El Banco de España saca los colores a la banca. Pese a que las entidades financieras pusieron en marcha un Protocolo de común acuerdo con el Gobierno a principios de 2022 para mejorar la atención en las sucursales, sobre todo hacia las personas mayores, priorizando su atención presencial y el servicio ventanilla, ha vuelto a subir este año el número de clientes que denuncia tener problemas en sus oficinas bancarias. Las quejas se centran sobre todo en la atención en ventanilla y la limitación de horarios.
El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos revela en un Estudio sobre los hábitos en el uso del efectivo que un 44,3% de los encuestados declaró el año pasado tener dificultad para operar en su oficina bancaria. Pero este año la cifra ya asciende al 55% del total, es decir, más de la mitad de los encuestados está descontento con el trato.
El dato más revelador de este estudio que realiza el Banco de España por segundo año consecutivo es el de la limitación del horario de atención al público en ventanilla. Los que declaran tener problemas son ahora el 30% frente al 27,6% del año pasado, ya que dicho horario cada vez en más reducido. Lo mismo ocurre con las comisiones por hacer operaciones en ventanilla, pues sube del 5,5% al 6% quienes denuncian estar molestos con las comisiones aplicadas por su banco por ingresar dinero en efectivo en caja y no en cajero.
Se trata de datos, que a priori, deberían haber mejorado. Pues en el último año, la banca no solo ha puesto en marcha el Protocolo antes mencionado, que llegó tras la polémica del jubilado Carlos San Juan (que denunciaba un trato injusto por parte de la banca hacia los mayores ante el avance de la digitalización) sino que también se comprometió a facilitar el acceso al dinero en efectivo, sobre todo en las zonas rurales.
Sobre esto también se pronuncia el Banco de España en su informe, donde revela que el dinero en efectivo es el medio de pago utilizado por casi la totalidad de la población. Actualmente, lo usa a diario el 65% de las personas, una cifra más alta que hace un año, y que aumenta a medida que se incrementa la edad. De hecho, alcanza el 77% en el caso de los mayores de 55 años.
Por este motivo, el propio Banco de España trabajará con el futuro Gobierno "para promover un plan que evite la exclusión financiera de aquellos colectivos sociales más afectados por los cierres de oficinas y cajeros automáticos". Sobre todo, en los territorios con menor población, según recoge el acuerdo de Gobierno que el PSOE y Sumar alcanzaron este martes.
Un reciente estudio de KPMG y Funcas advertía de que la banca seguirá reduciendo sucursales en los próximos años, pese a que ya han cerrado más de 28.000 desde la crisis financiera de 2008. Solo en la pandemia (entre 2020 y 2022) unas 4.300 por el avance de la digitalización y las fusiones de CaixaBank con Bankia y de Unicaja con Liberbank. Y quienes más están notando y notarán la falta de oficinas es la España rural.
Por este motivo, las asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) se comprometieron en 2022 a combatir la exclusión financiera en el ámbito rural, es decir, a no dejar a ningún municipio sin servicios tan básicos como la retirada de efectivo a través de alianzas con Correos o mediante la instalación de cajeros multimarca. Pero el informe del BdE pone también en evidencia que esto se esté consiguiendo, pues indica que “los puntos de retirada de efectivo se perciben más alejados que en 2022, especialmente en los municipios sin acceso a oficina bancaria estable”.
En el acuerdo del PSOE y Sumar, también se incluye el propósito de “eliminar las comisiones que cobran los bancos por la retirada de efectivo en ventanilla”. Aunque las entidades aseguran que ya no las cobran y Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, ya había anunciado que “trabajaría” en eliminarlas hace cuatro meses.
En declaraciones a este medio, las propias asociaciones y patronales bancarias aseguran que no se puede hacer nada para obligar a los bancos a no cobrar por ello, porque entonces se “interfiere” en su política comercial y podría haber problemas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que evalúa que exista competencia entre las entidades.