Hasta ocho aerolíneas españolas no permiten a sus clientes pagar con dinero efectivo durante el vuelo, obligándoles, por tanto, a hacer sus compras a bordo (comida o regalos) con tarjeta, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios. En concreto, la OCU apunta a Iberia, Iberia Express, Air Europa, Iberojet, Plus Ultra, Volotea, Wamos Air y World2fly, a quienes ha denunciado ante las direcciones generales de Consumo de Cataluña, Baleares y Madrid.

Según explica la Organización en un comunicado, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se modificó para considerar como una infracción en materia de consumo que las aerolíneas se nieguen a aceptar el pago en efectivo como medio de pago. Y dicha modificación entró en vigor hace ya nueve meses, en concreto, el 28 de mayo de 2022.

Desde la OCU consideran que además “ya no existen razones sanitarias que justifiquen la limitación de uso del efectivo” como ocurría el primer año de pandemia. Y, sin embargo, sí supone una situación en la que se genera “una especial vulnerabilidad hacia el consumidor”. Pues hay personas que no quieren o pueden hacer sus pagos con dinero de plástico.

Bajo su perspectiva, mantener la obligación de pagar con tarjeta "supone actuar en contra de la normativa de aplicación y de las buenas prácticas comerciales". Por ello, en octubre de 2022 solicitó a estas ocho compañías aéreas que anularan esta política. Al no recibir respuesta, revela la OCU, han decidido dar un paso más y acudir a las direcciones generales de Consumo de Cataluña, Baleares y Madrid -donde están ubicadas las sedes sociales de estas ocho aerolíneas- para que inicien expedientes sancionadores y, en su caso, les impongan las multas legalmente establecidas que oscilan entre 150 y 100.000 euros.

La infracción puede ser considerada como grave e imponer, por tanto, la sanción máxima, si la administración competente considera que, dentro de la aeronave, las necesidades de los consumidores no se pueden cubrir de otra manera, explica la organización.

Cuatro de estas ocho aerolíneas son las que mueven mayor tráfico de pasajeros en España. Tras Ryanair y Vueling, que son líderes en el país, se sitúa Iberia que el año pasado alcanzó los 16,9 millones de clientes. Le siguió Air Europa con 13,07 millones, Iberia Express con 6,2 millones y Volotea con otros 1,3 millones.

Las aerolíneas cobran por atender por teléfono

A finales de diciembre, otra organización de consumidores -Facua- también denunció a 16 aerolíneas (algunas de las mencionadas antes) por incumplir la normativa y cobran a los clientes que llaman por teléfono para realizar consultas o reservas. En este caso, la denuncia fue dirigida ante el ministerio de Consumo de Alberto Garzón.

Según explica Facua, dos años después de la puesta en marcha de la normativa – que obliga a estas compañías disponer de teléfonos gratuitos de atención al consumidor sin coste- solo 12 aerolíneas la cumplen. Ryanair y Jet, por ejemplo, cambiaron su conducta tras la llamada de atención de la organización.

Sin embargo, otras 16 firmas siguen actualmente cobrando a sus clientes. Es el caso de Blue Air, Binter, Canary Fly, Iberia, Wizzair, Volotea, Air Europa, Condor, Easyjet, Finnair, Iceland Air, SAS, Transavia, Wamos Air y EgyptAir.

La ley que obliga a las aerolíneas a ofrecer un servicio gratuito para atender a los que ya son clientes o pueden ser potenciales clientes, lleva en pie más de dos años. En concreto, desde diciembre de 2020, cuando entró en vigor el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con el que se aprobó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

En dicho artículo se recoge que "en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen".