En respuesta a una de las crisis sociales más importantes de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una iniciativa legislativa histórica para regular el mercado de alquileres temporales a escala comunitaria. Esta medida, presentada durante su discurso sobre el Estado de la Unión Europea (SOTEU), se presenta como un eje fundamental del próximo Plan Europeo de Vivienda Asequible y marca un punto de inflexión en el enfoque de la UE hacia un problema que amenaza la cohesión social del continente.

La crisis de la vivienda en Europa no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la confluencia de múltiples factores. El auge del turismo masivo ha propiciado la explosión de plataformas de alquiler a corto plazo, convirtiendo miles de hogares en activos turísticos y reduciendo drásticamente la oferta para residentes. Eso se ha visto agravado por una crónica escasez de nueva construcción —con licencias de obra en retroceso de más de un 20% en cinco años—, el encarecimiento de los materiales, la inflación y unos salarios que no han evolucionado a la misma velocidad que los precios de la vivienda. El resultado, como admite Von der Leyen, es una "dolorosa verdad": los precios se han disparado más de un 20% desde el 2015, convirtiendo el acceso a un hogar en "una fuente de ansiedad" para millones de ciudadanos.

La presidenta ha ido más allá de las cifras para enfatizar la dimensión humana de la crisis. "Un hogar no son solo cuatro paredes y un techo. Es seguridad, un lugar para la familia y los amigos. Es pertenencia", ha declarado Von der Leyen. Esta visión subraya que el problema traspasa el ámbito económico para convertirse en una cuestión de dignidad y estabilidad. La imposibilidad de acceder a una vivienda asequible dificulta la formación de familias, reduce la movilidad laboral y amplía las desigualdades sociales, erosionando el proyecto europeo desde su base.

El anuncio concreto de regular los alquileres temporales representa un reconocimiento explícito por parte de la Comisión de la distorsión que este modelo causa en el mercado. La iniciativa busca probablemente establecer un marco común que dé seguridad jurídica en los Estados miembros que ya han actuado (como España o Francia con sus Leyes de Vivienda) e impulsar a aquellos que fueran más retrasados. La convocatoria de una Cumbre sobre la Vivienda en la UE y el próximo Plan confirman que Bruselas busca una "revisión radical" de las políticas de vivienda, promoviendo una estrategia integral que abarque desde la promoción de nueva construcción y la rehabilitación hasta la protección de los inquilinos. En definitiva, la UE parece dispuesta a asumir un papel más activo en la garantía de un derecho básico, marcando un antes y un después en la gobernanza de un mercado que ha sido dejado durante demasiado tiempo libre a las fuerzas del mercado.

La imposibilidad de encontrar un hogar asequible se ha convertido en la mayor preocupación social en España, según recogen encuestas recientes. Una generación entera de jóvenes mira con desesperanza el futuro mientras dedica más del 50% de su sueldo a pagar un alquiler o, directamente, renuncia a emanciparse. La crisis de la vivienda ha dejado de ser un problema económico para ser una cuestión de estado. Los últimos informes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pintan un escenario oscuro.

El precio medio del alquiler en España cerró en el 2024 en máximos históricos, superando los 12 euros por metro cuadrado al año. En grandes ciudades como Barcelona o Madrid, esta cifra se dispara hasta los 18 o 20 euros. Eso significa que para un piso de 60 metros cuadrados, un inquilino tiene que ingresar, como mínimo, 1.200 euros limpios al mes solamente para hacer frente al alquiler, sin contar los gastos.