El conflicto entre los reguladores y los gigantes tecnológicos por las tácticas de comercialización de la inteligencia artificial ha escalado drásticamente en Australia. La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) ha presentado una demanda formal al Tribunal Federal contra Microsoft, en una acción que podría provocar multas millonarias y que acusa a la compañía de haber conducido a millones de consumidores australianos hacia un mayor gasto mediante la omisión deliberada de información crucial.

Según la denuncia del regulador, el núcleo de la controversia se remonta al 31 de octubre de 2024. En aquella fecha, Microsoft inició una campaña de comunicación con los usuarios de los planes Microsoft 365 Personal y Familia con renovación automática activa. El mensaje era, según la ACCC, un ultimátum: tenían que aceptar la integración de Copilot, su asistente de IA generativa, que llevaba asociado un incremento sostenido del precio anual del 45% y del 29% respectivamente, o, en caso contrario, tenían que cancelar su suscripción.

Sin embargo, lo que Microsoft no reveló en esta comunicación inicial, según las autoridades australianas, es la existencia de una tercera vía, una opción llamada "Plan Clásico". Esta opción, aparentemente escondida, permitía a los usuarios mantener su paquete de Microsoft 365 con todas las funciones originales, sin la adición de Copilot, y al precio que ya estaban pagando.

Una estrategia deliberada

La presidenta de la ACCC, Gina Cass-Gottlieb, lo ha explicado en un comunicado contundente. "Después de una investigación detallada, alegaremos ante el tribunal que Microsoft omitió deliberadamente toda referencia a este plan y ocultó su existencia hasta que los consumidores iniciaban el proceso de cancelación", afirma la dirigente. Esta práctica, a partir del criterio Cass-Gottlieb, creó una falsa dicotomía que presionó a los usuarios para que aceptaran el servicio más caro por miedo a perder el acceso a herramientas esenciales como Word, Excel o PowerPoint.

Para muchos hogares y pequeñas empresas australianas, Microsoft 365 se ha convertido en un producto básico, casi imprescindible para el día a día. La aprobación del incremento, pues, no fue fruto de una elección informada, sino de una aceptación por defecto ante la falta de alternativas claras. La demanda sostiene que Microsoft envió dos correos electrónicos y publicó una entrada en su blog informando de los cambios, pero que estas comunicaciones fueron "falsas o engañosas" por su omisión flagrante.

La demanda de la Comisión no se queda en una simple denuncia. El organismo busca del tribunal una serie de medidas correctoras de gran alcance:

  • Sanciones económicas ejemplares: Las multas por infringir la Ley Australiana del Consumidor son particularmente severas. Pueden alcanzar los 50 millones de dólares australianos (unos 28,1 millones de euros) o, lo que es más grave para Microsoft, al 30% de la facturación de la empresa durante el período en que se cometió la infracción. Esto podría traducirse en una cifra astronómica.
     
  • Restitución a los consumidores: Se pide que se obligue a Microsoft a indemnizar a todos los usuarios afectados por las cantidades pagadas de más.
     
  • Medidas cautelares: Se buscaría una orden judicial para detener inmediatamente las prácticas comerciales engañosas y asegurarse de que todas las comunicaciones futuras con los clientes son claras, transparentes y ofrecen todas las opciones disponibles.

Esta demanda se inserta en un debate global sobre cómo las grandes tecnológicas integran y venden las nuevas funciones de IA. Microsoft, en su carrera por liderar el mercado con Copilot, parece haber adoptado una estrategia de "integración por defecto" que ahora choca frontalmente con las legislaciones de defensa del consumidor. Australia, con su robusta ley de competencia, se erige como un campo de prueba crucial. Si la Comisión Australiana de Competencia y Consumo sale victoriosa, no solo obligará a Microsoft a cambiar sus prácticas en Australia, sino que podría empujar a reguladores de otros países, como la Unión Europea o los Estados Unidos, a revisar las tácticas similares de la compañía y de otros competidores.

Es una batalla legal que está observada con lupa por toda la industria, ya que podría marcar los límites de lo que se considera una comercialización justa de la inteligencia artificial en productos de consumo masivo. Hasta ahora, Microsoft no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda, pero se espera que su respuesta legal se produzca en las próximas semanas, en un enfrentamiento que promete ser largo y complejo.