El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido a la Comisión Europea una prórroga para contestar al requerimiento que le hizo sobre la opa del BBVA sobre el Sabadell. El plazo de Bruselas era de dos meses y acababa hoy, pero Moncloa pidió el pasado 12 de septiembre unos días más con la intención de dar respuesta a las distintas cuestiones planteadas en la carta de emplazamiento y espera tener respuesta de la CE en los próximos días, según confirman fuentes del Ministerio de Economía.

Hay que recordar que el pasado 17 de julio, la Comisión Europea comunicó que había decidido abrir un procedimiento de infracción contra España por las condiciones que el Gobierno español había puesto a la opa del BBVA sobre el Sabadell. Unas condiciones -basadas en el interés general- que el ministro Carlos Cuerpo trasladó al banco que preside Carlos Torres el 24 de junio tras aprobarse en el Consejo de Ministros. Y que incluyen, por ejemplo, que no haya fusión entre el BBVA y el Sabadell en un plazo de entre 3 y 5 años, aunque la opa salga adelante.

El Ejecutivo había advertido que miraría con lupa estas condiciones y finalmente, consideró que España podría haberse extralimitado de sus funciones al poner tantas trabas a la compra del banco catalán por parte del de origen vasco. En concreto, la Comisión Europea consideró que las leyes en las que se basó el Consejo de Ministros español para imponer condiciones a la opa, son adicionales a las de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y no se ajustan a la normativa comunitaria.

Por todo ello, concluyeron que el gobierno español fue demasiado y aclaró que solo el Banco Central Europeo (BCE) y la CNMC tienen potestad para imponer condiciones a la opa. En este contexto, abrió un procedimiento y dio un plazo de dos meses a Moncloa para aclarar ante la Comisión Europea y el resto de instituciones comunitarias las posibles diferencias jurídicas que hay con el Gobierno español.

Bruselas no cuestiona la actuación concreta del Consejo de Ministros respecto a la opa, sino que la legislación española no esté lineada con el Derecho de la UE. Y por ello, en el expediente contra España se acusa los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno español para poder frenar operaciones como la opa de BBVA al Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general.

En este plazo de dos meses, el Gobierno central debía responder las inquietudes de la CE, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesitan un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención de Moncloa en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.

El objetivo de Bruselas es que España corrija los fallos detectados en las directivas, pero Moncloa ha pedido ahora algo más de tiempo para justificar su actuación.