El Ayuntamiento de Moià, gobernado por el alcalde republicano Dionís Guiteras (imagen superior), vicepresidente segundo de la Diputación de Barcelona, promueve una planta de biogás pública que ha chocado con la oposición de los vecinos, pero también con resoluciones de la Generalitat y del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Esta planta se ha proyectado en las proximidades del castillo de Castellnou de la Plana, catalogado como bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico. Precisamente por esta catalogación, el Departament de Cultura de la Generalitat delimitó, en el año 2023, un entorno de protección alrededor de este castillo, contra el cual recurrió el Ayuntamiento de Moià.

En una resolución del contencioso administrativo del TSJC de esta misma semana, a la cual ha tenido acceso ON ECONOMIA, esta instancia desestima el recurso del Ayuntamiento y confirma la resolución del Departament de Cultura, que establece una protección sobre este entorno, especialmente para preservar el paisaje y las visuales del monumento.

Como se indica en la resolución, el Ayuntamiento de Moià y el Consell Comarcal del Moianès pidieron a la Generalitat que dejara sin efecto la delimitación del entorno de protección del castillo, por considerar que los "objetivos de protección" ya se alcanzaban con la normativa urbanística municipal. Pero Cultura expuso que tiene la "competencia" para ordenar esta delimitación y fijar "el control de las visuales" en las proximidades del castillo. Finalmente, la sección quinta de la sala del contencioso administrativo del TSJC ha dado la razón a la Generalitat. La sentencia no es firme y admite recurso de casación.

Todavía hay otro asunto en un contencioso administrativo diferente, relativo a una posible ampliación del área de protección, pendiente aún de resolución judicial.

Luis Rodríguez de Llauder —arquitecto, urbanista y propietario del castillo—  apunta que, además de las posibles afectaciones paisajísticas, uno de los puntos más controvertidos del proyecto de la planta municipal de biogás es su ubicación y las distancias: a unos 200 metros de la primera casa y a menos de 500 del núcleo, en un lugar en el cual predominan los vientos —la marinada— en dirección a la localidad. Aunque ni la normativa catalana ni la estatal establecen distancias mínimas obligatorias, la proximidad genera preocupación entre parte del vecindario.

En enero pasado, la plataforma opositora Per un Moià viu organizó una consulta ciudadana no vinculante, con un 30% de participación y con cerca de un 90% de los votos contrarios al proyecto. Rodríguez de Llauder precisa que no están en contra del biogás, sino de la ubicación elegida, y defiende que habría que estudiar alternativas.

En este sentido, recuerda que Acció Climàtica de la Generalitat ya planteó la evaluación de ubicaciones alternativas, en respuesta a una modificación puntual del planeamiento urbanístico impulsada para reordenar el polígono del Prat, ampliar el matadero y construir la planta de biogás.

El proyecto de la planta de biogás forma parte de una “operación más amplia” que incluye una recalificación de 10,8 hectáreas de suelo rústico para regularizar el polígono industrial de El Prat. El Ayuntamiento mantiene que estas últimas actuaciones son en cumplimiento de una sentencia del TSJC de 2023.

Desde la asociación local AVEMODES defienden el crecimiento del polígono del Prat hacia el norte, en terrenos con menos sensibilidad patrimonial y paisajística y en conexión con el polígono del Pla Romaní, siguiendo criterios de compactación de los polígonos industriales existentes.

Para la planta de biogás, el Ayuntamiento ha tramitado una subvención de 3,7 millones de euros de los fondos Next Generation, que cubrirían la mayor parte del presupuesto de ejecución, estimado en unos 5 millones de euros. Desde la plataforma opositora se advierte del riesgo de que eventuales incidencias urbanísticas, paisajísticas o ambientales pudieran afectar la justificación de las ayudas europeas.

Este proyecto es una iniciativa del Ayuntamiento de Moià. En declaraciones públicas, el alcalde ha afirmado que la planta sería 100% pública y que permitiría abastecer energéticamente a los servicios municipales.