En una decisión con profunda trascendencia geopolítica y económica, la Comisión Europea ha desplegado este miércoles su plan de contingencia para el polémico acuerdo comercial con el Mercosur. El mecanismo, presentado en un comunicado, establece las condiciones bajo las cuales Bruselas suspenderá unilateralmente las ventajas arancelarias a los cuatro países del bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para proteger a los agricultores y ganaderos europeos de un posible déficit comercial. La medida busca dar una respuesta contundente a la ingente ansiedad que ha generado el pacto de asociación dentro del sector agroalimentario de la UE, especialmente en los ejes productivos de la cuenca mediterránea.

El núcleo de la propuesta es un sistema de vigilancia y actuación sin precedentes en su agilidad. La Comisión se compromete a activar las llamadas "cláusulas de salvaguarda" en un plazo máximo de 21 días desde la solicitud de un estado miembro, siempre que se considere que los riesgos para el tejido productivo europeo son "suficientemente elevados". Este plazo, notablemente corto para los estándares de la maquinaria comunitaria, contrasta con los largos procesos de investigación habituales y refleja la sensibilidad política del expediente.

El plan no se limita a reaccionar a las peticiones de los estados. Bruselas implementará un seguimiento "sistemático" de las tendencias del mercado para una lista de productos agrícolas que califica de "especialmente sensibles". Todo indica que esta lista incluirá sectores clave como la carne de vacuno, la carne de ave, el azúcar o el bioetanol, áreas donde la producción del Mercosur, con costes notablemente más bajos, tiene una capacidad exportadora muy competitiva.

Los resultados de este monitoreo constante se plasmarán en un informe semestral que se elevará al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, asegurando una transparencia y un control parlamentarios continuos. La investigación se disparará automáticamente ante dos escenarios muy concretos, diseñados para detectar tanto el dumping de precios como las inundaciones repentinas del mercado:

-Precio desleal: Si los precios de las importaciones procedentes del Mercosur son al menos un 10% más bajos que los del mismo producto, o de uno similar, producido dentro de la Unión Europea.
-Aumento repentino de volumen o caída de precios: Si se produce un incremento de más del 10% en las importaciones anuales de un producto del Mercosur, o si se detecta una caída de al menos un 10% en su precio en comparación con el año anterior.

Si los análisis concluyen que la amenaza es "seria", la Comisión "podría retirar temporalmente las preferencias arancelarias sobre los productos que causan perjuicios", tal como señala el texto. Esto supondría la vuelta inmediata de los aranceles para estos productos, restableciendo la barrera comercial mientras dure la amenaza.

La propuesta, que ahora debe ser adoptada por el Parlamento Europeo y por los estados miembros, contiene otros elementos que evidencian la voluntad de Bruselas de mostrar firmeza. Se compromete a abrir una investigación "sin retrasos" a petición de un estado miembro si hay "motivos suficientes", y se marca el objetivo de concluir estas investigaciones en un máximo de cuatro meses, un plazo muy inferior a los 12 meses que establece el acuerdo original del Mercosur.

El vicepresidente y comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al campo europeo. "Esta propuesta es la prueba de que la Comisión ha escuchado a los granjeros", ha afirmado. En su valoración, las medidas son "sólidas" y permitirán a los agricultores apoyar el acuerdo del Mercosur "con total confianza".

Este movimiento de la Comisión no es aislado. El acuerdo comercial UE-Mercosur, políticamente aprobado en 2019 después de dos décadas de negociaciones, se encuentra actualmente estancado y sin ratificar. Países como Francia, Irlanda, Polonia y, significativamente, España, que ha ejercido como firme impulsora, han expresado serios rechazos a la ratificación sin garantías adicionales para su sector agrario. Las masivas protestas de agricultores en toda Europa en los últimos meses han terminado de poner el foco en las posibles consecuencias negativas del pacto.

A la vez, la medida es una clara advertencia a los socios del Mercosur. Brasil y Argentina, los dos gigantes del bloque, han presionado continuamente para una rápida implementación del acuerdo, que abriría el lucrativo mercado europeo a sus productos agropecuarios. El mecanismo de salvaguarda presentado ahora por Bruselas deja claro que el acceso preferencial no será ilimitado ni incondicional, sino que estará sujeto a unas reglas estrictas de reciprocidad y respeto a los estándares de producción europeos, más exigentes y, por lo tanto, más caros.

En definitiva, la Comisión camina sobre una cuerda floja: intenta desbloquear un acuerdo estratégico para su proyección global, a la vez que busca desactivar el malestar interno con un instrumento de protección que demuestre que la defensa del modelo agroalimentario europeo es una línea roja. La batalla política y económica por la ratificación del Mercosur acaba de entrar en una nueva y decisiva fase.