El acuerdo de financiación pactado entre el gobierno del Estado y el de la Generalitat creo que no se puede calificar de otra manera que no sea decepcionante. Después de tantos meses de hablar del tema y desde la prórroga de los trabajos de una Comisión que de momento no ha concretado en absoluto aquellos principios, uno constata que simplemente ha repetido en un documento político lo que ya estaba en el documento inicial, y que lo ha hecho, además, generando confusión. Por tanto, resulta difícil destacar aspectos positivos más allá del hecho de insistir en los propósitos del acuerdo inicial, por haberlos mantenido, a pesar de la reacción hostil que ya en su día provocó la propuesta. Vista la debilidad del gobierno español, no puede despreciarse esta insistencia, como avance del camino que le espera al acuerdo si la legislatura aguanta y se reafirma la voluntad de sacarlo adelante, hecho hoy bastante dudoso.

Son las principales carencias del documento, a mi entender, las siguientes. Una primera es que se supedite la ordinalidad al conjunto de las CCAA, siendo obvio que las que no sean protegidas por este principio, desde una ordinalidad generalizada, buscarán otras compensaciones que harán imposible la financiación, por su elevado coste global, perjudicando el propósito. Un segundo frente abierto es el de la recaudación de todos los impuestos por parte de la Agencia Tributaria de Catalunya, cuando la lógica nos llevaría más bien a un encargo de gestión a la Agencia Estatal tributaria española. Por un lado, porque ya es una Agencia estatal independiente, que financiamos entre todos, y no un servicio funcionarial de recaudación de un Ministerio. Y, por otro lado, porque lo importante no es quién recauda los impuestos, sino dónde va su recaudación.

En todo caso, para que el acuerdo pudiera calificarse de financiación singular, habría que revertir el argumento de que la singularidad no radica en quién hace la propuesta sino en su contenido; en el hecho de que se abra una nueva vía de financiación, complementaria a la tradicional, en la cual el Estado lo recauda todo y transfiere según cuáles considera que son las necesidades de gasto de cada cual, con fuertes dosis de discrecionalidad. La singularidad debería ser la apertura de una vía basada en la capacidad y la responsabilidad fiscal; vía que propone Catalunya para ella, y para quien quiera acogerse y compartir esta exigencia de autogobierno superior.

La singularidad debería ser la apertura de una vía basada en la capacidad y la responsabilidad fiscal

¿Qué podemos esperar entonces de lo que en su día fue un acuerdo de investidura? Pues creo que no demasiado. El PSOE dirá que habrá hecho lo que podía, que no habrá sido mucho, en las circunstancias actuales, a pesar de que la propuesta no llegue a buen puerto. Y, a cambio, poner en peligro rupturas resultará muy peligroso: en Madrid, vista la subida de Vox, y en nuestra casa, porque llevar el país a nuevas elecciones probablemente serviría para consolidar aún más al PSC.

Sorprendería que la Comisión técnica llegara a la foto finish de septiembre con una propuesta liberadora, dada su composición, con dos socialistas valencianos que probablemente frenen la inicial. El gobierno de la Generalitat ha querido reforzarse a favor del cambio con el malestar por la infrafinanciación del País Valencià, olvidando que sus males no son nuestros remedios. Ellos se quejan por pobres, cosa que no deja de sorprender si se observa la realidad económica valenciana, en términos reales, más allá de unas cifras de renta relativa nominal, que tal vez esconden la economía sumergida de los servicios y de su agricultura. Ellos quieren más del Estado por unos recursos que no recaudan, mientras nosotros queremos una mayor parte de los que sí recaudamos. Ellos quieren que se les reconozcan variables por sus supuestas mayores necesidades, mientras nosotros no queremos que nadie estime las nuestras y que nos dejen gastar de lo que ingresamos. Ellos reivindican solidaridad por diferencias entre variables medias territoriales (en renta, educación, servicios) entre ellos y el resto de España, negligiendo las desigualdades internas del socialismo respecto de los conservadores que mandan, mientras que a nosotros nos deben preocupar las personales en una población autóctona y recién llegada, causadas por un modelo productivo que cada vez genera trabajadores más pobres. Mientras tanto, los que tendrían que ser aliados naturales de los catalanes, los isleños, por modelo productivo y crecientes desigualdades internas, sus dirigentes callan ahogados por la obediencia al partido que oposita en Madrid, supeditando a estos intereses partidistas la defensa de los propios del país.

Mal asunto, sin complicidades territoriales externas reales ni voluntad propia de romper las costuras de los descosidos que se han cosido hasta el aburrimiento.