El pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que reduce la jornada semanal de 40 a 37,5 horas. La norma actual está vigente desde el año 1983.

La medida afectará a 12,5 millones de asalariados, aunque la jornada media real, rebajada por los convenios colectivos, está a 48 minutos de esas 37,5 horas. Con los datos del Ministerio de Trabajo, la jornada real se reducirá de media un 21%. Por tanto, una parte de los 12,5 millones ya están en el entorno de las 37,5 horas, incluso por debajo. Además, la mitad de los asalariados que tendrán un efecto directo de la rebaja se concentra en tres comunidades autónomas: Catalunya (2,21 millones de asalariados), Madrid (2,06 millones de asalariados) y Andalucía (2,04 millones de trabajadores); seguidas por Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.

Del total de los 12,5 millones que se beneficiarán de la medida, 10,5 millones lo son a tiempo completo y 2 millones a tiempo parcial. Entre los trabajadores a tiempo completo, el 60,5% de los beneficiarios son hombres, mientras que en el caso del trabajo a tiempo parcial el 75,3% de quienes verían reducida su jornada laboral son mujeres.

Por lo tanto, ¿qué ocurre si la empresa ya tiene pactada una jornada laboral de 37,5 horas o menos? Pues que prevalece el convenio colectivo o de empresa al que su plantilla está adherido y no se generará ningún cambio. Es decir, en los casos donde ya se trabaje menos de 37,5 horas, los convenios seguirán vigentes, pero a partir de la nueva ley, ningún acuerdo podrá superar ese horario laboral. Ello ocurre en sectores de educación, ya que el profesorado tiene un horario laboral de 37,5 horas semanales; la administración pública, también de 37,5 horas semanales, que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Además, cada comunidad autónoma y entidad local puede establecer acuerdos específicos que introducen variaciones para adaptarse a las particularidades de cada puesto o servicio. También tienen la jornada ya reducida las actividades financieras, aunque el convenio general de la banca establece las 40 horas semanales; y de seguros y en suministros de agua y recogida de residuos, donde el efecto sería más reducido por tener una jornada media pactada menor o igual a 37,5 horas semanales.

De hecho, el Gobierno dejó claro que la intención de la norma es la de actuar para beneficiar a aquellos colectivos que padecen jornadas de trabajo más largas. Se trata de bajar la jornada por ley para que este derecho llegue donde la negociación colectiva no llega, como a los camareros, cuya jornada media es de 39,4 horas; cajeros y dependientes, que trabajan más de 39 horas; igual que los agricultores o las personas cuidadoras, con 38,6 horas semanales, por ejemplo. Ello, trasladado a cifras, implica: afectará especialmente a sectores con alta intensidad horaria como el comercio (2,4 millones de empleados), la industria (2 millones), la hostelería (1,4 millones) y la construcción (1 millón).

Aunque la previsión del Gobierno es que la medida entre en vigor antes de que finalice 2025, lo cierto es que la complejidad de la política española lo está retrasando. Pero aún debe completar su trámite y publicarse en el BOE antes de convertirse en norma definitiva, por lo que, de momento, su aplicación no es obligatoria.

Una vez entre en vigor, habrá también mecanismos para controlar su cumplimiento:

  • Registro horario digital obligatorio: todas las empresas deberán contar con sistemas electrónicos que permitan a los trabajadores registrar sus horarios de entrada y salida de forma personal y verificable. La Inspección de Trabajo tendrá acceso a estos datos en tiempo real.
  • Derecho reforzado a la desconexión digital: los empleados no podrán ser sancionados por no responder mensajes, correos o llamadas fuera del horario laboral. El derecho a desconectar será irrenunciable.
  • Sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador con el que se infrinjan las medidas.

El siguiente paso será conseguir el visto bueno del Congreso de los Diputados para que la rebaja de jornada pueda aplicarse antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometieron PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición.

La propuesta del Gobierno español para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría traducirse en hasta 12 días adicionales de vacaciones al año para aquellos trabajadores que continúen realizando una jornada de 40 horas. Este beneficio surge de la necesidad de compensar las horas extra trabajadas, ya sea mediante descansos adicionales o remuneración, según lo establece el proyecto de ley en tramitación.