En un fallo de gran trascendencia para el futuro del mercado digital, un juez federal de los Estados Unidos resolvió este martes rechazar la petición más drástica del gobierno contra Google, que solicitaba la escisión de su navegador Chrome, al tiempo que impuso una serie de correctivos sustanciales destinados a fomentar la competencia leal en el sector de las búsquedas en internet. El magistrado Amit Mehta, de un tribunal de Washington D.C, dictaminó que el gigante tecnológico, subsidiario de Alphabet, deberá compartir información crucial con sus competidores y abstenerse de firmar pactos de exclusividad para la distribución de su motor de búsqueda.

La resolución judicial establece que Google está obligada a facilitar a rivales calificados el acceso a su vasto índice de búsquedas y a datos agregados y anónimos sobre el comportamiento de los usuarios. Esta información, acumulada durante años a partir de billones de consultas, ha sido un pilar fundamental para que la compañía refine y perfeccione continuamente la calidad y precisión de sus resultados.

Durante el proceso, Sundar Pichai, consejero delegado de Google, manifestó su preocupación al tribunal, argumentando que dicho intercambio de datos podría allanar el camino para que sus competidores revisen y repliquen sus algoritmos y secretos comerciales. Ante la decisión, Google ha anunciado su intención de presentar un recurso de apelación, un movimiento legal que con toda probabilidad prolongará la batalla judicial y retrasará la implementación práctica de estas medidas durante varios años.

Paralelamente, la sentencia prohíbe expresamente a Google celebrar o mantener cualquier tipo de contrato exclusivo que impida la preinstalación de productos de la competencia en dispositivos nuevos. Esta medida afecta directamente a los lucrativos acuerdos de distribución que la empresa mantiene con fabricantes como Samsung Electronics y Motorola, y con operadoras de telecomunicaciones como AT&T y Verizon.

Según lo revelado en el juicio, Google desembolsaba anualmente sumas multimillonarias para garantizar que su buscador fuera la opción predeterminada e inamovible en teléfonos inteligentes y ordenadores. El objetivo explícito del tribunal es evitar que la compañía utilice su poder financiero y estas alianzas estratégicas para bloquear o dificultar el acceso de los consumidores a alternativas en motores de búsqueda, asistentes de voz y, significativamente, en el emergente campo de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

La resolución representa una derrota parcial para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en su demanda inicial había argumentado que la integración de Chrome y del sistema operativo Android constituía un obstáculo insalvable para la competencia y había pedido la desinversión forzosa de estos activos clave.

El juez Mehta desestimó esta petición al considerarla una medida excesivamente radical y potencialmente perjudicial para la estabilidad del ecosistema, los usuarios finales y los numerosos socios comerciales de la compañía. Es importante destacar que el fallo no prohíbe a Google seguir realizando pagos a sus socios por la preinstalación de sus aplicaciones; simplemente le veda asegurar la exclusividad, lo que en la práctica significa que los usuarios podrán encontrar en sus dispositivos nuevos productos de Google junto a ofertas rivales.

El caso, culminación de una investigación de casi cinco años, puso un especial foco en el multimillonario acuerdo entre Google y Apple. Documentos judiciales revelaron que la empresa de la manzana recibe aproximadamente 20.000 millones de dólares anuales por designar a Google como el motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos Safari. El veredicto fue recibido con optimismo por los mercados; las acciones de Alphabet experimentaron un alza del 6% en las operaciones extrabursátiles, mientras que las de Apple subieron más de un 3%.

En un reconocimiento al cambiante panorama tecnológico, el juez Mehta hizo especial hincapié en el impacto disruptivo que la inteligencia artificial generativa está teniendo en el sector, señalando que herramientas como ChatGPT, Perplexity y Claude ya han comenzado a diversificar sustancialmente la manera en que millones de usuarios alrededor del mundo acceden y consumen información. Las nuevas reglas de competencia entrarán en vigor 60 días después de que se registre la versión final del fallo y estarán sujetas a la supervisión constante de un comité técnico independiente designado por el tribunal.