Redes organizadas aprovechan los vacíos legales y la lentitud de la justicia para ocupar viviendas de lujo. No se trata de personas en situación de vulnerabilidad, sino de grupos organizados que siguen una “estrategia deliberada” para instalarse en propiedades de alto standing. Este fenómeno se da, especialmente, en Catalunya, Madrid y la Comunidad Valenciana.
“La vivienda vacía, especialmente la de alto valor, se ha convertido en un objetivo para quienes conocen bien los vacíos legales”, indica Sandra Aurrecoechea Ríos, abogada especialista en derecho inmobiliario y socia de Marín & Mateo Abogados. Precisa que, en este caso, “ya no hablamos de familias vulnerables, sino de grupos que ocupan deliberadamente propiedades de alto valor sabiendo que el sistema tarda meses en responder”. Se les conoce por “okupas de lujo”.
La legislación española distingue entre allanamiento de morada y usurpación de inmueble, una diferencia que puede acelerar o retrasar la recuperación de la vivienda. “Si la ocupación afecta a una vivienda habitual o segunda residencia y se denuncia en menos de 48 horas, la policía puede actuar de inmediato. Pero si el inmueble está vacío, la intervención judicial es obligatoria y los plazos se alargan”, señala esta abogada.
Existen datos oficiales sobre ocupaciones, aunque no están desglosados por tipo de vivienda, de manera que no precisan el valor que podrían tener en el mercado. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, correspondientes a abril de 2025, Catalunya continúa siendo la más afectada por la ocupación ilegal, con 6.300 denuncias, el 38% del total estatal. A continuación sigue Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con cifras que oscilan entre las 1.400 y 3.000 denuncias anuales. Las estadísticas oficiales recogen denuncias por usurpación de inmueble y allanamiento de morada, sin distinguir el tipo de vivienda.
Aunque no existan datos oficiales que desglosen las ocupaciones en viviendas de lujo, los expertos apuntan que las zonas con mayor concentración de segundas residencias y turismo residencial de alto nivel son las más vulnerables a este fenómeno.
La Ley 5/2018, conocida como “ley de desahucio exprés”, pretendía agilizar la recuperación de viviendas ocupadas mediante un procedimiento civil más rápido. Sin embargo, esta experta lamenta que su impacto ha sido limitado. “El marco legal español sigue ofreciendo una protección desproporcionada al ocupante frente al titular legítimo”, advierte Aurrecoechea.
Esta abogada subraya que la reacción del propietario debe ser rápida, pero siempre dentro de la legalidad. “Cada hora cuenta, pero cada paso debe darse correctamente. Cortar suministros o cambiar cerraduras puede considerarse delito de coacciones. Solo la autoridad judicial o la policía pueden ordenar un desalojo”.
Viviendas ocupadas en venta
Un estudio de Idealista, difundido en octubre pasado, aporta datos sobre viviendas ocupadas en venta, aunque tampoco desglosa por tipos o precios. Según este estudio, Catalunya lidera en destacado esta clasificación, con el 39% de todas las viviendas ocupadas que están en venta en España. A distancia, le siguen Andalucía (22%) y la Comunidad Valenciana (11%).