Yolanda Díaz tiene la habilidad política de conseguir ser protagonista prácticamente todas las semanas. Si no es por una ley o una reforma, hace unas declaraciones contra alguien y vuelve a ponerse en la palestra. Uno de sus trampolines preferidos es la CEOE y, en concreto, su presidente, Antonio Garamendi. Ya recibieron la semana pasada el azote de la vicepresidenta. Pero también recibió a su propio jefe, Pedro Sánchez, y su proyecto para Telefónica, que lidera Marc Murtra.

“El dinero público no está para despedir a nadie”, manifestó Díaz en una carta a la SEPI, la empresa con la que el Estado controla el 10% de Telefónica, entre otras empresas, en reacción al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado para más de 6.000 personas. Quizás sin darse cuenta, la líder de Sumar abrió un debate muy pertinente en la actualidad, mirando especialmente al Gobierno del que es vicepresidenta. ¿Para qué sirve el dinero público?

No pretendo responder la pregunta de una forma general. Por ejemplo, a qué se dedican los presupuestos públicos, qué uso hacen las administraciones del dinero, cuántas duplicidades tienen o cuántos asesores han colocado. Daría para mucho más que un artículo. Quiero hablar del uso del dinero público en el ámbito empresarial privado.

Si Yolanda Díaz dice ahora para qué no deben servir, debe ser que hasta ahora, el uso que ha hecho su gobierno le ha parecido bien. Es decir, que ha estado de acuerdo en que el Gobierno, que ahora quiere entrar también en Talgo, asaltara Telefónica en una operación que le costó más de 2.200 millones de euros para alcanzar el 10%. También debió parecerle bien que lo hiciera para impedir que una empresa saudí, STC, fuera primero accionista y que utilizara su poder en la teleco para cambiar al presidente un sábado.

Telefónica no es una empresa pública sino que es una empresa privada participada por el Estado. Por lo tanto, se debe a muchos otros accionistas

Una vez el Estado ya tiene una participación de Telefónica –pequeña, aunque sea primer accionista–, la vicepresidenta debe creer que se debe gestionar de forma diferente, algo que es más que discutible por muchas razones. La primera es que no es una empresa pública, como puede ser Renfe, sino que es una empresa privada participada por el Estado. Por lo tanto, se debe a muchos otros accionistas.

Pero además, es cotizada, lo que hace que se rija por las reglas del capitalismo más radical. Las empresas que están en bolsa reciben la confianza de los inversores si tienen una línea clara, dan beneficios y prevén que darán más en el futuro. Pero si los mercados financieros consideran que no son lo suficientemente sólidos o su horizonte no está bien definido, son implacables y pueden llevar a una empresa a ser una víctima fácil de una opa o incluso a la quiebra.

Que “el dinero público no esté para despedir a nadie” se puede entender, y, conceptualmente, todos podemos estar de acuerdo. Pero si entras en Telefónica, una empresa que precisamente estaba ya en posición de víctima fácil de los buitres debido a su estructura mastodóntica, como demuestra la entrada de STC, no te puedes quedar a ver cómo el Titanic se hunde. En menos de 20 años, la teleco ha perdido el 80% de su valor en bolsa, mientras veía cómo su negocio se veía fuertemente sacudido a causa de la aparición de decenas de competidores en el negocio de las telecomunicaciones y del cambio radical en el consumo de televisión a raíz de la aparición de Netflix.

Es evidente que los inversores han percibido en los últimos años que Telefónica no ha sabido hacer frente a los cambios en el sector. Ahora, Murtra, con el plan estratégico que presentó hace un mes, quiere cambiar esta dinámica. Y dentro de las medidas previstas, hay un ERE para adelgazar la estructura del gigante español de las telecomunicaciones. ¿Para qué deberían servir los fondos públicos? ¿Para no hacer nada y observar cómo la teleco se sigue hundiendo? Eso supondría acabar perdiendo los 2.285 millones que invirtió

¿Por qué el Gobierno no hace con Telefónica como con CaixaBank y deja trabajar a los profesionales? Quizás así multiplicará el dinero público invertido

No estoy incondicionalmente en contra de que un gobierno pueda entrar en una cotizada. Muchos países europeos, en los que a menudo queremos mirarnos, lo han hecho. Pero no necesariamente por control. Un ejemplo que tiene muchas diferencias, pero que puede servir de lección, es el de CaixaBank. La entrada del Estado fue accidental: el gobierno de Rajoy rescató el sector bancario, con Bankia como entidad a la que destinó más recursos, 22.000 millones. Después la fusionó con BMN y, finalmente, Nadia Calviño pactó con Isidre Fainé la fusión con CaixaBank. La Caixa permanece como primer accionista de la entidad, con el 31%, y el Estado mantiene el 18% a través del FROB.

Si el origen de la participación estatal en CaixaBank es muy diferente del de Telefónica, también lo es su papel en la compañía. En el banco, desde la fusión y desaparición de Bankia, el Gobierno no ha tenido mano. Ha dejado hacer a los profesionales –de hecho, se mantiene el mismo consejero delegado–, ha asumido todas las decisiones del consejo y también ha aceptado despidos. Y el resultado no podía ser más positivo, ya que entre la revalorización de las acciones del banco y los dividendos cobrados por el FROB, el Estado ya ha recuperado el 70% de aquel rescate en Bankia en 2012, que todos pensamos que no volveríamos a ver. ¿Por qué no hacen lo mismo en Telefónica? Que dejen trabajar a los profesionales y quizás un día esos 2.285 millones de dinero público se habrán convertido en más dinero público.