El mercado inmobiliario se encuentra inmerso en una realidad compleja y bifronte, marcada por la paradoja de la escasez de vivienda y la coexistencia con un fenómeno creciente de ocupaciones. Un estudio de Idealista, con datos referentes al tercer trimestre del año, ilumina con cifras contundentes esta problemática, revelando una distribución geográfica profundamente desigual que sitúa a Catalunya a la cabeza de una lista poco envidiable. Los datos son elocuentes: Catalunya concentra, por sí sola, el 39% de todas las viviendas ocupadas que están en venta en España.

Esta cifra, que supera con creces la media estatal, no solo refleja una situación crítica, sino que evidencia la magnitud del reto social y jurídico al que se enfrenta la sociedad catalana. A gran distancia, pero también con valores significativos, se sitúan las comunidades de Andalucía (22%) y la Comunidad Valenciana (11%). Esta concentración en regiones de la costa y altamente turísticas sugiere una relación directa entre la presión turística, la inflación de los precios de alquiler y venta, y la vulnerabilidad ante las ocupaciones.

La provincia de Girona se erige en la capital con el fenómeno más acusado de toda España, con un 8,9% de las viviendas en venta ocupadas. Esta cifra, que casi triplica la media española (del 3%), es un síntoma de las tensiones específicas que sufre el mercado inmobiliario. Su compañera, Tarragona, le sigue de cerca con un 8,8%, consolidando así la costa catalana como el epicentro del conflicto. Dentro de Catalunya, las capitales restantes presentan porcentajes elevados, pero ligeramente inferiores: Lleida (5,7%) y Barcelona (3,7%). No obstante, la relativa moderación del porcentaje en Barcelona se ve contrapesada por su inmenso tamaño en términos absolutos, como se detallará a continuación.

Aquí radica una de las claves para entender la verdadera magnitud del problema. Mientras Girona y Tarragona presentan los peores porcentajes, la demarcación de Barcelona es la que acumula el mayor número de ocupaciones en cifras absolutas, con un total de 6.587 viviendas. Esta disparidad ilustra cómo una provincia con un mercado inmobiliario mucho más extenso puede tener un porcentaje relativo menor, pero un impacto social y económico absolutamente colosal. Barcelona representa, por sí sola, casi un tercio de todos los casos en el Estado.

A nivel estatal, después de Barcelona, las provincias con más casos en términos absolutos son Madrid (1.542) y Murcia (1.395), seguidas de Alicante (1.265), Málaga (1.254), Sevilla (1.222), Girona (1.101) y Tarragona (1.001). Todas ellas superan la barrera psicológica del millar de casos, configurando un mapa de alta incidencia. Si ampliamos el foco a todo el Estado, el estudio de Idealista cuantifica en 23.010 el número de anuncios de viviendas a la venta que reconocen tener ocupantes ilegítimos.

Esta cifra global esconde realidades locales extremas. En un extremo de la balanza, Soria se presenta como la única provincia donde no se registra ningún caso de este tipo. En el otro, capitales como León (0,2%), o Salamanca, Guadalajara y Segovia (todas con un 0,4%), muestran un fenómeno casi testimonial, lo cual indica que se trata de un problema ligado a dinámicas socioeconómicas y de mercado muy específicas.

Más allá de las estadísticas, el informe recoge la voz de los propietarios a través del portavoz de Idealista, Francisco Irañeta. Este ha destacado el enorme descalabro personal y financiero que supone para los ciudadanos afectados. "A pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación, el número de propietarios hartos que se toman una intervención de la justicia es muy relevante", señaló. Irañeta fue más allá para cuantificar el drama económico: esta situación "obliga a los propietarios a vender a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real del mercado".

Esta pérdida de valor, sumada a los costes legales y a los trastornos personales, pinta un cuadro desolador para miles de familias y pequeños inversores. El llamamiento del portavoz es claro y directo a los poderes públicos. "Son necesarias políticas que reviertan la recuperación de su vivienda", considera Irañeta. Los datos presentados no solo describen una situación estadística, sino que delinean un reto social de primera magnitud. Catalunya, y especialmente sus provincias de Girona y Tarragona, se encuentran en el punto de mira de un fenómeno que combina vulnerabilidad residencial, tensiones del mercado y vacíos legales.

La concentración del problema en estas áreas exige análisis más profundos y, sobre todo, soluciones políticas y jurídicas ágiles y efectivas que puedan equilibrar la protección del derecho a la vivienda con la seguridad jurídica y la propiedad privada, evitando que miles de ciudadanos se vean abocados a asumir pérdidas económicas catastróficas.