Cuando compaginaba, a mediados de los noventa del siglo pasado, los estudios de Económicas en la UAB, en Bellaterra, con mis primeros pinitos como periodista de economía en el diario comarcal Regió7, en Manresa, esperaba siempre que salieran los libritos del Servicio de Estudios de La Caixa. Eran de tapa blanda, de color marrón clarito, tirando a beige, con un lomo amarillo. Recuerdo especialmente un par o tres sobre pensiones, dirigidos por José Antonio Herce. En esa época aparecieron varios en pocos años: “La Reforma del sistema público de pensiones” (1995), “El futuro de las pensiones en España: hacia un sistema mixto” (1996) y alguno más posterior a propósito del Pacto de Toledo. En todos ellos se cuestionaba la sostenibilidad del sistema público de pensiones y nos advertían de que, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas, hoy estaría quebrado. De eso hace 25 años y aquí estamos.

Esta semana, el Banco de España ha cuestionado la reforma del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, porque considera muy optimistas las previsiones recaudatorias de este como consecuencia de la subida de las cotizaciones sociales. La institución financiera se alineaba así con las amonestaciones de La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que entienden que la reforma eleva el déficit público a futuro, con proyecciones que llegan hasta 2050, de nuevo, a 25 años vista.

Lo de la sostenibilidad del sistema de pensiones parece el cuento de nunca acabar. Los hechos creo que demuestran que con las proyecciones demográficas y de evolución del mercado laboral (migraciones incluidas) hay que ir con mucho cuidado en hacer demasiado caso a los catastrofistas. De hecho, el propio Banco de España, reconoce en su informe que existe una "gran incertidumbre" dado que "el horizonte de cuantificación es muy amplio". "La materialización de cambios en el mercado de trabajo y la propia reacción de los agentes obligarán a reevaluar su alcance en el futuro", apunta la institución.

Lo sorprendente de la última reforma del sistema de pensiones, que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, es que se resuelve sin recortes, como era habitual hasta ahora, sino buscando nuevos ingresos y poniendo especial atención en las prestaciones más bajas. ¡Valorémoslo! Hay que velar también por la sostenibilidad de las familias. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la proporción de población mayor de 65 años en riesgo de pobreza o exclusión volvió a subir en 2022, hasta el 21,3%. 

Las pensiones contributivas son el principal instrumento de redistribución de España por volumen. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad no repercutirán de forma igualitaria entre los distintos tipos de empleados y empleadores, según los respectivos estudios del Banco de España y de Fedea. Impactarán, sobre todo, en las cotizaciones de los trabajadores de edades medianas, alta cualificación, con mayores salarios y que trabajan en grandes empresas. Es decir, a quien más se lo puede permitir.

En mi época de estudiante -vuelvo al principio- tuve la suerte de tener una profesora de esas que dejan huella: Miren Etxezarreta, hoy catedrática emérita de la UAB en Economía Aplicada. Sobre las pensiones recuerdo dos grandes consideraciones. Primera: la trampa que supuso el Pacto de Toledo por 1) separar el gasto en pensiones del resto, 2) que el presupuesto de estas prestaciones deba estar en equilibrio y 3) que deba financiarse exclusivamente con cotizaciones. Si nada de ello lo hacemos con la educación o con la defensa, por ejemplo, ¿por qué con las pensiones?, interpelaba. Segunda: ¿por qué analizamos el debate de las prestaciones de jubilación solo desde la óptica del gasto, y no de los ingresos?

Creo que desde la política y la sociedad civil económica deberían potenciarse dos grandes debates. Uno es preguntarnos, como sociedad, qué porcentaje de nuestro producto interior bruto (PIB) queremos destinar a las pensiones. Eso desde la óptica del gasto. En 2020, último dato disponible según Eurostat, este gasto representaba el 14,5% del PIB, casi igual que la media de la eurozona (14,1%) y por debajo de Francia (15,9%) e Italia (17,6%). El conjunto de gastos de protección social sobre el PIB siguen aún por debajo de la media. Y segundo (desde la óptica de los ingresos), dado que lo relevante no es solo el número de cotizantes, sino el producto que se genera (la riqueza) y cómo se reparte, urgen planes y políticas profundas para incrementar la productividad de la economía española, uno de nuestros grandes talones de Aquiles sobre el que coinciden sin excepción todos los agentes económicos. No podemos esperar más.