La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que, en estos momentos, hay casi un millón de asalariados -946.409- cuyo salario supera la base máxima de cotización -53.940 euros brutos al año- de los que 1.216 cobran por encima del millón de euros. El Gobierno ha planteado ir subiendo las cotizaciones de este colectivo, con un incremento del 38% (a un ritmo del 1,2%) hasta 2050 para incrementar la recaudación de la Seguridad Social. Fedea calcula que a día de hoy, la renta de este millón de trabajadores que se queda fuera de la cotización supone 30.303 millones de euros que, de pagar por completo a la Seguridad Social, aportaría 11.348 millones de euros. No obstante, con las medidas propuesta este viernes de subir la cotización ese 38% y crear una tasa de solidaridad, la recaudación adicionales será de 3.283 millones de euros cuando estén totalmente desplegadas.
Por otro lado, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se volverá a reunir este lunes con sindicatos y organizaciones empresariales para seguir discutiendo la propuesta presentada este viernes cuya base es un incremento de los ingresos y no un recorte de las pensiones. Lo que significa que hace recaer el peso de la reforma sobre las empresas, lo que ha llevado a la CEOE a rechazarla.
En opinión de Fedea, la reforma en curso condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a "un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas, lo que exigirá cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades". En opinión del think tank, tras varios meses de negociaciones, las grandes líneas de la fase final de la reforma de las pensiones se han concretado en un pacto entre los dos partidos de la coalición de gobierno que cuenta con el apoyo de los sindicatos, pero no de la patronal, y con la aquiescencia de la Comisión Europea a la espera de las proyecciones del próximo Ageing Report.
En opinión del think tank, tras varios meses de negociaciones, las grandes líneas de la fase final de la reforma de las pensiones se han concretado en un pacto entre los dos partidos de la coalición de gobierno que cuenta con el apoyo de los sindicatos, pero no de la patronal, y con la aquiescencia de la Comisión Europea a la espera de las proyecciones del próximo Ageing Report. Fedea explica, y opina, sobre las principales medidas acordadas, alertando en todo momento que se trata de un balance provisional:
Procedimiento “dual” de cálculo de la pensión inicial: Se permitirá al trabajador escoger entre el sistema actual, en el que la base reguladora de la pensión se calcula como una media de los salarios actualizados por inflación de los últimos 25 años de actividad, y un cálculo alternativo en el que el período de cómputo se amplía hasta los 29 años, pero se descartan los 24 meses con menor base de cotización actualizada.
Endurecimiento del MEI: subida escalonada de la cotización extraordinaria ligada al MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), desde 0,6% 1,2 puntos porcentuales, que se mantendrá al menos hasta 2050 en vez de sólo durante los diez años inicialmente previstos. Cabe recordar que la Comisión Europea ha exigido al Gobierno español que aumentase el periodo.
“Destope” de las cotizaciones: subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, acompañada de la cuasi-congelación de las pensiones máximas. La base máxima de cotización aumentará en términos reales (esto es, tras ajustarla por la inflación) a una tasa anual del 1,2%, mientras que la pensión máxima lo hará al 0,115%. Esto supondrá en 2050 un incremento acumulado del 38% para la base máxima de cotización y del 3,15% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.
Nueva cuota de solidaridad: gravará la parte de los salarios que exceda la base máxima de cotización a un tipo que irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el 6%. Según los cálculos preliminares realizados por Fedea, al valor actual del euro, la medida supondrá un incremento de 1.540 millones de euros cuando la medida esté totalmente desplegada.
Subida de las pensiones mínimas contributivas y asistenciales: para ligarlas a la renta mediana y al umbral de pobreza, respectivamente, y ciertas mejoras en la cobertura de lagunas y el complemento de brecha de género.
El análisis, realizado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, considera que las principales medidas adoptadas en la primera fase de la reforma de pensiones (la indexación de las pensiones al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad) generarán un fuerte incremento del gasto en pensiones durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones. De acuerdo con las estimaciones del propio Gobierno, el incremento del gasto en pensiones (y por tanto del déficit ordinario del sistema contributivo) generado por estas medidas se situará en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050.
Claramente insuficientes
La teoría es que esta segunda parte de la reforma tendría que servir para compensar el grueso de este incremento del gasto, asegurando la viabilidad del sistema de pensiones. Pero De la Fuente concluye que en la práctica, las medidas conocidas este viernes son “claramente insuficientes”. Sobre el procedimiento “dual” de cálculo de la pensión inicial, el autor considera que “no sólo se renuncia en la práctica a cualquier ahorro, sino que se aumentará el gasto pues sólo optarán por el período de cómputo más largo aquellos que con él percibirán una pensión más alta”. En cuanto a las medidas de ingreso, entiende que tendrán “impacto muy limitado, en buena parte porque se concentran en un segmento muy reducido de la masa salarial, el que corresponde a aquella parte de los salarios que se sitúa por encima de la actual base máxima de cotización, que sólo supone un 2,6% del PIB y un 5,3% de las rentas totales del trabajo”.
Una vez desplegado en 2050 el destope, la recaudación crecerá en 0,15 puntos de PIB y la introducción de la cuota de solidaridad en 0,13 puntos adicionales. La subida de los tipos de cotización en 1,2 puntos porcentuales ligada al MEI, por su parte, aportará otros 0,40 puntos, elevando la ganancia de ingresos hasta 0,68 puntos de PIB, una quinta parte de lo que sería necesario para compensar el incremento esperado del gasto.
Para valorar el impacto presupuestario neto del conjunto de las reformas en curso habría que considerar también el impacto de la reforma del sistema de cotización de los autónomos y de la introducción de incentivos para la prolongación de la vida laboral. Reconociendo la dificultad de estimar con precisión sus efectos, el autor considera muy dudoso que estas medidas generen ahorros netos significativos a largo plazo.