Catalunya es, y no de ahora, sino de hace tiempo, el infierno fiscal por excelencia. Y no lo es por accidente. Lo es porque hace años que se justifica cualquier presión fiscal bajo el paraguas de la infrafinanciación, mientras se toman decisiones condicionadas por una deriva populista que evita afrontar el debate de fondo.

Esta afirmación cobra sentido cuando se pone en contexto. Porque el problema no es solo Catalunya en sí misma, sino su posición relativa dentro de España. En un mismo marco estatal, con una normativa común, las comunidades autónomas han ido configurando estrategias fiscales divergentes. Algunas han entendido la fiscalidad como una palanca de competitividad. Otras, como una herramienta recaudatoria casi exclusiva. Catalunya, hoy, se encuentra claramente en el segundo grupo.

La diferencia se hace especialmente visible en el IRPF, el impuesto que impacta de manera directa e inmediata sobre la renta de las personas. Y aquí no estamos hablando de grandes fortunas ni de estructuras complejas. Hablamos de rentas medias. Hablamos de la mayoría. Según datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2024, Catalunya se sitúa entre las comunidades con tipos marginales combinados más elevados en los tramos medios y altos. El resultado es inequívoco: a igual salario bruto, un contribuyente catalán dispone de menos renta neta que en otros territorios del Estado.

¿Cómo se explica esta situación? ¿Tiene sentido tensionar fiscalmente a aquellos que sostienen el consumo, el ahorro y buena parte de la actividad económica? ¿Es coherente reclamar más esfuerzo, más productividad y más dinamismo mientras se reduce el retorno real del trabajo?

Cuando los incrementos de renta quedan fuertemente gravados, el sistema envía un mensaje claro: progresar tiene un premio limitado

Porque el impacto es directo. No es una abstracción. Menos renta disponible implica menos capacidad de ahorro, menos margen para absorber el aumento del coste de vida y una menor autonomía financiera. En un contexto de incertidumbre económica, esta presión se vuelve estructural. Y afecta, precisamente, a aquellos que tienen menos capacidad de escapar de ella.

Pero hay un segundo efecto, más profundo y más preocupante. Cuando los incrementos de renta quedan fuertemente gravados, el sistema envía un mensaje claro: progresar tiene un premio limitado. Este efecto desincentivador no es menor. Afecta a profesionales cualificados, perfiles técnicos y directivos que ven cómo el esfuerzo adicional se diluye en una carga fiscal creciente. ¿Es este el modelo que debe retener talento? ¿Es así como se construye una economía competitiva?

La cuestión no se agota en el IRPF. Catalunya mantiene una presión significativa en impuestos como el patrimonio o las sucesiones y donaciones. Según el Ministerio de Hacienda (datos de recaudación 2024), Catalunya también forma parte del club de las comunidades con una mayor carga en estas figuras, en contraste con territorios que han optado por bonificaciones prácticamente totales. El resultado es una sensación de gravamen continuo a lo largo de toda la vida económica: se paga cuando se genera renta, cuando se acumula y cuando se transmite.

¿Es este el equilibrio que queremos? ¿Es sostenible exigir este nivel de esfuerzo en un entorno abierto, donde la movilidad es cada vez más real?

¿Es sostenible exigir este nivel de esfuerzo en un entorno abierto, donde la movilidad es cada vez más real?

Porque este es un elemento clave que a menudo se menosprecia. La movilidad ya no es una excepción. Es una opción. El teletrabajo, la digitalización y la flexibilidad han reducido las barreras geográficas. La fiscalidad, en este nuevo contexto, deja de ser un elemento secundario para convertirse en un factor de decisión. No es el único, pero pesa. Y cada vez pesa más. ¿Cuántos profesionales están dispuestos a asumir una carga superior cuando pueden optar por alternativas dentro del mismo país?

A todo esto se añade un factor silencioso pero determinante: el coste de cumplir. Según el informe “Paying Taxes 2024” del World Bank, España se encuentra por debajo de la media de la OCDE en eficiencia administrativa del sistema tributario. No solo se paga mucho. Se dedica tiempo, recursos y energía a entender y cumplir un sistema complejo, cambiante y a menudo poco previsible. Este coste invisible penaliza especialmente a pymes y contribuyentes sin capacidad de optimización.

Ante este escenario, el recurso habitual es apelar a los servicios públicos. Y es evidente que hay que financiarlos. Pero esta respuesta, por sí sola, ya no es suficiente. La cuestión no es si hay que pagar impuestos. La cuestión es si el nivel actual es coherente con el retorno percibido. ¿Los ciudadanos sienten que lo que aportan se traduce en servicios, infraestructuras y oportunidades a la altura? ¿O se ha instaurado una desconexión creciente entre esfuerzo y contraprestación?

Porque aquí reside el verdadero riesgo. No es tan solo una cuestión de competitividad: es una cuestión de confianza. Cuando las clases medias —el verdadero pilar del sistema— perciben que son las más penalizadas, el contrato implícito con la administración se debilita. Y cuando este contrato se fragmenta, el sistema deja de ser solo exigente para volverse cuestionado.

¿Queremos un modelo que maximice la recaudación a corto plazo o uno que garantice prosperidad sostenida a largo plazo?

La pregunta de fondo es inevitable: ¿queremos un modelo que maximice la recaudación a corto plazo o uno que garantice prosperidad sostenida a largo plazo? La respuesta no admite evasivas, pero aplazar este debate pasa factura. Y esta factura, como siempre, acaba recayendo sobre los mismos: los ciudadanos que viven y trabajan en Catalunya.