenos ya degradados o con suelo artificial a la hora de instalar nuevos proyectos. El decreto regulaba el incipiente mercado de baterías de almacenaje y declaraba bienes de interés público superior los proyectos de renovables con el fin de agilizar la tramitación.

La negativa de Junts y Esquerra hizo que el decreto ni siquiera llegara a la votación del pleno y que el Govern lo retirara de la agenda parlamentaria. Y concretaba que se permitían los proyectos fotovoltaicos en terrenos urbanizados y abandonados y en zonas con suelo agrícola de alto rendimiento, siempre que no sea posible una explotación viable y no se supere la producción de 5 MW en estos terrenos. En zonas industriales o logísticas, se permitía instalar renovables sin modificar el planeamiento urbanístico.

Con este acuerdo con los regantes, la fotovoltaica pretende acercarse más a los agricultores con el fin de llegar a un consenso sobre la coexistencia con las renovables. "Hemos empezado con ellos, pero nos gustaría también hablar con Unió de Pagesos y llegar a un pacto similar", reconoce Salat en ON ECONOMIA.