La subsistencia, aunque ha reducido su peso sobre el gasto total en los últimos años, todavía se lleva casi la mitad del gasto de los hogares catalanes. Así lo muestran los datos de 2024 publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE): el 34% del gasto de los hogares catalanes se lo lleva la vivienda y el 15,3% la alimentación. En total, un 49,3% que, aunque es un coste muy elevado, es inferior al 50% por primera vez desde el año 2019, el año anterior a la pandemia.

Por aquellas fechas, la vivienda se llevaba un 38% del gasto de los hogares catalanes, un máximo que después ha ido bajando durante los años posteriores.

Los hogares catalanes gastan en total 37.409 euros cada año, un 9,2% más que en el 2023. Cada persona gasta 14.746 euros, un 8,5% más que el año anterior.

 

 

La tercera actividad que acarrea más gasto, a pesar de los descuentos aprobados en los últimos años por el Gobierno, es el transporte, que se lleva el 10,8% de nuestro gasto.

A pesar del elevado esfuerzo al subsistir, los catalanes se gastan cada vez más en ocio y restaurantes, actividades que también han subido mucho de precio en los últimos años, y la cifra del 14,2% del gasto es la más elevada desde el año 2018.

Los restaurantes, de hecho, son la cuarta actividad a la cual dedicamos más gasto, un 8,5%, por delante del ocio, deporte y cultura (5,7%), la ropa (un 4,3%), la sanidad (3,9%), los seguros (3,9%), muebles y hogar (3,6%), cuidado personal (3,5%), comunicaciones (3,2%) y educación (2,1%). Un 1,1% del gasto se lo lleva el alcohol y el tabaco.

Solo un 25% de los impuestos de vivienda se dedican a políticas habitacionales

Si para los catalanes la vivienda es una de las grandes prioridades a la hora de gastar el dinero, no lo es para las administraciones. A pesar del esfuerzo anunciado en los últimos años por incrementar la inversión en vivienda, ni siquiera la mayoría de los impuestos recaudados en materia de vivienda se dedican a políticas residenciales. Las administraciones públicas recaudaron cerca de 5.000 millones en impuestos relacionados en la vivienda el año 2023, de entre los cuales solo el 25%, 1.500 millones se destinaron a vivienda pública y ayudas vinculadas. Así lo muestra el estudio de la cátedra del Grupo Tecnocasa - UPF de Análisis del Mercado de la Vivienda sobre recaudación y gasto público en vivienda.

El estudio analiza la recaudación de 14 tributos entre el estado, la Generalitat y los 51 municipios con más de 25.000 habitantes. Hay el IVA que va al estado y el tributo de actos jurídicos (AJD) en transacciones de viviendas nuevas. En los de vivienda usada está el impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU), el AJD, el de sucesiones cuando es una herencia y el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Y después están los 5 impuestos a construcción y urbanismo, entre licencias, construcciones, cédulas y otros servicios, todos ellos municipales, y los impuestos en la propiedad, entre los cuales está el IBI, municipal, el de patrimonio y el de viviendas vacías, autonómicas, y el IRPF, una parte para el estado y el otro para el Govern catalán.

Los municipios catalanes recaudaron 2.300 millones de euros, la Generalitat 2.100 y el estado 213 millones. Los municipios destinaron el 22,2% del recaudado a políticas de vivienda y el Gobierno solo un 12,3%. Barcelona es la ciudad que más ha recaudado, 1.900 millones de euros, y también la que más ha invertido, 547. En el extremo opuesto hay Sant Cugat del Vallès o Sitges, que con una elevada recaudación por vivienda (superior a los 2.500 euros en algunos casos), destinan menos del 15% a políticas de vivienda.

El estudio recuerda también que en España solo un 1,13% del parque de viviendas se destina a alquiler social, muy por debajo de la media de la OCDE (7,75%) y muy lejos de referentes europeos como Países Bajos (37,7%), Austria (23,6%) o Dinamarca (21,2%). Mucha de la vivienda protegida se ha ido perdiendo en el mercado con el paso del tiempo. Y sugiere que si en los 10 próximos años se destinara el 75% de la recaudación por vivienda a políticas para este servicio, se podría eliminar el déficit de vivienda pública en España.