La Comisión de Territorio de la Generalitat ha aprobado este miércoles el texto definitivo que irá a votación la semana que viene para regular el alquiler de habitaciones y el de temporada, que consiguen esquivar los topes de precios. Como ya acordaron el pasado mes de abril, darán apoyo la CUP, Esquerra, los Comunes y el PSC; partido del Gobierno. Pero el Partido Popular de Catalunya (PPC) ya ha avanzado que recurrirá el texto a la Comisión de Garantías Estatutarias, de forma que puede quedar paralizada y pendiente de este organismo. 

La regulación de pisos de temporada y por habitaciones es una insistente reivindicación de los colectivos de vivienda, que después de que su presión para regular los precios del alquiler tuviera efecto, veían en estas modalidades una vía de escape. En los portales inmobiliarios, la oferta de temporada es mayoritaria y evita los topes de los precios. 

El nuevo proyecto de ley determina que la suma del precio de habitaciones no puede superar el precio total del alquiler de una vivienda y que los únicos inmuebles que esquivarán el tope son los turísticos o de temporada de vacaciones, y no aquellos destinados a personas que vivirán por un período corto en Cataluña. Los municipios, además, podrán decidir si permiten o no pisos de temporada. 

El texto incorpora también un nuevo cuerpo de inspectores para comprobar el cumplimiento de esta regulación y de las previas, como la del alquiler, que establece precios máximos para las viviendas de alquiler en zonas tensionadas. 

Y también prevé prorrogar la calificación de los pisos de protección oficial que estén en zonas de mercado tensionado de vivienda.

El Congreso de los diputados, en Madrid, también ha reactivado la regulación de los pisos de temporada a nivel estatal, impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG.

Aunque consideraron la proposición de ley el pasado diciembre de 2024, ahora han puesto en marcha la primera ponencia a puerta cerrada con los grupos parlamentarios para que se puedan introducir enmiendas. Y se reunirán el próximo 11 de noviembre.

Todo ello va dando cumplimiento a la ley de vivienda de 2023, que abría el camino hacia una regulación de precios que no se concretó hasta principios de 2024, cuando se aprobó el índice de referencia de precios, al que se podrían acoger las comunidades autónomas que lo eligieran. Cataluña fue el primer territorio en sumarse y aprobó en marzo de 2024 la regulación en 140 municipios tensionados, a los que se sumaron 131 más en octubre de 2024. 

Las patronales inmobiliarias siempre se han opuesto de manera frontal, ya que consideran que la regulación expulsa a los inversores y desincentiva el alquiler residencial, que es muy necesario por la falta de oferta disponible. Desde que está en vigor la ley, la oferta ha caído, pero también lo han hecho los precios y los inquilinos están protegidos de grandes subidas en las renovaciones de alquiler, ahora limitadas.