El himno del Barça comienza con el verso “tot el camp és un clam”. El gran clamor actual en Catalunya, con permiso de Lamine Yamal y Hansi Flick, es contra la opa del BBVA al Banc Sabadell. Hace más de un año que se inició la operación, y los empresarios y algunos partidos se habían mostrado contrarios, así como el gobierno español, pero la unidad y unanimidad de las últimas semanas es una rara avis en una operación empresarial y deja algo muy claro: Catalunya no quiere perder el Banc Sabadell. Presión (¿o ayuda?) para Pedro Sánchez y, sobre todo, para Carlos Torres.

Comenzaron los empresarios, hace un mes, enviando una carta al gobierno español para que detenga la opa. Lo destacable era que agrupaba a todos: las cámaras de comercio, Foment del Treball, Pimec, la Cecot, la Fira de Barcelona, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, Femcat, el RACC y Barcelona Global. El Cercle d’Economia, que ha sido más prudente —quizás porque su aún presidente, Jaume Guardiola, fue consejero delegado del Banc Sabadell y anteriormente había trabajado en el BBVA, y con Carlos Torres—, se sumó unos días después y criticó que la operación es contraria al interés general.

Faltaban los políticos. Algunos partidos se habían manifestado, pero no había un clamor. El mismo Govern, del cual se podía esperar que liderara la oposición política a la operación, se mantuvo en un segundo plano, y cedió la bandera antiopa al gobierno español. El ministro de Economía, Carlos Torres, ha sido mucho más duro que Salvador Illa. El clamor ha llegado, pero no ha salido del Govern, sino del Parlament, que a instancias de ERC y Junts, el jueves aprobó reclamar al ejecutivo de Pedro Sánchez que detenga la opa.

El clamor político y empresarial contra la opa en Catalunya no puede ser mayor y no cuenta con contestación al otro lado

El mismo día que se votaba la moción, nos despertamos con un artículo conjunto contra la opa firmado por dos expresidentes de la Generalitat de Catalunya y uno de la Generalitat Valenciana, así como cinco exconsellers de Economía catalanes y uno valenciano, en el Ara. Artur Mas, Ximo Puig, Oriol Junqueras, Pere Aragonès, Jaume Giró, Andreu Mas-Colell, Antoni Castells, Natàlia Mas Guix y el exconseller de economía valenciano Vicent Soler aseguran que es contraria a los intereses generales, especialmente de Catalunya y el País Valencià: “Es momento de actuar con claridad y responsabilidad institucional”, dicen, y recalcan que el Consejo de Ministros tiene argumentos y mecanismos legales para frenar la opa, también previstos en la legislación europea.

La oposición a la opa también es social. Según una encuesta a 1.100 clientes de banca, el 75% está en contra de que el BBVA absorba el Banc Sabadell, porcentaje que roza el 80% entre los encuestados catalanes. Además, dos de cada tres clientes del banco catalán considerarían cerrar su cuenta si se lleva a cabo la fusión. Más de la mitad de los encuestados opina que la opa tendrá un impacto negativo en la sociedad, especialmente en lo que respecta a los empleados y también a los clientes, ya que afectaría negativamente a los servicios bancarios.

El clamor político y empresarial en Catalunya —y también en el País Valencià y, aún menos, a nivel estatal— no puede ser mayor y no cuenta con contestación al otro lado. La CEOE y el PP han intentado mojarse poco, y lo máximo que han hecho ha sido aprovechar para criticar a Pedro Sánchez por la consulta pública. Ni el PNV ha salido a defender una operación que haría más fuerte a un banco con domicilio fiscal en Bilbao. Han dejado solo a Carlos Torres y al BBVA.

Este ambiente pone presión al gobierno español, que analiza la opa para ponerle condiciones, algo que anunciará, previsiblemente, mientras comemos la coca de Sant Joan: está previsto que las apruebe en el Consejo de Ministros del martes 24 de junio, festivo en Catalunya, que puede ser doblemente festivo en función de lo que ocurra en la Moncloa. Pero quizás más que presión, da más argumentos a un Pedro Sánchez, a quien no le interesa la operación y que goza, en este tema, de consenso en contra entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, aunque con formas diferentes.

Torres está solo. Algunas voces dicen que lo mejor que le puede pasar es que las condiciones sean tan duras que tenga que dar marcha atrás

Para quien la presión sí que es ya sofocante es para Carlos Torres. Está solo contra todos. Comienzan a surgir voces que dicen que lo mejor que les podría pasar al BBVA y a su presidente, que se ha puesto al frente de la opa desde el principio, sería que las condiciones del gobierno español fueran tan duras que lo obligaran a dar marcha atrás. Tendría argumentos, podría culpar la intromisión del gobierno español y blandir el informe de la CNMC como la muestra de que en el ámbito de competencia, la operación era viable. Sería una derrota digna.

Podría, con condiciones duras, seguir adelante y que fueran los accionistas quienes tumbaran la oferta. También sería digna; al fin y al cabo, es lo que ha defendido desde el principio, que sean los dueños del banco quienes decidan, y también podría argumentar que le han puesto muchos palos en las ruedas. Pero, según la teoría de que lo mejor que le puede pasar a Torres es que le impidan la opa, lo peor que le puede pasar es que la lleve a cabo y los accionistas acepten la oferta.

Si la opa triunfa, el BBVA tendrá un reto mayúsculo: integrar una entidad —o simplemente gobernarla, si no la puede fusionar porque el gobierno español se lo prohíbe— con unas duras condiciones económicas y oposición social, empresarial y política. Si bien es cierto que esta contestación puede desaparecer en poco tiempo, los compromisos pueden restar mucho atractivo a la operación, y si hay una pérdida de clientes significativa, los números pueden no cuadrar. Si todo ello afecta a la acción, algo que puede ocurrir, ya que acumula una subida de más del 30% desde la presentación de la opa, los inversores se girarán contra Torres, y no tendrá a nadie a quien culpar, ya que habrá sido él quien ha querido ir hasta el final en contra de todos.