La Asociación de Agentes Inmobiliarios API ha presentado este jueves una propuesta de pacto catalán por la vivienda que implique a los diferentes colegios de profesionales que están "a pie de calle" y "conocen el mercado", según palabras de la presidenta del Colegio (COAPI) de Barcelona, Montse Junyent. Sus propuestas principales implican agilizar la construcción y la reutilización de espacios e incentivos fiscales a los propietarios, entre otros, pero renuncian a pedir la derogación del tope a los alquileres

"No lo pedimos porque queremos ser realistas. Es hacer la carta a los reyes y no es viable en el contexto actual, sabemos que tenemos que convivir con ello", se ha resignado Junyent. El vicepresidente primero de COAPI, Guifré Homedes, de Amat Immobiliaris, ha pedido, eso sí, "repensar" las zonas de mercado tenso, ya que "no todas las zonas son iguales que Barcelona" y, en algunas de ellas, "casi no hay demanda". Además, también ha hecho hincapié en "revisar" la figura del gran tenedor, que según han lamentado los presentes genera confusión entre los propietarios. 

Según la web de la Generalitat, grandes tenedores son las entidades financieras, fondos y personas que tienen más de cinco viviendas en zonas tensionadas o más de diez viviendas en el estado, con excepciones como los promotores sociales, los que tengan más del 15% de vivienda en protección oficial de alquiler y entidades sin ánimo de lucro que tengan vivienda para personas vulnerables. Estos grandes tenedores deben entrar a formar parte de un registro y tienen algunas obligaciones diferentes en el mercado del alquiler, como por ejemplo un tope más estricto al precio.

La agilidad administrativa, el incentivo fiscal para quienes pongan pisos para alquilar (hace poco Pedro Sánchez aprobó una exención fiscal para quienes lo pusieran a precio regulado) y "garantizar la seguridad jurídica" ante la ocupación de viviendas son las principales demandas de la API, aunque el foco de su comparecencia era el de crear una mesa con los actores principales y proponer este "pacto transversal" común.

"No ha habido interlocutores de los operadores que actúan en el mercado. Las normas se han hecho de espaldas a nosotros y a arquitectos", ha lamentado Junyent, aunque la API se reunió el pasado septiembre con el presidente del Govern, Salvador Illa, y han sido incluidos con cuatro personas entre los 53 miembros del consejo asesor de vivienda del cual hace pocos días el Govern designó formación y funcionamiento. Junyent ha dicho que el consejo "es bueno, pero no es eficaz" y "no es representativo". Cree que hace falta una "negociación directa con los agentes" a la hora de hacer las leyes. 

Los agentes han lamentado que los cambios normativos generan miles de consultas por confusión, que se han disparado en los últimos años, y apuntan que la falta de seguridad jurídica en el mercado de alquiler "hace que los propietarios se marchen del alquiler al mercado de la venta", en palabras de Homedes. En Amat, han perdido un 40% de los pisos de alquiler, muchos al mercado de compraventa y otros por herencia, pero no tanto al alquiler de temporada, que se ve más representado en los portales on-line porque "los pisos de alquiler ya no llegan a estos portales". 

"Los pisos hace meses que no llegan a los portales, se alquilan por el boca a boca y no ponen anuncios", ha explicado Carles Sala, portavoz y director del Área Jurídica de los API de Catalunya. Sala además ha señalado que las cifras de venta "están en niveles de 2007", pero "con una gran diferencia, que en Catalunya aquel año se construyeron entre 70 y 80.000 viviendas y ahora se hacen 15.000". Por eso, han pedido agilizar los trámites de construcción, con el fin de facilitar también que se llegue a las 50.000 viviendas públicas hasta 2030 que ha prometido el president Illa.