La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno supondrá un incremento del déficit de la Seguridad Social en 2050 de un 3,5% del producto interior bruto (PIB), equivalente a 46.500 millones de euros de los actuales, según un informe realizado por Miguel Ángel García Díaz, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, además de director general de la Seguridad Social en el Gobierno Rajoy y viceconsejero de Empleo del primer gobierno andaluz de Juanma Moreno. Según las estimaciones del trabajo, publicado por el Instituto santalucía, las medidas de ingresos aprobadas a lo largo de estos dos últimos años colocarán los ingresos del sistema público de pensiones en 2050 en el 14,4% del PIB y los gastos en un 17,9%, de aquí el desfase de los 3,5 puntos porcentuales (pp) del PIB. La Airef ha estimado que la reforma de las pensiones supondrán un aumento del déficit equivalente al 1,1% del PIB. 

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha cuantificado el gasto en pensiones para 2050 tras la aprobación de la reforma de las pensiones en un máximo del 15% del producto interior bruto, 2,9 pp por debajo del cálculo de los gastos realizado por el autor del estudio. Díaz García declara a ON ECONOMIA que esa previsión resulta poco creíble, pues supondría 1,4 puntos de aumento sobre el gasto actual a pesar de la avalancha de pensionistas del baby boom. “En el periodo 2018-2023 el gasto se ha incrementado en 1,4 pp del PIB y eso sin existir presión demográfica”, remarca.

Los ingresos, que según el estudio supondrán a mediados de siglo 14,4 puntos porcentuales del PIB, procederán en su mayoría de las cuotas que generarán fondos por valor del 10,8% del producto interior bruto y las nuevas medidas aportarán otro 3,6% del PIB. Sin embargo, esta última partida tiene truco, pues según el estudio de García Díaz de esos 3,6 pp, 2,1 serán aportaciones directas del Estado: 1,4 pp procederán de las conocidas como “transferencias por gastos impropios” -unos 18.600 millones de euros de los actuales-, más otro 0,7 pp -9.300 millones- para complementos a mínimos. En un primer informe realizado por Fedea, a la semana de aprobarse la reforma, calculó un déficit de un 5% del PIB, pero en esa ocasión no se contabilizaron los ingresos procedentes de las transferencias por gastos impropios. Por tanto, las nuevas medidas de ingresos aprobadas en la reforma supondrán un aumento de los ingresos de 1,5 puntos del PIB, unos 20.000 millones de euros.

Entre estos nuevos ingresos, el MEI o Mecanismo de Equidad Intergeneracional (una aportación extra de trabajadores y empresas que no computará para las pensiones futuras y se usará para generar una hucha de reserva) aportará un 0,4% del PIB en 2050. La medida de elevar las bases máximas de cotización contribuirá a los ingresos con otro 0,4%; la cuota de solidaridad (un recargo que se aplicará sobre el dinero que cobren los asalariados por encima de la cotización máxima y que tampoco da derecho a mayor pensión) generará otro 0,1% del PIB y otro 0,1% de “otros ingresos”. Sin embargo, de las reformas aprobadas, la que mayores ingresos aportará es la cotización de los autónomos (RETA) que en 2050 generará unos ingresos equivalentes al 0,5% del PIB, unos 6.650 millones de los actuales.

Por la parte de los gastos, el pago de las pensiones contributivas de la Seguridad Social supondrá, según el informe, que en 2050 -en el punto más álgido del baby boom- se empleen fondos por valor del 15,6% del PIB. A ellos se suma 1,5 pp para el pago de otras prestaciones contributivas como la incapacidad temporal o el cuidado de niños. Pero García Díaz añade un gasto más que no se contabiliza dentro de la Seguridad Social: el pago de las pensiones de las clases pasivas (funcionarios), que el informe cifra para 2050 en el 0,8% del PIB. En total, el gasto del sistema público de pensiones en ese año supondrá 17,9 pp del PIB.

En opinión del investigador se debe valorar el conjunto del sistema público de pensiones, sin dejar fuera el colectivo de los trabajadores públicos. Especialmente si se tiene en cuenta que las cuotas de los funcionarios incorporados desde 2018 se ingresan en la Seguridad Social y, sin embargo, las pensiones las abona el Estado y no la Seguridad Social. De hecho, según señala García Díaz, las clases pasivas seguirán en vigor hasta 2058, a pesar de que en esos últimos años la práctica totalidad de los funcionarios cotizarán en la Seguridad Social.

Déficit de 2023

El informe publicado por el Instituto santalucía también hace un cálculo del déficit de la Seguridad Social para este año. Y, al igual que en el análisis para 2050, García Díaz incluye el gasto que supondrá el abono de las pensiones de las clases pasivas, lo que aumenta considerablemente la estimación de déficit para el conjunto del sistema. Así, desde el Gobierno se considera que el déficit de la Seguridad Social este año será del 0,5% del PIB (6.650 millones de euros) dejando fuera las clases pasivas, mientras que el investigador de Fedea lo eleva al 1,6%.

La diferencia entre la estimación de García Díaz y el Ministerio se explica, por un lado, en que calcula un déficit del 0,7% del PIB para el abono de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, 2 décimas superior al de Escrivá. A lo que hay que añadir otro 0,9% de las clases pasivas. En total un 1,6% del PIB, un 1,1% más que la previsión del Gobierno. García Díaz explica que el déficit generado por las clases pasivas procede de la diferencia entre un gasto de 20.000 millones (1,5% del PIB) para este año y unos ingresos de las cotizaciones sociales imputadas (aportación del Estado como empleador) de 5.981 millones de euros (0,6% del PIB).