La protección del poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento de los precios sigue siendo una asignatura pendiente para una mayoría de la población. Según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes a los convenios colectivos registrados hasta el mes de julio, solo el 39% de los trabajadores tienen cláusulas de revisión salarial en sus convenios. Esta cifra significa que seis de cada diez empleados no tienen garantizado que sus salarios se ajusten a la evolución del índice de precios al consumo. La situación, sin embargo, es muy desigual según el sector económico. Mientras que en la industria el 58% de los trabajadores tienen cláusulas de garantía salarial, en la construcción este porcentaje se eleva hasta el 93%. En cambio, en los servicios, solo el 26% de los trabajadores están protegidos por esta herramienta, y en la agricultura la cifra cae hasta el 6%.

Según recoge Europa Press, el sector servicios, que es el que ocupa a más trabajadores, es también el que presenta una menor protección salarial. Hasta julio se habían registrado 1.568 convenios en este sector, que afectan a más de 5,5 millones de personas. Sin embargo, solo 1,4 millones de estos trabajadores tienen una cláusula de revisión salarial en sus convenios. Esto significa que la gran mayoría de los empleados del sector, que incluye actividades como el comercio, la hostelería o los servicios financieros, no tienen garantizado que sus sueldos se actualicen en función del IPC. En el extremo opuesto, la construcción es el sector que mejor protege a sus trabajadores.

De los 697.795 empleados afectados por los 71 convenios registrados, el 93% tienen cláusulas de garantía salarial. Este porcentaje refleja la fuerza histórica de la negociación colectiva en un sector donde los sindicatos han logrado blindar los salarios ante la inflación. La industria también presenta una cifra notable, con 1,3 millones de trabajadores protegidos de 2,2 millones, lo que representa el 58%. La agricultura, en cambio, es el sector con la protección más baja: de los 118.255 trabajadores afectados por los 30 convenios registrados, solo 7.465 tienen una cláusula de revisión.

Convenios y cláusulas de revisión

Del total de 2.768 convenios registrados entre enero y julio, solo el 30% (836 convenios) incluyen una cláusula de garantía salarial. De estos, 581 prevén su aplicación con efectos retroactivos. Esto significa que, en caso de que la inflación supere las subidas salariales pactadas, los trabajadores podrán recuperar la diferencia. Aunque la cifra de trabajadores protegidos (39%) es todavía baja, ha mejorado en los últimos años. En el año 2023, el porcentaje de trabajadores con cláusula de revisión era del 21%, de manera que ha habido un incremento de 18 puntos porcentuales en poco tiempo. Esta evolución positiva se explica por la presión sindical y por la concienciación sobre la necesidad de proteger los salarios ante la inflación.

Más allá de las cláusulas de revisión, los datos del Ministerio muestran que los salarios pactados en convenio han subido de media un 3% en julio. Esta cifra es ligeramente superior al incremento del mes anterior (3%), pero se queda casi medio punto por debajo del IPC de julio, que fue del 3%. Por sectores, los servicios lideran las subidas salariales con un 3%, seguido de la industria (3%) y la construcción (3%). La agricultura, con un incremento del 2%, es el sector que presenta las subidas más bajas.

Esta diferencia refleja la menor capacidad de negociación de un sector que tradicionalmente ha tenido salarios más bajos y menos protección. El año pasado expiró el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que había estado vigente hasta diciembre del 2025. Aquel acuerdo recomendaba subidas salariales del 3% para el 2025, e incluía una cláusula de revisión que permitía incrementos adicionales de hasta el 1% en caso de desviación de la inflación.

Ahora, los sindicatos UGT y CCOO han planteado a la patronal un nuevo acuerdo con unas propuestas más ambiciosas. Piden una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, hecho que supondría un incremento acumulado del 12% hasta el 2028. Además, proponen incrementos adicionales para los salarios más bajos: un 1% adicional para los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo de la media nacional, un 2% para los que estén un 20% por debajo y un 3% para los que estén un 30% por debajo. También plantean un incremento adicional del 1,5% para cada año en caso de desviación de la inflación. Esta propuesta refleja la voluntad de los sindicatos de garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo y de reducir las desigualdades salariales entre sectores.