La compañía Urbas ha presentado este lunes un concurso de acreedores voluntario de carácter preventivo ante el vencimiento de los plazos legales, con una deuda próxima a los 200 millones de euros. La empresa, del sector de infraestructuras, promoción inmobiliaria, renovables y servicios, ha comunicado la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), defendiendo que su objetivo es garantizar la viabilidad del grupo y proteger los intereses de todos los implicados: trabajadores, acreedores, accionistas, clientes y proveedores.

En un intento por evitar el concurso, Urbas solicitó que, antes de cualquier pronunciamiento sobre este, se resuelva la situación de los dos planes de reestructuración que actualmente están sobre la mesa. La compañía ha dejado claro que, si alguno de estos planes prospera, retiraría inmediatamente la solicitud de concurso. El origen de la situación se remonta al pasado 5 de mayo, cuando Urbas inició las negociaciones con sus acreedores. El 3 de julio, logró formalizar un plan de reestructuración sin quitas que obtuvo un amplio respaldo: el 77% de la deuda nominal, representada por 53 acreedores. La empresa defendió que este plan, que cuenta con el informe favorable de la consultora Álvarez & Marsal, permitiría atender todos los pasivos vencidos.

Sin embargo, el proceso se topó con un escollo. La firma FTI, designada por el juzgado a petición del fondo Roundshield (que posee un crédito contingente), se negó a emitir el certificado de mayorías necesario para solicitar la homologación judicial del plan, impidiendo así su aprobación formal. Paralelamente, el 4 de septiembre, Urbas tuvo conocimiento de que un acreedor había presentado un plan alternativo con una propuesta idéntica a la suya, que también debe ser evaluado por FTI. Ante este escenario, Urbas reitera su convicción de que la homologación de su propio plan de reestructuración es la "mejor alternativa" y recalca su compromiso con una gestión "responsable, transparente y colaborativa". Mientras se espera una resolución judicial sobre los planes, la empresa confía en alcanzar un acuerdo satisfactorio con sus acreedores, dejando el concurso de acreedores como última opción en caso de que todas las negociaciones fracasen.

El corazón operativo de Urbas late en España. La compañía ha centrado sus esfuerzos en la adquisición de suelo estratégico en comunidades autónomas con una demanda residencial sólida y constante. Su cartera de proyectos se extiende principalmente por Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León. En clave corporativa, hace unas semanas, Urbas reforzó su consejo de administración con el nombramiento de Francisco Javier Álvarez Hoyuela y José Manuel Rodríguez García como consejeros independientes.

Álvarez Hoyuela cuenta con más de dos décadas de trayectoria en puestos de alta dirección y está especializado en estrategia empresarial, cumplimiento normativo y creación de valor sostenible. Ha desarrollado su carrera en entidades financieras y en el sector inmobiliario, donde ha liderado servicios de gestión urbanística y planeamiento para promotores. Por su parte, Rodríguez García, abogado en ejercicio, atesora más de 30 años de experiencia en el ámbito jurídico y en sectores como el inmobiliario, energético, financiero y sociosanitario. Su perfil incluye competencias en estrategia corporativa, fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo y expansión internacional. Además, ha fundado y dirigido empresas en España y Portugal y ha formado parte de consejos de administración de compañías de referencia.