Los sindicatos del sector financiero han enviado una carta al ministro Carlos Cuerpo para mostrar su oposición a la opa del BBVA sobre el Sabadell y pedirle la que impida. La petición se produce en el momento más importante de la operación, pues precisamente este viernes 16 acaba la consulta pública que el gobierno español ha puesto en marcha para recabar las opiniones de la ciudadanía, de empresas y de asociaciones sobre esta opa hostil inédita en el país. Y con todas estas opiniones decidirá si aprueba la compra o si la eleva al Consejo de Ministros. 

En la misiva, la representación laboral asegura que si hay opa y después fusión, el BBVA podría llevar a cabo más de 10.000 despidos y cerraría hasta 800 oficinas, además tendría impacto en el crédito y afectaría gravemente a la competencia, pues solo tres bancos, los más grandes, concentrarían el 70% del mercado. 

Así lo ponen de relieve los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con las Federaciones sectoriales de Banca (FESMC-UGT y la Federación de Servicios de CCOO) en la carta que han presentado al titular del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, en el que dejan clara "su oposición frontal a la opa hostil lanzada por BBVA sobre el Banco Sabadell".

En concreto, Comisiones Obreras y UGT, recuerdan que son las organizaciones sindicales más representativas tanto a nivel estatal como en los territorios más directamente afectados (Catalunya, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia) y tienen una "fuerte implantación" en el sector bancario, por ello, alertan de los riesgos económicos, sociales y laborales que esta operación implicaría.

"La operación no se justifica"

"Tanto el escrito que ambos sindicatos han dirigido al Ministro, como en el análisis elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que los sindicatos han acompañado a su petición, confirman lo que ambas organizaciones vienen denunciando: la operación no se justifica por razones de eficiencia ni competitividad, y, por el contrario, supondría un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad", explican en un comunicado.

En el escrito, indican que una fusión de ambas entidades sería "lesiva para el empleo, el crédito y la cohesión social". Pues, las experiencias recientes en España, así como la literatura económica internacional, muestran que las fusiones bancarias provocan despidos sistemáticamente. Y en el caso del BBVA-Sabadell, implicaría la pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos directos, principalmente de personas mayores de 50 años.

Además, del cierre de oficinas y exclusión financiera. Según sus datos, se prevé el cierre de entre 589 y 883 sucursales, afectando de manera directa a la España vaciada, a personas mayores y a colectivos vulnerables; Asimismo, se reduciría la oferta de crédito y tendría un especial impacto en pymes y autónomos. "Se prevé una contracción del crédito y un endurecimiento de sus condiciones".

Al tiempo que, habría una pérdida de competencia porque la entidad resultante, junto a Santander y CaixaBank, concentraría más del 70% de los activos bancarios del país, acentuando el riesgo sistémico (“too big to fail”) y debilitando la salud del sistema financiero, aseguran.

Una operación ajena al interés general

Por otra parte, CCOO y UGT señalan que desde una perspectiva territorial, esta operación socavaría la cohesión social y económica, debilitando el tejido productivo en comunidades especialmente expuestas. La eliminación de un operador clave como el Banc Sabadell en regiones donde tiene una fuerte implantación (Catalunya, el País Valenciano, Asturias o Murcia) "representa una amenaza directa a la pluralidad del sistema bancario y a su capacidad para servir a la economía real".

Los sindicatos advierten, además, de la irresponsabilidad empresarial que supone destinar miles de millones de euros a mejorar la remuneración del accionariado o a sobrepujar la oferta, en lugar de reforzar el capital y prepararse para los riesgos de un contexto económico internacional incierto.

Por todo ello, creen que el gobierno español debe actuar para impedir una operación que cuenta "con amplio rechazo y perjudica el interés general". UGT y CCOO subrayan que esta opa no cuenta con respaldo social ni institucional. Y que son múltiples los actores que han expresado su rechazo, tanto partidos políticos de todo signo, como gobiernos autonómicos, organizaciones empresariales, asociaciones de pymes y autónomos, "y por supuesto, las principales organizaciones sindicales del país".

Es aquí donde los sindicatos exigen al gobierno de España que adopte las medidas necesarias para impedir una operación rechazada por el conjunto de la sociedad, que amenaza con concentrar aún más el poder bancario, debilitar la competencia, destruir empleo, encarecer el crédito y agravar la exclusión financiera. "Ni las personas trabajadoras, ni las empresas, ni los territorios necesitan más concentración bancaria. Lo que necesitan es una banca comprometida con la economía productiva, el empleo y el desarrollo equitativo", concluyen.