Cruzada de los propietarios de viviendas, representados por la asociación Som Habitatge, contra la proposición de ley que limita las compras en zonas tensionadas, que el Parlament de Catalunya votará esta semana en un procedimiento de lectura única. Desde Som Habitatge se advierte que es una proposición inconstitucional y contraria al derecho europeo. Han contactado con formaciones políticas para evitar que salga adelante, pero, de aprobarse, la llevarán a los tribunales. En resumen, la proposición limitaría las adquisiciones de vivienda en zonas tensionadas, incluso si proceden de herencias y donaciones.

En realidad, se han presentado dos proposiciones de ley, de los Comuns y la CUP, que han denominado contra la “compra especulativa”. Pero Som Habitatge argumenta que atentan contra el derecho a la propiedad y no contribuirán a solucionar los problemas de los elevados precios del alquiler y de la falta de vivienda.

Som Habitatge ha encargado un dictamen a los especialistas Sergio Nasarre y Héctor Simón —catedrático y profesor de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili, respectivamente—, que advierte de aspectos inconstitucionales y contrarios a la legislación europea. En caso de aprobarse, la ley obligaría a destinar las viviendas que se compren en zonas tensionadas a residencia habitual y, si se trata de un bloque de viviendas, a destinarlas a alquiler, siempre con control de rentas. No será posible comprar más de una residencia para uso propio en un mismo municipio. También se obligará a residir en la vivienda comprada un mínimo de cinco años.

Además, la Generalitat podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto, pero el precio no será el de la compraventa que se quería hacer, sino que “se fijará administrativamente un máximo que responda a criterios de uso social y de interés general desvinculados del valor del mercado”. El precio de las compraventas en las zonas tensionadas se limita a multiplicar por 1,5 el importe del módulo de vivienda de protección oficial.

En rueda de prensa, Sergio Nasarre ha declarado este lunes que, en la práctica, “la Generalitat se convierte en propietaria de nuestros pisos porque decide qué podemos hacer con ellos”. Como indica en el dictamen, se está imponiendo un “nuevo régimen de tenencia tutelada de la vivienda, una expropiación silenciosa y sin compensación a los propietarios de cualquier vivienda. Son intervenidas paulatinamente todas las facultades del dominio sobre la vivienda”.

Sobre esta proposición de ley, Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, diferencia una cuestión de forma y una de fondo. En la de forma, indica que la reforma legislativa propuesta "se presenta como un parche, sin rigor jurídico y con vicios de inconstitucionalidad". Recuerda que "tenemos leyes que duran poco y que acaban sistemáticamente tumbadas por tribunales". Por ejemplo, la ley catalana 11/2020 de contención de rentas, declarada inconstitucional en marzo de 2022 —miles de contratos se firmaron con una norma que después se dictaminó inconstitucional, apunta Puigdevall— y, posteriormente, el Tribunal Supremo anuló el registro único de arrendamientos —motivo por el cual miles de inmuebles se tuvieron que retirar del mercado—. Subraya que "tenemos ciudadanos perjudicados por leyes inconstitucionales".

En cuanto al problema de fondo, Puigdevall reitera que las administraciones públicas no solo llevan seis años sin resolver el problema de vivienda, sino que lo han aumentado. Constata que "la oferta de vivienda de alquiler cae en picado, nunca habíamos tenido tan poca. Los pisos cada vez son más caros, no se ha conseguido detener los precios. Y la calidad de los inmuebles es peor: la superficie media ha caído hasta los 71 metros cuadrados".

Y apunta que, a pesar de las promesas de las administraciones de generar vivienda de protección oficial, "la realidad es que estamos a la cola de Europa". "El Estado no está invirtiendo y si ahora se restringe, ¿quién invertirá? Dicen que tiene que haber inversión privada, pero se demoniza". Y ha añadido que "las leyes actuales no pretenden arreglar el problema de la vivienda, sino atacar la propiedad privada, cuando está protegida por la Constitución. Quienes pagan las consecuencias son los jóvenes y las familias que buscan vivienda".

Som Habitatge ha contactado con las formaciones políticas para evitar que el Parlament apruebe la proposición esta semana, sin debate con el sector, ya que será mediante el procedimiento de lectura única. Confía en que haya grupos parlamentarios, que no ha concretado, que lo lleven al Consell de Garanties Estatutàries, lo que alargaría su tramitación.

Ley de alquiler de temporada

Recientemente, Som Habitatge ha presentado una queja ante la Sindicatura de Greuges de Catalunya para denunciar que la ley de alquiler de temporada, aprobada pel Parlament en diciembre de 2025, vulnera la Constitución, el derecho de propiedad y las competencias exclusivas del Estado. Entre otras cuestiones, reclaman a la síndica que se pronuncie sobre si esta ley respeta las garantías constitucionales del derecho de propiedad y la seguridad jurídica.

Esta queja a la Sindicatura está acompañada de tres dictámenes jurídicos para acreditar las causas de inconstitucionalidad. Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, ha elaborado dos y el otro es obra de Sergio Nasarre, Héctor Simón y Gemma Caballé, de la Universitat Rovira i Virgili. Estos tres informes ponen el foco sobre ocho bloques normativos de la mencionada ley que presentan "graves vicios de inconstitucionalidad".

Entre otras cuestiones, advierten que "un caso particularmente grave" es que la nueva ley permite que personal técnico que no es funcionario ejerza funciones inspectoras que no les corresponden. Consideran que esto contradice artículos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que reservan estas potestades exclusivamente a los funcionarios de carrera. Además, señalan que se permite que los inspectores no se identifiquen cuando así lo consideren.

La ley de alquiler de temporada ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC) y el recurso ya ha sido admitido a trámite.