La profesionalización de la empresa familiar en España, con prácticas formales de gobierno, planificación y control, es una asignatura todavía pendiente para algunas compañías. El nivel de profesionalización es muy desigual. A estas alturas, una de cada seis empresas familiares (60%) ha implantado un modelo estructurado en su gobernanza para profundizar en la gestión profesional, ordenar estructuras y separar claramente los roles de propiedad, gobierno y gestión.

Este casi 60% de empresas familiares profesionalizadas proviene de la suma de un 17% de compañías que tienen un modelo altamente profesionalizado y de un 40% que cuentan con un modelo estructurado intermedio de profesionalización, que incluye características como la separación entre presidencia y dirección, unas cuentas auditadas de manera sistemática, un consejo de administración formal y activo, y empresas que disponen tanto de una constitución (lo que se conoce como protocolo familiar, para determinar aspectos como la incorporación de los familiares a la gestión, los criterios de sucesión, la transmisión del capital) como de un consejo de familia. 

Esta es una de las conclusiones del informe La profesionalización de la empresa familiar, elaborado por el Observatorio de la Empresa Familiar de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) en colaboración con Comertia y The Skeye. En la investigación se han analizado los resultados de una encuesta a 1.200 compañías, un 75% de las cuales tienen la sede en Cataluña.

El estudio muestra también que una de cada tres empresas (30%) tiene un modelo en proceso de profesionalización, y un 10%, un modelo informal con niveles muy bajos de profesionalización. 

El consultor Jordi Tarragona ha manifestado este miércoles durante la presentación del informe que “la profesionalización de la empresa familiar no es un objetivo, sino un medio para garantizar al máximo su continuidad”. No en vano, un 30% de las empresas no llegan a la segunda generación. Tarragona remarca que no se puede profesionalizar la empresa, su gobierno y dirección, sin profesionalizar a la familia.

Faltan expertos independientes en los consejos

En cuanto a las prácticas de profesionalización más implantadas, la más extendida es la auditoría de cuentas, presente en el 62% de las empresas. Además, el 52% de las compañías dispone de un Consejo de Administración o un Consejo Asesor. De estas, solo el 39% tiene un consejo con presencia significativa (25% o más) de miembros independientes que, según los expertos, es un elemento clave para introducir criterios externos o reducir el riesgo de sesgos familiares.

"Las prácticas vinculadas al cumplimiento normativo y al control básico, como la auditoría de cuentas o la alineación de la retribución de los familiares con criterios de mercado, están relativamente extendidas. En cambio, las prácticas asociadas a un gobierno más avanzado presentan niveles de implantación claramente inferiores, a pesar de su elevado impacto potencial sobre la continuidad de la empresa”, ha explicado el economista Oriol Amat, director del Observatorio de la Empresa Familiar de la UPF-BSM.

Por otro lado, la separación entre la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva (CEO) se da en el 46% de las empresas que cuentan con consejo. El informe también destaca que la implantación de mecanismos específicos de control avanzado, como el comité de auditoría, es todavía “muy limitada”, ya que solo el 15% de las empresas con consejo dispone de este órgano.

Gobierno familiar y propiedad

Otra de las principales conclusiones es que solo el 36% de las empresas dispone de una constitución familiar (protocolo) formalizada (y el 59% la ha actualizado en los últimos cinco años). Por otro lado, solo el 35% de las empresas cuenta con un consejo de familia constituido. "Sin profesionalizar a la familia no se puede profesionalizar la empresa", es decir, el órgano de gobierno debe aportar fortalezas a la compañía y sus componentes deben estar capacitados e implicados, indica Tarragona.

“Esta ausencia de un órgano específico de deliberación familiar dificulta la separación de espacios entre familia, propiedad y empresa, e incrementa el riesgo de que los conflictos familiares se trasladen a la gestión empresarial”, ha apuntado Amat.

El informe destaca que aún es más reducida la implantación de prácticas orientadas a la mejora continua del gobierno. Solo el 25% de las empresas evalúa periódicamente el funcionamiento de los órganos de gobierno, tanto empresariales como familiares.