En el sistema público español de protección social existen dos grandes tipos de pensiones: las contributivas y las no contributivas. Aunque ambas tienen como finalidad garantizar ingresos a personas que han dejado de trabajar o se encuentran en situación de necesidad, su origen, requisitos y cuantías son muy diferentes.
Las pensiones contributivas son aquellas que se generan a partir de las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social durante la vida laboral. Es decir, el trabajador —y su empresa— han ido aportando una parte de su salario al sistema, lo que da derecho a percibir una prestación cuando se produce una contingencia cubierta: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Estas prestaciones son gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El requisito clave de una pensión contributiva es haber cotizado un período mínimo. En el caso de la jubilación, por ejemplo, se exige un mínimo de 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años previos a la jubilación. La cuantía que se percibe depende de lo cotizado: se calcula en función de las bases de cotización y de los años trabajados. Cuanto mayor haya sido la carrera laboral y las aportaciones, mayor será la pensión, dentro de los límites máximos y mínimos fijados cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
Por el contrario, las pensiones no contributivas están pensadas para personas que no han cotizado lo suficiente —o no han cotizado nunca— y que se encuentran en situación de necesidad económica. Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de ingresos a colectivos vulnerables, especialmente personas mayores o con discapacidad.
En España, estas prestaciones también forman parte del sistema de la Seguridad Social, pero su gestión corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y a las comunidades autónomas. Existen dos modalidades principales: jubilación no contributiva e invalidez no contributiva.
Cómo acceder a una pensión
Para acceder a una pensión no contributiva de jubilación se exige tener 65 años o más, residir legalmente en España durante un período determinado y carecer de ingresos suficientes. A diferencia de las contributivas, aquí no se tiene en cuenta la carrera laboral, sino el nivel de renta del solicitante y, en algunos casos, el de la unidad de convivencia. La cuantía es fija y significativamente inferior a la de una pensión contributiva media, aunque puede variar ligeramente en función de circunstancias personales.
En términos financieros, la diferencia también es relevante. Las pensiones contributivas se financian principalmente con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, mientras que las no contributivas se pagan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, mediante impuestos.
En resumen, la gran diferencia radica en el origen del derecho: la pensión contributiva es el resultado de haber cotizado al sistema durante años; la no contributiva responde a una lógica asistencial y garantiza un ingreso mínimo a quienes no han podido generar ese derecho. Ambas forman parte del mismo entramado de protección social, pero responden a realidades laborales y económicas muy distintas.