El Gobierno impulsa una reforma del despido improcedente que prevé endurecer las indemnizaciones, con el objetivo de que la protección a los trabajadores sea más “efectiva” y “restaurativa”. El Congreso aprobó esta semana una proposición de ley para encarar su reforma, pero todavía se debe negociar con los agentes sociales. Curiosamente, esta propuesta tiró adelante porque un diputado del PP se equivocó en el sentido de su voto. El Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz ya ha anunciado que iniciará negociaciones con sindicatos y patronal en octubre.

¿Qué es un despido improcedente?

En la legislación laboral española, un despido improcedente ocurre cuando el empleador no justifica debidamente las causas del despido o no cumple los requisitos formales. En estos casos, el trabajador puede optar entre que se le readmita en su puesto de trabajo o recibir una indemnización. Actualmente, la indemnización por despido improcedente es de 33 días de salario por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades.

Desde el Gobierno, especialmente desde Sumar, se esgrimen diversos argumentos para reformar la actual normativa de despido

• Requisitos internacionales: El Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, ha dictaminado en repetidas resoluciones que la normativa española no cumple con la Carta Social Europea porque la indemnización no es suficientemente disuasoria ni reparadora.

• Compromisos políticos internos: El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar incluye el compromiso de “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”.

• Presión sindical: Las centrales sindicales UGT y CCOO han pedido reformas más amplias para que el despido improcedente no sea una salida “barata” para las empresas.

• Sentencias judiciales: Aunque algunos tribunales han emitido sentencias que exigen incrementos de la indemnización o asignaciones adicionales, el Tribunal Supremo ha rechazado que la indemnización se pueda incrementar en vía judicial más allá de lo que marca la ley actual.

¿Qué se propone cambiar?

Todavía no hay un texto definitivo que esté aprobado, pero se están debatiendo varias medidas. Aquí las más relevantes:

• Indemnizaciones más altas y más “restaurativas”. Con ello se busca que la indemnización por despido improcedente no solo compense económicamente al trabajador, sino que “repare” el supuesto daño –por eso, el adjetivo de “restaurativa”– y disuada al empleador de abusar de despidos sin causa. Se ha apuntado la posibilidad de volver a la situación previa a la reforma laboral de 2012, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, cuando la indemnización era de 45 días por año, con topes más elevados.

• Readmisión como opción más real. La intención es que la readmisión en el puesto de trabajo no dependa tanto de la empresa, sino que haya mayor garantía de que esta opción sea efectiva cuando el despido sea improcedente. O sea, que el trabajador pueda elegir readmisión u otra compensación de forma más clara.

• Salarios de tramitación desde el despido hasta la sentencia. Actualmente, los salarios de tramitación (lo que habría dejado de cobrar durante el proceso judicial hasta que se falla) no siempre se reconocen. Se propone que se establezca con mayor claridad que el trabajador reciba estas cantidades.

• Mayor causalidad y requisitos formales para despedir. Reforzar los requisitos para que un despido objetivo (económico, técnico, productivo...) esté bien justificado y documentado, de modo que no se use como excusa para despedir sin causa real. También se busca evitar que los despidos disciplinarios se usen como despidos “libres”.

• Cumplimiento de estándares europeos. Alinear la normativa española con lo que exige la Carta Social Europea, que España ratificó en 2021, y con la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales.

¿Cuáles son los puntos de controversia?

Aunque hay bastante consenso en introducir cambios, hay fuertes desacuerdos sobre qué exactamente y hasta qué punto. Algunos de los principales:

• Costo para las empresas vs. protección para los trabajadores. Aumentar indemnizaciones, endurecer readmisiones o aumentar los salarios de tramitación supone mayor coste empresarial, lo cual la patronal cuestiona. Hay temor de que se reduzca la contratación si los costes de un despido son muy altos.

• Intención legislativa vs. propuesta formal. Hasta ahora muchas medidas han sido solo proposiciones no de ley o declaraciones de intención, no se ha presentado un proyecto definitivo.

• Desacuerdo dentro de la propia coalición de Gobierno. Algunas fuentes señalan que hay diferencias entre PSOE, Sumar, los ministerios de Economía, Trabajo… sobre cómo interpretar los estándares europeos y qué medidas concretas implantar.

¿Dónde está el proceso ahora?

El Congreso ha aprobado una proposición no de ley presentada por el grupo Sumar instando al Gobierno a reformar la indemnización por despido improcedente. Esta proposición pide que la indemnización sea “disuasoria” para las empresas y “restaurativa” para las personas afectadas. La negociación con los agentes sociales se iniciará en octubre, pero no hay aún un proyecto que se haya debatido y votado.