El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que mañana, viernes, se ha convocado una reunión de la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para abordar la reforma de las pensiones. "Eso ha de entenderse como que estamos prácticamente llegando a un acuerdo", ha señalado Escrivá durante su intervención en el III Observatorio de las Finanzas organizado por El Español e Invertia. "Hemos tenido una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea", ha añadido. El último bloque de la reforma de las pensiones, que incluye el destope de las cotizaciones máximas y el periodo de cómputo entre otros aspectos, forma parte de los hitos comprometidos con Bruselas para los fondos europeos y que debían haberse alcanzado al cierre del año pasado.
Las negociaciones estaban paradas desde que en el mes de diciembre el Ministerio que dirige Escrivá remitiese una propuesta a los agentes sociales que fue rechaza tanto por los empresarios como por los sindicatos. La CEOE y la patronal Cepyme han mostrado su oposición a la medida propuesta por el Gobierno de ampliar las bases de cotización máximas en un 30% de aquí a 2032. Sin embargo, el incremento de la pensión máxima será mucho más reducida, lo que ha sido criticado entre otros por Fedea, que considera que se trata de un "impuesto encubierto", ya que el aumento de la cotización no beneficiará a los trabajadores con salarios por encima de la cotización máxima. Los empresarios, además, critican el incremento del coste que supondrá para las empresas destopar las cotizaciones de los empleados que más cobra y recuerdan que este año ya han tenido que hacer frente al incremento de medio punto en las cotizaciones por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 28 años
Los sindicatos sí apoyan la medida del destope, incluso abogan por que no se limite a un incremento del 30%, sino que sea total. Es decir, que se cotice por el salario íntegro de los trabajadores con mayor rango salarial. Sin embargo, se han opuesto a la otra gran medida que se negocia en el segundo paquete de la reforma de las pensiones: el aumento del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, desde los actuales 25 años hasta 30 años, aunque Escrivá ha ofrecido que se descuenten los dos años con las menores bases de cotización. El ministro siempre ha alegado que se trata de un compromiso adquirido con Bruselas que debe dar cumplimiento.
CCOO y UGT, ante la supuesta exigencia de Bruselas, han optado por delegar la decisión al arco parlamentario, alegando que de poco serviría alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social si luego no va a concitar la mayoría necesaria para el trámite parlamentario. En contra de la ampliación del periodo de cálculo de la pensión también están los socios parlamentarios del Gobierno, incluido Unidas Podemos. Todos ellos reclaman conocer el coste exacto de la medida de ampliar el cálculo de la pensión.
Tres frentes abiertos
La negociación de la reforma laboral se está dirimiendo, en estos momento, en tres ámbitos diferentes. Por un lado con la Comisión Europea que había pedido un mayor periodo, al menos hasta 2050, para la aplicación del MEI que, según se aprobó en la primera fase de la reforma laboral, se revisaría en 2032. Aunque también debía cerrar una acuerdo con Bruselas respecto a la ampliación del periodo de cálculo. Un segundo ámbito es el parlamentario, que según fuentes de distintos grupos parlamentarios de los afines al Gobierno, sigue bloqueado. Y el tercero es con los agentes sociales que debería avanzar en la reunión de este viernes.
Esta mañana, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que, junto al periodo de cómputo, hay varios temas que el sindicato ha planteado como los años mínimos necesarios para poder acceder a la pensión o el tratamiento de las lagunas de cotización. "No hemos puesto líneas rojas (...) El Gobierno sabe en qué contexto podría contar con nuestro apoyo", ha deslizado Álvarez. Por otro lado, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha pedido esta mañana al Gobierno que convocara, ya que "el peor escenario es no conseguir esa reforma". "Los tiempos van ajustados y hay que desbloquear", ha apuntado Bravo.