Red Eléctrica (REE) ha formalizado una petición ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para convertir en estructuras permanentes las herramientas excepcionales que, desde el pasado 20 de octubre, se han desplegado para blindar la red eléctrica ante la posibilidad de nuevos colapsos como el ocurrido a finales de abril. Aquel episodio, que dejó a miles de consumidores sin suministro y evidenció puntos débiles en la gestión del sistema, actuó como detonante de estas medidas de urgencia.
La respuesta inicial del regulador ha sido aprobar una prórroga de quince días para estas herramientas, un movimiento técnico previsto en la resolución original y que responde a una solicitud formal de REE para ganar tiempo mientras se evalúa la solicitud de permanencia. Esta prórroga subraya la naturaleza transitoria pero crítica de estas medidas, que ahora aspiran a convertirse en una pieza fija del entramado eléctrico.
En el informe técnico que REE ha elevado a la CNMC para fundamentar su petición, el operador se muestra contundente en dos aspectos clave: la eficacia operativa y el impacto económico. Por un lado, se asegura que desde su implementación, "la evolución de las tensiones en la red se ha mantenido estable", sin que se registraran episodios de "variaciones bruscas" como los que, precisamente, precedieron al apagón de abril.
Estas variaciones súbitas en la tensión eléctrica son un síntoma de inestabilidad y un factor de riesgo que puede desembocar en cortes generalizados por la seguridad de la red. Por otro lado, y en respuesta a posibles críticas sobre el coste de las medidas, REE afirma de manera categórica que sus actuaciones "no han comportado un sobrecoste para el usuario final". Esta afirmación busca desactivar cualquier cuestionamiento sobre el encarecimiento de la factura eléctrica a consecuencia de estas intervenciones, un punto siempre sensible para ciudadanos e industria.
Más allá de la emergencia
No obstante, las medidas temporales son solo una parte de la estrategia global. La resolución aprobada por la CNMC el pasado octubre no se limitó a autorizar herramientas de emergencia; incorporó también un plan de trabajo diseñado para atacar las causas del problema. Este plan tiene como eje central la implantación "rápida" de un servicio de control de tensión dinámico. A diferencia de los mecanismos actuales, más rígidos, este nuevo servicio permitiría gestionar la tensión de forma flexible y en tiempo real, adaptándose a las condiciones fluctuantes de la red, cada vez más marcadas por la irrupción intermitente de las energías renovables.
Es precisamente en este punto donde el plan adquiere una dimensión estratégica de futuro: en los trabajos y reuniones con los diferentes actores del sector, se ha priorizado explícitamente "la participación de las energías renovables en este servicio". El objetivo es integrar de forma inteligente los parques eólicos y fotovoltaicos, no solo como meras fuentes de generación, sino como agentes activos en la estabilidad del sistema, capaces de contribuir al control de la tensión con su capacidad de reacción.
La solicitud de REE refleja un reto de fondo: la transición hacia un modelo eléctrico libre de emisiones exige una red más resiliente e inteligente. El episodio de abril fue un aviso de las tensiones que genera la progresiva pérdida de inercia y de las centrales tradicionales, que actuaban como estabilizadores naturales. Convertir las medidas de emergencia en permanentes sería, en este sentido, el reconocimiento oficial de que el sistema eléctrico ha cambiado para siempre. La decisión final de la CNMC, que deberá ponderar la seguridad del suministro con los principios de competencia y eficiencia económica, marcará un antes y un después en la configuración técnica de la red española, poniendo a prueba su capacidad para absorber un futuro cada vez más verde y más descentralizado.