“La percepción del fraude fiscal en España es mayoritariamente negativa, con un 68% de los ciudadanos considerando que ha aumentado en los últimos diez años”, señala Carlos Díaz Muriel, coordinador de Área en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en una reciente publicación en el Blog de Instituto. La información, que proviene del Barómetro Fiscal de 2023 (último publicado), analiza las opiniones y actitudes fiscales de los españoles que realiza el IEF anualmente. Con los últimos datos de 2023, la percepción del fraude se ha disparado, pues en la anterior encuesta de 2022, los españoles que creían que el fraude había crecido era once puntos inferiores (el 57%).
El autor apunta que, de forma continuada, desde 2006 son más los españoles que creen que el fraude aumenta año a año, frente a los que defienden que el robo fiscal disminuye, un sentimiento que ya se daba a finales del siglo pasado. Sin embargo, en 2001 se invirtieron los términos y eran mayoría los que pensaban que el fraude iba en descenso. Pero, salvo esos cinco años -de 2001 a 2006-, el resto de los barómetros han ido constatando que los españoles consideran que viven en un país donde campa el fraude fiscal, en muchos casos ligado a la corrupción y a otros delitos como el blanqueo de capitales.
Una percepción que ha tenido sus momentos álgidos entre 2013 y 2017, con gobierno del Partido Popular, cuando se tocaron máximos que rozaban la unanimidad, pues el 91% de los españoles defendían que el fraude fiscal iba en aumento. Con la salida de Mariano Rajoy en 2018, se produce un corte abrupto y la percepción del fraude desciende hasta el 65% y, desde entonces, no ha pasado del 70%, registrado por la encuesta del IEF en 2020, el año de la explosión de la pandemia.
Inspección 2023
En 2023, según la Memoria de la Agencia Tributaria, se inspeccionó en España a 29.674 contribuyentes, de los que se afloró una deuda escamoteada a Hacienda de 5.383 millones de euros, con una media de 98.000 euros. El control aumenta tanto en el número de personas -físicas y jurídicas- investigadas, como en la deuda localizada. Sin embargo, la Agencia Tributaria busca eficiencia, centrándose en mayores deudas. Esto explica que si el número de contribuyentes analizados creció un 2,63% respecto a 2022, el dinero descubierto se ha elevado un 9,4%.
Algo que se refleja en los delitos fiscales que Hacienda ha puesto en manos de la Fiscalía para ser juzgados en los tribunales: cada vez son menos los contribuyentes acusados de delito fiscal, pero por cantidades elevadas. Con los datos de 2023, la Agencia Tributaria inició 152 casos, frente a 184 de 2022. Ahora bien, en el primer caso, la deuda que se denunció ante la Fiscalía fue de 820 millones de euros, mientras que en 2022, a pesar de ser más los denunciados, la deuda requerida fue de 200 millones menos.
En los grandes contribuyentes, la deuda media descubierta por los inspectores de Hacienda fue de media de 4,13 millones de euros, cuando en 2019 era de 2,22 millones. Casi la mitad. En este colectivo de grandes defraudadores, los impagos medios por el impuesto sobre sociedades fueron de 2,3 millones y por el IVA, algo superior, de 2,5 millones.
Impunidad
Díaz Muriel señala que la alta percepción del fraude que tienen los españoles se debe a una doble condición: por un lado, a la laxitud por parte de la administración fiscal, pues la mayoría de los ciudadanos atribuye el aumento del fraude fiscal a “la impunidad de los grandes defraudadores (28%)”, pero por otro, a la voluntad de los propios defraudadores, a los que achacan “falta de honradez (20%)”. Estas respuestas señalan la importancia que para los ciudadanos tienen los mecanismos de control del fraude fiscal y la promoción de los valores éticos y la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Según la opinión de los entrevistados, el tipo de fraude más perjudicial es el correspondiente a la economía sumergida (34%). El elevado porcentaje de ciudadanos citando la economía sumergida revela la preocupación por la pérdida de ingresos fiscales derivada de actividades no declaradas.
Conciencia fiscal
El directivo del IEF incide en la atención que el último barómetro fiscal dedica a la conciencia fiscal de los españoles, con preguntas sobre la justificación del fraude y la percepción del papel de la hacienda pública en la sociedad. Una amplia mayoría (66%) considera que el fraude fiscal no se puede justificar en ningún caso, ya que es una cuestión de solidaridad y de principios. Este fuerte rechazo ético al fraude fiscal, consistente a lo largo del tiempo, subraya un valor cívico fundamental en la sociedad española.
En cuanto a la percepción del papel de la hacienda pública, un 82% de los ciudadanos defiende su papel al entender que “desempeña una función necesaria para la sociedad, frente a una minoría que cree que viviríamos mejor sin pagar impuestos”. Esta visión generalizada sobre la importancia de la hacienda pública se ha mantenido a lo largo de los años considerados en el estudio y constituye la expresión de una “posición ética basada en que los impuestos son la fuente de financiación de los servicios públicos esenciales sobre los que se construye nuestro estado del bienestar”, señala Díaz Muriel.