El Gobierno ha vuelto a aprobar la subida de las pensiones, con la perspectiva de, esta vez sí, poder ratificarlo en el Congreso. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que consolida la revalorización de las pensiones para 2026, con una subida general del 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas, y un incremento superior al 7% para las pensiones mínimas.

La revalorización del 2,7% se aplicará a las pensiones contributivas del sistema y también a las del régimen de clases pasivas del Estado. Según las estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta actualización supone alrededor de 570 euros más al año para una pensión media de jubilación y cerca de 500 euros adicionales al año en el caso de la pensión media del sistema.

En términos prácticos, el incremento se traduce en un aumento automático de la cuantía mensual que cobran los pensionistas, sin necesidad de realizar trámites. La actualización también alcanza al complemento para la reducción de la brecha de género, que se incrementará igualmente un 2,7% en 2026.

El decreto refuerza especialmente las prestaciones más bajas. Las pensiones mínimas subirán un 7,07% en 2026, pero el aumento será mayor —del 11,4%— para las pensiones con cónyuge a cargo y para las de viudedad con cargas familiares. Ese mismo 11,4% se aplicará a las pensiones no contributivas y al ingreso mínimo vital (IMV), dos prestaciones clave para hogares con bajos ingresos.

En el caso del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), las pensiones de vejez e invalidez se revalorizarán también un 7,07%. Con esta subida, alcanzarán los 599,60 euros mensuales para las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares de 65 años o más en hogares unipersonales se situará en 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025. En los casos con cónyuge a cargo, la cuantía anual ascenderá a 17.592,40 euros, por encima de los 15.786,4 euros del año anterior.

La norma también actualiza la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad. Para los casos con discapacidad reconocida igual o superior al 65%, la cuantía alcanzará los 5.962,80 euros anuales en 2026. En situaciones de discapacidad igual o superior al 75%, la asignación subirá hasta los 8.942,40 euros al año.

Pensión máxima y base máxima de cotización

El decreto fija la pensión máxima en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales. Además, eleva la base máxima de cotización hasta 5.101,2 euros mensuales, lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 2025. Entre las medidas incluidas figura la congelación de las cuotas de autónomos para 2026.

El decreto prorroga durante un año más la posibilidad de que los médicos de familia y pediatras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, con nombramiento estatutario o funcionario, puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo.

Otra de las novedades es la incorporación de una cotización adicional para bomberos y agentes forestales. El objetivo es permitir el adelanto de la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, atendiendo a la exigencia física y al riesgo asociado a estos trabajos. En la práctica, el sistema se adapta para reconocer el desgaste profesional de estos colectivos y facilitar su salida anticipada del mercado laboral con cobertura pública.

MEI y cuota de solidaridad

El real decreto ley actualiza el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la sobrecotización destinada a reforzar el fondo de reserva de las pensiones. En 2026, el MEI subirá al 0,9%, frente al 0,8% de 2025. Se aplica tanto a asalariados como a autónomos, con independencia del salario.

Además, se incrementa la cuota de solidaridad, una cotización adicional para la parte del salario que excede la base máxima. Se aplica por tramos y de forma progresiva. En 2026, los tipos serán del 1,15% para el tramo hasta un 10% por encima de la base máxima; del 1,25% para el tramo entre el 10% y el 50% por encima; y del 1,46% para el tramo que supera en más de un 50% dicha base.

El decreto incorpora una medida de impacto directo en los hogares con menor renta: los parados que cobren la prestación por desempleo no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF. La decisión reduce trámites y evita cargas administrativas adicionales para quienes atraviesan una situación de desempleo y dependen de ingresos públicos para sostener su economía diaria.

Deducción en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros también ha aprobado el mantenimiento de la deducción en el IRPF vinculada a la compra de vehículos eléctricos. En concreto, se ha acordado prorrogar las deducciones de hasta el 15% en el IRPF para particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos e instalación de un punto de recarga eléctrica. En cuanto al programa de ayudas, se incluye también el Plan Auto+, que cuenta con una dotación de 400 millones de euros para comprar vehículos eléctricos.