La opa del BBVA al Sabadell ha sido polémica desde el principio y ahora que se encuentra en su recta final, esta polémica es, si cabe, aún mayor. Desde el inicio ha generado mucho revuelo por su carácter hostil, nunca antes una operación no amistosa ha tenido éxito y así se ha visto con la del Banco Bilbao sobre Banesto o la de Gas Natural (ahora Naturgy) sobre Iberdrola.
La opa, además, se lanzó a tres días de las elecciones catalanas, siendo el Sabadell un banco catalán. Lo que hizo que entrara en campaña y pasara a la esfera política, de donde no ha salido en los últimos doce meses. Tanto es así, que después de recibir 27 autorizaciones (la última la de la CNMC) el gobierno español decidió lanzar una consulta pública, algo inusual, que nunca antes se había hecho. Ya que se trata de una medida que se usa antes de aprobar leyes y normativas.
El BBVA recibió el visto bueno de la CNMC el pasado 30 de abril, pasando el testigo al gobierno español, quien debía decidir en un plazo de 15 días si la aprobaba (aunque podía añadir condiciones) o si la elevaba al Consejo de Ministros. Y en medio de esta dicotomía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el lunes 5 de mayo durante su discurso inaugural de la Reunión del Cercle d'Economia que abriría una consulta pública previa para saber la opinión de ciudadanos, empresas y asociaciones sobre la opa hostil del BBVA al Sabadell.
La consulta pública acaba este viernes
En efecto, un día después, el 6 de mayo, la consulta se publicaba en la web del Ministerio de Economía, desde donde se abrió un plazo de siete días hábiles para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones, sobre la operación, que acaba este viernes 16 de mayo.
La consulta consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4 y se acompaña de un buzón para aportar información adicional. Con ella, el gobierno español pretende obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros, un proceso que duraría 30 días más.
Esta consulta ha sido polémica desde su anuncio, pues hay voces críticas que opinan que el gobierno central no debe entrometerse en las operaciones de empresas privadas, más si cabe después de que la CNMC (que estudia el impacto en competencia) haya dado por buenos los compromisos presentados por el BBVA para poder llevar a cabo la operación.
La consulta no es vinculante
Por el contrario, decenas de patronales y asociaciones han aprovechado para postularse y presentar su opinión en contra de la opa en esta consulta pública, ya que no habían tenido oportunidad antes. E incluso el empresariado catalán envió una carta a Pedro Sánchez para que frenara la opa del BBVA al Sabadell y han promovido una participación masiva en la consulta.
La consulta, sin embargo, no es vinculante. Y, por tanto, el Ministerio de Economía la utilizará solamente para tomar el pulso a la opinión pública y después decidir si la eleva al Consejo de Ministros, donde se debatiría si se rechaza la opa hostil contra el Sabadell o si se aprueba y, en este caso, qué requisitos exigirá al banco opante. Podría limitarse a recoger las propuestas planteadas por la CNMC o establecer otras distintas.
En el caso de que los remedies del gobierno fueran mucho más exigentes que los pactados con la CNMC, el BBVA ya ha advertido que podría terminar retirando la opa. Aunque su deseo es que prospere y los accionistas del Sabadell puedan decidir pronto si aceptan la oferta de canje propuesta, tal y como ha dejado claro esta semana dos veces. En un artículo de opinión y en una carta enviada a sus trabajadores.